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| 3/11/2014 12:00:00 AM

El informe que evidencia la tragedia de los maestros

Las bacrim y las FARC les cobran 'vacunas' y, además, los amenazan por colaborar con procesos de restitución de tierras.

Un reciente informe de SEMANA evidencia una grave problemática en el sector educativo: los maestros se han convertido en el foco de las bandas criminales, que se han dedicado a extorsionarlos. Un fenómeno que se da ya en varias partes del país.

Estos delincuentes obligan a los maestros, mediante llamadas extorsivas, a entregar parte de su salario pues los delincuentes saben que los maestros tienen bien sentadas las bases de la cultura del ahorro.

El informe asegura que a finales de 2010 en Puerto Berrío, Antioquia, el profesor Duvián Rojo denunció que estaban extorsionando a 20 maestros, incluido él. Luego, lo mataron a él y a su esposa, con lo que quedaron huérfanos tres niños.

Entre 2011 y 2012, en Antioquia se dieron un centenar de casos más. Y el año pasado, en Córdoba, 189 profesores de tres municipios advirtieron sobre lo mismo. En Caldas, Cundinamarca y Tolima, 23 profesores denunciaron hace un año que un hombre que decía ser Carlos, de los ‘Urabeños’, les dijo que los iba a matar si no le hacían llegar entre dos y cinco millones de pesos.

Las autoridades tienen claro este nuevo fenómeno extorsivo y están trabajando para pelear contra este mal. A estas cifras de las autoridades de policía se suma otro informe que amplía esta macabra realidad.

Un informe de la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en noviembre pasado para indicar que no sólo las bacrim son responsables de esta nueva modalidad, sino también miembros de las FARC y grupos de desmovilizados.

En el informe se asegura que esta entidad identificó amenazas contra 1.117 maestros de varios departamentos. Algunos municipios de Córdoba como Puerto Escondido, Tierralta, Montelíbano y Ayapel evidencian un incremento en este tipo de delitos.

Las cifras pueden ser mayores según reportes hechos por la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), que señala que no todos los docentes dan a conocer las amenazas ante la Secretaría de Educación Departamental e incluso tampoco formulan la denuncia penal ante la Fiscalía.

De acuerdo con los casos de amenazas contra docentes que han sido evaluados por la unidad Nacional de Protección, los departamentos con mayores solicitudes de protección a maestros son Antioquia (129 casos), Bogotá (123), Valle del Cauca (94), Córdoba (90) y Nariño (88).

Los informes también revelan otra realidad. Las bandas criminales y otros grupos al margen de la ley amenazan y atentan contra docentes que están íntimamente ligados a los programas de restitución de tierras.

En el caso de Córdoba, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ha emitido informes de riesgo para los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Montería, Valencia y Tierralta donde se ha solicitado al Estado adoptar medidas eficaces de protección para las víctimas.

Según los datos una situación similar se presenta entre los docentes y estudiantes de la Universidad de Córdoba, una institución declarada piloto de reparación colectiva.

“Inicialmente ofrecen protección a cambio del pago de una suma mensual, después siguen las amenazas a la víctima o a sus familiares cercanos”, dice el informe. Según la Fuerza Pública, casi siempre las llamadas provienen de los centros penitenciarios como reveló SEMANA.
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