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| 2/9/2003 12:00:00 AM

"Decreto la conmoción humanitaria"

En diálogo con SEMANA el defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, habló de las Farc, Carlos Castaño, el conflicto en Arauca y la Corte Penal Internacional.

La semana pasada ocurrieron varios hechos significativos: se creó una comisión para explorar la posibilidad de un intercambio humanitario; la ONU propuso diálogos regionales para Arauca; Carlos Castaño dijo que los paramilitares necesitarían una zona de concentración para sus hombres como un paso hacia la desmovilización y Colombia retiró su candidato ante la Corte Penal Internacional. Eduardo Cifuentes, actual defensor del pueblo, habló con SEMANA sobre estos temas.

SEMANA: El gobierno creó una comisión para explorar el intercambio humanitario de secuestrados. ¿Cree que este reversazo en la política del presidente Uribe facilitará la liberación de los demás plagiados?

Eduardo Cifuentes: Yo había solicitado al gobierno que así como había conformado una comisión exploratoria para buscar una negociación con las autodefensas hiciera lo mismo con las Farc para buscar la liberación de los secuestrados. Es importante que se hayan oficializado los voceros para que la guerrilla entienda con quién pueden establecer acercamientos.

SEMANA: ¿Cómo sería un acuerdo aceptable?

E.C.: Las Farc deben asumir el respeto del Derecho Internacional Humanitario y dar pasos para liberar a todos los secuestrados. Pueden comenzar por las personas por las que no están pidiendo un requerimiento económico pero deben liberarlas a todas, porque no hay razón para distinguir entre una y otra persona secuestrada.

SEMANA: ¿Qué opina de la propuesta que hizo Carlos Castaño de despejar una zona para concentrar a sus hombres con miras a una desmovilización?

E.C.: Estas zonas son necesarias para lograr una negociación. Pero su utilidad depende de que se pacten ciertas condiciones: que se concentren todos los que se van a desmovilizar, que sea una zona delimitada y pequeña, que no se alteren las condiciones de vida civil del lugar, que el Estado mantenga su presencia, que el grupo armado asuma plenamente el respeto al DIH y que organizaciones nacionales e internacionales asuman una veeduría al proceso. Si todo esto se hace, el proceso avanza.

SEMANA: ¿Le ve futuro?

E.C.: Es un proceso necesario y conveniente. Pero debe ser conducido con inteligencia y cautela para evitar que se convierta en un obstáculo a la paz en el futuro. Debe ser un proceso breve, para que no parezca una tregua con un grupo que debe ser enfrentado. Los desmovilizados no deben ser reinsertados como soldados campesinos ni cooperantes y los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados. Si se cumplen estas condiciones se habrá removido el principal obstáculo para la paz. Y las Farc y el ELN no tendrían excusa para no negociar.

SEMANA: ¿Qué tanto han cumplido las AUC su anunciado cese de hostilidades?

E.C.: Después de su declaración de cese de hostilidades se han seguido registrando asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y otras violaciones del DIH.

SEMANA: ¿Los combates de la semana pasada en el Putumayo significan que las Farc están tratando de arrebatarles ese territorio a las AUC?

E.C.: Esos enfrentamientos en El Tigre, en Puerto Hormiga, se generaron a raíz de una acción ofensiva de las Farc contra las autodefensas. Se dice que las autodefensas están dejando el Bajo Putumayo. Sin embargo en el Alto Putumayo continúan los enfrentamientos. También van a seguir en Arauca y Urabá donde existe una disputa territorial. El Estado no puede permanecer impasible frente a los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales porque es la población civil la que puede convertirse en blanco de estas acciones.

SEMANA: ¿Fue eso lo que sucedió en Bojayá y por lo cual usted demandó a la Nación?

E.C.: No. En Bojayá se trató de la omisión de una acción que el Estado debía realizar en atención a alertas de la Defensoría que fueron debidamente notificadas a las autoridades para que evitaran los delitos contra la población civil inerme. El Estado tenía la responsabilidad de proteger a la población, independientemente de la responsabilidad penal que les cabe a las Farc y a las autodefensas por el crimen que cometieron.

SEMANA: En un editorial del diario 'El Mundo' lo acusaron de politiquero por haber interpuesto esa demanda.

E.C.: Eso no es hacer política. Es defender los derechos humanos, que es lo que me ordena la ley.

