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| 4/9/2001 12:00:00 AM

Defensores indefensos

Las organizaciones y los defensores de derechos humanos se han convertido en uno de los principales blancos de la guerra en Barrancabermeja.

El jueves de la semana pasada Leila Lima, de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y Els Kocken, del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se quedaron con las ganas de estrechar la mano de las representantes de la Organización Popular Femenina (OFP) en un evento programado para conmemorar el día de la mujer. Ellas no pudieron salir de Barrancabermeja, el puerto petrolero santandereano sobre el río Magdalena, por las reiteradas amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No pudieron repetir en Bogotá lo que han dicho en tantas ocasiones a quienes han querido escucharlas: "Esta es una guerra definida por hombres, hecha por hombres. Algunas mujeres han entrado en ella por opción o por afecto". Ese día de celebración, para evitar cualquier acción en su contra, tuvieron que resguardarse y ser acompañadas por una oficial de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las intimidaciones en su contra son serias, aun para Barrancabermeja, donde sobrevivir no es ningún juego. El año pasado, según la Defensoría del Pueblo, se presentaron en esta ciudad ribereña 539 muertes violentas, 14 vehículos fueron incinerados, se llevaron a cabo 12 atentados terroristas, hubo 11 hostigamientos a la Fuerza Pública y fueron activados cinco artefactos explosivos. Y la guerra no para. En los primeros 45 días de este año el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía ha hecho el levantamiento de 145 cadáveres de personas asesinadas por los paramilitares. La mayoría de los muertos fueron señalados por los hombres de Castaño de pertenecer, auxiliar, simpatizar o vivir cerca de miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Contra esta barbarie se han levantado muy pocas voces y las que lo han hecho, como las de la OFP y otras organizaciones no gubernamentales (ONG), han sido silenciadas por la fuerza u obligadas a irse al exilio. El pasado 28 de febrero la oficina regional de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) tuvo que ser cerrada en forma temporal para garantizar la seguridad de sus miembros. Un voluntario sueco perteneciente a Peace Brigades International (PBI), una ONG que brinda servicios de observación y acompañamiento a los trabajadores de derechos humanos en zonas de conflicto, fue declarado objetivo militar por los paramilitares. Esta misma organización también puso en su mira desde comienzos de año a Iván Madero Vergel, miembro de la junta directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). En este caso en particular es preocupante que las autoridades públicas de la región le hayan manifestado a la Defensoría del Pueblo que frente a las amenazas y hostigamientos contra Credhos "se declaran impotentes frente a su manejo, tanto desde el punto de vista de su prevención como de su capacidad operativa de reacción para contrarrestarlo".

Ante lo delicado de esta situación Eduardo Cifuentes, defensor del pueblo, expidió una resolución la semana pasada en la que resalta el trabajo de los defensores de derechos humanos y "recuerda que esta es una labor legítima y necesaria, amparada por la Constitución Política y las leyes". En el documento en cuestión también le recomienda al gobierno que adopte una política integral respecto de las organizaciones de derechos humanos y, entre otros puntos, solicita "promover las investigaciones disciplinarias contra los servidores públicos que por acción u omisión apoyen, permitan o toleren las actividades de los grupos de autodefensa en la región del Magdalena Medio y en todo el país".

Ojalá esta resolución tenga eco en las autoridades correspondientes porque si la situación en este campo continúa agravándose es probable que la comunidad internacional tome medidas al respecto. Por lo pronto ya es un hecho confirmado que este año visitará el país Hina Jilani, Representante especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, quien está muy preocupada por el caso colombiano.
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