Defensoría demanda a la Secretaría de Salud y a Comfacundi

Un nuevo capítulo se abrió en el proceso que busca establecer responsabilidades en la muerte de José Ángel Chiquiza, el hombre que murió el pasado martes en la sede Chapinero de la EPS Comfacundi en el momento en que esperaba que le entregaran una autorización para que se le practicara una diálisis para el tratamiento de una enfermedad renal que padecía desde hace 15 años.
 
Ahora, quien terció en el debate fue la Defensoría del Pueblo que anunció que instauró una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la Secretaría de Salud y de la misma EPS por el delito de homicidio culposo.
 
De acuerdo con el defensor Jorge Armando Otálora, ese delito se endilga en razón a que “los funcionarios públicos y la EPS que están manejando este tipo de eventos deben entender el compromiso que tiene el ejercicio de sus funciones y que cualquier ligereza o error en desarrollo de sus actividades puede terminar con la vida de una persona”.
 
Una de las razones por las que se decidió la acción judicial tiene su origen el pasado 5 de octubre. Ese día, la Defensoría realizó una visita a la Secretaría buscando explicaciones para que los usuarios del régimen subsidiado que pertenecían a las EPS que habían sido objeto de alguna medida cautelar. Como fue el caso de Salud Cóndor a la que estaba afiliado Chiquiza.
 
Según Otálora, la respuesta de la Oficina de Aseguramiento de la entidad distrital fue que ya “se aseguró que los 1.550 usuarios de alto costo ya tenían EPS asignada y que se les garantizaría la continuidad de los tratamientos”.
 
No obstante, el Defensor señaló que “con la muerte del ciudadano José Ángel Chíquiza nos dimos cuenta de que no está garantizada la prestación del servicio a los pacientes de alto costo”.
 
De igual forma, ante la Procuraduría se elevó una queja disciplinaria con el fin de que el Ministerio Público realice las averiguaciones pertinentes sobre el caso.