SEMANA: ¿Si el Ejército vuelve a retirar sus tropas del casco urbano de Saravena como lo hizo el jueves pasado durante 20 horas podrían sufrir una demanda suya similar a la de Bojayá?

E.C.: No se puede repetir el error en que incurrió el Estado en Barbacoas, en la costa Pacífica nariñense cuando ingresó al pueblo, ofreció condiciones de seguridad a la población, desplazó a la guerrilla y luego abandonó el territorio dejándolo a cargo de muy pocos policías, con lo cual permitió que regresara la guerrilla y realizara un ajuste de cuentas contra la población civil. El Estado tiene que consolidar sus victorias con una permanencia permanente. Si el Ejército abandona Arauca, Arauquita o Saravena, los actores armados van a llenar ese vacío convirtiendo a la población civil en víctimas de sus atrocidades.

SEMANA: Hablando de las zonas de rehabilitación, ¿ha recibido la Defensoría quejas de abusos por parte de la Fuerza Pública en esos municipios?

E.C.: Sí, se han incrementado las quejas sobre abusos de la Fuerza Pública lo que ha llevado a que la Defensoría refuerce su presencia allí.

SEMANA: ¿Y qué opina de la propuesta del delegado de la ONU para los derechos humanos de adelantar diálogos regionales en Arauca?

E.C.: Creo que es la salida más humanitaria ante la barbarie y la violación sistemática de los derechos humanos en Arauca. Aunque la intensa disputa por el control territorial en Arauca no permite anticipar que esta propuesta vaya a ser acogida.

SEMANA: Cambiando de tema, ¿qué significa para Colombia la reciente derrota del candidato del gobierno Rafael Nieto Navia como juez para la Corte Penal Internacional?

E.C.: Rafael Nieto Navia es un jurista internacional muy destacado con amplia experiencia en derechos humanos. Es una lástima que Colombia no tuviera la oportunidad de tener un magistrado en la Corte Penal Internacional, cuyos primeros casos seguramente tendrán que ver con los graves delitos de lesa humanidad que aquí se han cometido.

SEMANA: ¿Cree que la carta de protesta enviada por las ONG de derechos humanos que se opusieron a la candidatura de Nieto Navia y que lo favorecían a usted tuvieron algo que ver?

E.C.: Lo ignoro. Yo creo que el doctor Nieto era un buen candidato.

SEMANA: Estas mismas ONG han denunciado las capturas recientes de líderes sociales y miembros de organizaciones como Redepaz. ¿Cree usted que hay una cacería de brujas contra la izquierda?

E.C.: Muchos defensores de derechos humanos enfrentan amenazas. De acuerdo con las quejas que yo directamente he recibido éstas provienen en su mayoría de las autodefensas o de lo que en lenguaje ambiguo se denominan "las fuerzas oscuras". Muchos han tenido que abandonar el país, otros han sido asesinados. Si existiera la figura de la conmoción humanitaria en la Constitución estarían dadas las condiciones para decretarla. Si adicionalmente estos procesos penales carecen de suficientes pruebas la situación sería todavía mucho más grave. Por eso hay que esperar a que la función judicial se ciña a derecho.

SEMANA: ¿Se han incrementado las amenazas a los defensores de derechos humanos durante este gobierno?

E.C.: Sí, y se han extendido a los voceros más visibles de los sectores democráticos de izquierda o que representan la oposición.

SEMANA: Hablando de la oposición, ¿qué opina del fallo del Consejo Nacional Electoral favorable a los que promueven la abstención frente al referendo?

E.C.: Es claro que tanto el sí, como el no, como la abstención son posiciones legítimas. Por eso me parece ceñida a derecho la reciente posición del Consejo Electoral.

SEMANA: Para terminar, ¿cuál es la principal preocupación suya hoy como Defensor?

E.C.: Los delitos que se cometen contra la población civil. Y la pobreza en el campo, que afecta al 80 por ciento de la población rural. Muy pronto el campesino será un recuerdo del pasado y eso debería conmover a los colombianos. A la apertura que fue inclemente con ellos, al conflicto armado que ha sembrado desolación y muerte agréguele la pobreza y tenemos una conmoción social en el campo. He decretado dos conmociones, la humanitaria y la social. Estos son los desafíos de este gobierno y del país.
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