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| 5/31/2017 7:12:00 AM

El revolcón de la paz llega a la Justicia

Dentro de los decretos presidenciales para implementar el Acuerdo Final hay determinaciones que alcanzan a la Fiscalía, la Corte Constitucional y a los jueces. ¿Cuáles son y qué alcance tienen las leyes que involucran la rama judicial en la paz?

En su último día con poder excepcional para expedir decretos con fuerza de ley para la paz negociada, el presidente Santos emitió una auténtica cascada de órdenes. Se trata de 25 nuevos decretos, que se suman a nueve expedidos meses atrás, y que buscan hacer realidad los compromisos que asumió el Estado al firmar la paz con las Farc. Un paquete significativo de los decretos ley que acaba de firmar el presidente tocan distintas instancias de la justicia. Con estos el Gobierno ajusta clavijas en dependencias que van mucho más allá del Ministerio de Justicia, y le envía un mensaje de compromiso a la rama judicial: la paz es asunto de todos.

Uno de esos decretos reestructura la Fiscalía de un plumazo. Se trata del 898, por el cual se crea dentro del ente investigador la Unidad Especial de Investigaciones para el desmantelamiento de organizaciones criminales. La unidad tendrá por misión esencial impedir que el acuerdo de paz con las Farc arroje un saldo sangriento como ocurrió con la Unión Patriótica entre los años 1984 y 1993, cuando 540 miembros de ese movimiento político fueron asesinados, un genocidio que representa el 40 por ciento del total de la violencia política y 60 por ciento de las víctimas mortales que dejó el conflicto en esos años.

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El decreto que crea la nueva unidad, determina su misión y estructura, realmente es un nuevo intento por implementar este compromiso. Tras concluir las negociaciones de La Habana, el Gobierno y las Farc regresaron al país con ese punto definido, entre otros muchos. El propio fiscal general Néstor Humberto Martínez, en agosto de 2016 creó la unidad y un mes después posesionó a Alexandra Valencia como directora para un periodo de seis años. Pero la iniciativa se enredó cuando el No triunfó en el plebiscito dejando en jaque el Acuerdo de Paz, lo que obligó a hacer ajustes al acuerdo.

Entre tanto, Valencia, exmagistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, quedó en un limbo pues nunca logró acoplarse a la administración Martínez, se dijo que su nombre había sido impuesto desde La Habana y que dentro de la renegociación también estaba su nombramiento. Finalmente la togada terminó regresando a su cargo en el Tribunal y el fiscal nombró a una directora de su confianza en encargo.

Esto último fue rechazado por las Farc. Los negociadores de esa guerrilla siempre han pedido que la unidad tenga real independencia y cuestionan que la Fiscalía se esté tomando en serio la misión de proteger a sus integrantes y simpatizantes, pues el ente acusador se ha negado a admitir el fenómeno de crímenes sistemático contra líderes sociales.

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En medio de este tire y afloje, entre las peticiones de las Farc y la unidad empantanada en el búnker, aparece el decreto ley que no solo la crea con una orden con fuerza de ley, sino que además define cómo se nombrará al director de la misma, cuánto personal tendrá y sus alcances.

El decreto, de 41 páginas, señala que la unidad estará adscrita al Despacho del fiscal general pero el jefe de la misma no será nombramiento directo de Martínez. El fiscal tendrá que escoger director de una terna que le envíe el Comité de Escogencia, integrado por dos colombianos y tres juristas internacionales, y el cual también tiene la tarea de seleccionar a los magistrados que impartirán justicia en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), así como a otros directivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que creó el acuerdo. La orden presidencial prevee que el periodo de quien ocupe la dirección de la unidad será de cuatro años y que ante su ausencia definitiva o terminación del periodo le corresponderá a los magistrados de la JEP formular una nueva terna para que de esta escoja el fiscal general.

La unidad estará conformada por 16 fiscales de bajo, mediano y alto rango, además de 50 funcionarios de Policía judicial “con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional”. También se prevee el nombramiento de otros 30 funcionarios que ocuparán cargos adminsitrativos y logísticos en la nueva estructura. Otro punto clave que revela algo más de la relativa independencia de la unidad tiene que ver con la escogencia de los fiscales que la integrarán. Al respecto, el decreto sostiene que los servidores públicos de la unidad serán nombrados por el fiscal general pero de nombres que le presente el o la directora de la unidad.

