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NACIÓN
Defensoría prepara acciones por tragedias en minas ilegales
El vicedefensor del Pueblo hizo un fuerte llamado al Estado para mitigar los efectos de la minería criminal.
2 de mayo de 2014
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La semana pasada una explosión en una mina ilegal del municipio de Buriticá en Antioquia dejó cuatro personas muertas y 90 intoxicadas. En la noche del miércoles 30 de abril la tragedia se trasladó a Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca.
En este municipio del suroccidente colombiano una avalancha de lodo y piedra cobró las vidas de tres personas y heridas a otras cinco en una mina en zona rural. Mientras tanto, entre 25 y 30 personas continúan desaparecidas a pesar del arduo trabajo de siete retroexcavadoras.
“Los únicos cadáveres que hemos sacado son los tres de anoche, que fueron remitidos hacia la morgue local”, precisó Víctor Claros, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Santander de Quilichao, tras aclarar que el número de desaparecidos se calculó de acuerdo con las personas que se acercaban a preguntar por sus parientes.
Tras estos dos lamentables hechos, la Defensoría del Pueblo decidió no dar más largas a la situación y tomar acciones inmediatas. En ese sentido, la Defensoría prepara acciones judiciales para enfrentar la minería ilegal en el país y el vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, advirtió que el Estado debe adelantar acciones en procura de mitigar los efectos que genera en la comunidad el ejercicio de actividades de minería ilegal y criminal.
Luego de la tragedia en una mina ilegal ubicada en la vereda San Antonio, de Santander de Quilichao, Sánchez aseguró que "estamos preparando acciones judiciales para verificar e impedir que se siga presentando la minería ilegal en gran parte del país, sobre todo en los departamentos de Boyacá, Antioquia, Cauca y Chocó".
Preocupados por los cerca de 30 desaparecidos en el municipio caucano, la Defensoría del Pueblo del Cauca continúa en el lugar de los hechos, donde hay un puesto de mando en el que se coordina la atención a los familiares de las víctimas y desaparecidos, así como las labores de rescate.
El peligro inminente que existía en la mina ilegal ya había sido anunciado por este organismo y nuevamente emitió alertas ante la posibilidad de que se pudieran presentar situaciones lamentables y similares en otros municipios y departamentos. "El llamado es a las autoridades para que se conciecien de que este es un problema supremamente grave y hay que realizar actuaciones en procura de mitigar los efectos que genera en la comunidad el ejercicio de actividades de minería ilegal y criminal", indicó Sánchez.
El organismo fue implacable al señalar que ya había solicitado a las autoridades que adoptaran las medidas necesarias para evitar el desarrollo de los procedimientos de minería ilegal, que traen consigo el tema de seguridad y en el que confluyen asuntos como el manejo de medio ambiente, del agua y la oxigenación en los socavones, así como el geográfico, que genera derrumbes como el que se presentó en Santander de Quilichao.
La situación es aún más preocupante ya que en esta actividad ilegal actúan grupos armados ilegales que amenazan a la comunidad y a las autoridades. El vicedefensor del Pueblo además rechazó las amenazas de las FARC al secretario de Gobierno de Santander de Quilichao y al alcalde de Timbiquí, quienes han actuado en contra de la minería criminal.
Y es que para esta entidad es importante diferenciar claramente la minería ilegal, que se produce sin el cumplimiento de los requisitos, de la minería criminal o delictiva, que está relacionada con las acciones que adelantan los grupos armados ilegales.
El vicedefensor indicó que "se hizo el llamado a los ministerios, sobre todo al de Minas y Energía, y a las autoridades, para que se adopten los mecanismos para mitigar o minimizar los efectos de la minería criminal e ilegal en Colombia".
Finalmente, la próxima semana la Defensoría participará en una reunión con el Ministerio de Minas para analizar la problemática y tomar estrictas medidas para que se termine la minería ilegal en Cauca y otras regiones del país.
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