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| 9/13/2008 12:00:00 AM

Declaratoria de guerra

Luego de que 20 congresistas han renunciado para evitar ser investigados por la Corte y dejar sus casos en la Fiscalía, el alto tribunal está decidido a cerrarles la puerta y a no dejar salir más.

La noticia que se avecina en la Corte Suprema de Justicia confirmará que el país está lejos de asistir a una reconciliación entre los poderes. El alto tribunal se dispone a echar para atrás un fallo de 2006, proferido por el mismo tribunal, que permitió a los congresistas investigados por la para-política renunciar para ser procesados por la Fiscalía General de la Nación.

La razón que los parlamentarios han esgrimido para explicar su renuncia es que en la Fiscalía tienen una doble instancia de juzgamiento (el fiscal y el juez), mientras que en la Corte sólo hay una. Sin embargo, algunos observadores consideran que quienes dimiten lo que buscan es una mano más blanda a la hora de juzgarlos.

En la sala penal del alto tribunal se abrió la discusión sobre las renuncias de los para-políticos desde el año pasado, cuando, tras el cambio de cuatro de los nueve magistrados de la sala, algunos de los recién llegados consideraron que la anterior decisión estaba equivocada. Sin embargo, dejaron morir el debate en octubre sin mayor acuerdo.

Es posible que las polémicas decisiones que ha tomado la Fiscalía sobre los para-políticos y el aumento de congresistas que acuden a la fórmula de dejar la curul haya hecho que se reabriera la discusión la semana pasada. Si bien aún no se ha tomado la decisión, SEMANA estableció que la Corte, pese al precio que tendrá que pagar ante la opinión, se dará el lapo de corregir lo que considera un error y decidirá que la renuncia de los parlamentarios no los eximirá de ser juzgados por ella.

No es fácil de entender que un tribunal tome una decisión y luego la cambie. Y menos para el gobierno que ha manifestado públicamente que la Corte produce fallos “más políticos que jurídicos”. La suspicacia cabe si se mira desde esa perspectiva, pues con esta decisión, la Corte vuelve a tener el control de los procesos de todos los congresistas investigados.

Pero más allá de la contradicción de la Corte, los magistrados tienen argumentos constitucionales que consideran tan contundentes que no le temen a la tormenta. El primero de ellos tiene que ver con la competencia constitucional que tiene la Corte para investigar a los magistrados y a la cual no se puede renunciar libremente. El ex magistrado de la Corte Constitucional y hoy decano de Derecho de la Universidad de los Andes, Eduardo Cifuentes, explica que se trata de una “garantía institucional para asegurar la separación de poderes y de mantener el sistema de pesos y contrapesos que hace parte de la esencia de una democracia”.

En términos simples de lo que se trata la postura de la Corte es de respetar la jerarquía entre los poderes y de que se juzgue entre iguales. “Un congresista no puede ser juzgado por un juez, ni por un fiscal cualquiera”, asegura un constitucionalista consultado por SEMANA. En últimas, se trata de volver a la esencia del articulo 186 de la Constitución que dice que “de los delitos que cometan los congresistas conocerá de forma privativa la Corte Suprema de Justicia única autoridad que podrá ordenar su detención”.

Si bien ya hay consenso en la sala penal para retomar el camino desviado en 2006, lo que se está discutiendo es el alcance de la decisión. Están estudiando si hacen devolver a la Corte todos los procesos de congresistas que están en la Fiscalía o si también incluyen los que están en juicio o en apelación.

En los dos escenarios, el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, a quien le precluyeron la investigación y no tiene apelación posible, es el único exento de volver a la Corte.
En caso de que decidan sólo retomar los casos que están en manos de la Fiscalía, también quedarían exentos el ex senador Álvaro Araújo, que está en juicio, y Jairo Merlano y William Montes, que están en apelación.

El caso que más llamará la atención será el del senador Mario Uribe Escobar, que quedó en libertad después de un fallo del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, que de cierta manera se vio cuestionado cuando el fiscal de primera instancia dio a conocer pruebas que comprometían al congresista con los paramilitares. En cualquiera de los casos el senador, pariente del Presidente, volverá a manos de la Corte.

El cambio de jurisprudencia del mismo tribunal puede provocar una serie de demandas que le complicarán el camino a los procesos. Y así sea conveniente para el país enderezar el rumbo, será sin duda tomado por el Congreso como una afrenta. Con la sensibilidad que ha mostrado el gobierno frente a la Corte, esta será sin duda una nueva declaratoria de guerra.
 
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