El mandato expreso que recibe la nueva unidad es la de investigar, perseguir y acusar a las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática contra personas que participen en la implementación de los acuerdos de paz “incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

La corte y los jueces al bus de la paz

En la cascada de órdenes con fuerza de ley también hay una dirigida a la Corte Constitucional. Se trata del decreto 889 que contempla apenas un artículo, el cual habilita al máximo tribunal para que, si la mayoría de sus integrantes está de acuerdo, pueda suspender los términos de los procesos ordinarios que estén en estudio a fin de priorizar el análisis constitucional de los actos legislativos especiales para la paz, es decir los tramitados vía fast track en el Congreso. Con este instrumento el gobierno busca agilizar la revisión que debe hacer la corte de los proyectos a fin de que estos queden pronto en firme con el chulo del tribunal constitucional. El ejecutivo le “compró” esta idea a sectores académicos y algunas ONG que siguen con preocupación la implementación de los acuerdos y que ante el lento proceso de revisión legal propusieron que la corte tuviera la opción de dejar de lado su trabajo ordinario para enfocarse con prioridad en los actos legislativos de la paz. La idea original de los académicos y expertos incluía también que el gobierno asignara rubros adicionales a la corte para agilizar su trabajo, pero el decreto no dice ni una palabra sobre más plata.

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Habrá que ver si la corte decide cogerle la caña al Gobierno y enfocarse exclusivamente en los proyectos de la paz. De cualquier forma, con el decreto el presidente Santos está repitiendo que la reconciliación trasciende a su gobierno y está invitando a la corte a montarse al bus de la paz. Hace 15 días cuando la corte decidió moderar los alcances del fast track en el Congreso, el país entró en una gran polémica entre quienes cuestionaron a los magistrados y quienes los felicitaron por su determinación, así que ya sea que el tribunal tome o deje a un lado la opción que le abre el decreto, no hay duda que sea cual sea la decisión, la polémica se encenderá nuevamente.

Otro decreto, el 900, ordena congelar la órdenes de captura que existan y las que hayan de expedirse contra los integrantes de las Farc acreditados como tales y que se encuentren concentrados en las hoy llamadas zonas veredales transitorias y zonas de ubicación temporal.

Así mismo las órdenes de captura contra los integrantes reconocidos de las Farc que estén en tránsito hacia las señaladas zonas. “Dicha suspensión se mantendrá hasta que la situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial de Paz, una vez entre en funcionamiento”. Este decreto también bloquea las órdenes de captura con fines de extradición. Así que fiscales y jueces deberán emitir los actos legales correspondientes para meter en el congelador las capturas que hay en ciernes contra guerrilleros de las Farc.

Cabe recordar que el gobierno ya había producido, semanas atrás, la Ley de Amnistía (o cesación de la acción penal cuando se trata de miembros de la fuerza pública) y que miles de insurgentes con procesos relacionados apenas con delitos políticos podrán resolver su situación jurídica amparados en la amnistía o el indulto para aquellos que ya tengan condenas por conductas que jurídicamente no revisten mayor gravedad. Así mismo, en otro decreto el Gobierno, reglamentó el habeas corpus como una opción válida a la que pueden recurrir insurgentes o agentes del Estado a los que los jueces de penas no les resuelvan en el tiempo reglamentario.

Al menos una decena de decretos ley –entre los nuevos y los expedidos semanas atrás– atañen directamente a instancias de la rama judicial. Y seguramente serán más, pues aún faltan algunos proyectos legislativos que tendrán repercusión en la Justicia (por ejemplo, la Ley estatutaria de la JEP). En síntesis, el mensaje en forma de orden presidencial es que la paz no es posible sin el concurso de la rama judicial. Si la negociación fue un proceso enteramente discrecional del Gobierno, la implementación de lo acordado es resposabilidad del Estado entero.

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