Defensor: "Funcionarios que manejen embriagados deberían perder su trabajo"

Otálora aseguró que el problema de quienes infringen la ley al manejar en estado de alicoramiento "es un problema nacional para el Estado", y agregó que la solución no es la cárcel.

El defensor del Pueblo propuso políticas preventivas para luego aplicar medidas represivas y su argumento apunta a que si se le da cárcel a todos los borrachos, el hacinamiento aumentará considerablemente. Una idea que planteó en el Congreso es que los funcionarios que sean sorprendidos manejando en estado de embriaguez pierdan su puesto. Y si se trata de un empleado particular, el empleador particular debería tener esa misma potestad. "Si el infractor reincide, entramos a revisar el tema de la prisión", afirmó Otálora.

Otro tema que preocupa a la Defensoría son las demandas contra el Estado de personas que son detenidas preventivamente y luego recuperan su libertad porque no son condenadas. "El Estado pierde entre 20 billones y 30 billones por errores de la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura".

Otras asuntos que mencionó Jorge Armando Otálora son la alerta temprana sobre el reclutamiento de menores en el Guaviare y la imagen de la Defensoría 20 años después de su creación en la Constitución de 1991.