La violencia no deja en paz a Norte de Santander y Arauca

El 2016 no ha completado los tres meses y el nororiente del país ha sentido como arrecia la violencia. En Arauca se han presentado 22 homicidios de civiles y en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, la cifra alcanza los 16. La mayoría habrían sido perpetrados por el ELN.

El diagnóstico sobre los hechos violentos lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo este miércoles, después de recibir denuncias de la comunidad, hacer inspecciones en terreno y verificar con organismos oficiales.

Pero estas no son las únicas cifras que encontraron. En Arauca han muerto también nueve combatientes de las Fuerzas Armadas y de los grupos al margen de la ley en enfrentamientos. Es decir, en total, en este departamento se han presentado 31 muertes violentas, frente a 16 del año pasado en el mismo período de tiempo.

“El mayor número de víctimas (siete) pertenecía a comunidades campesinas, cuatro eran comerciantes y seis más que aparecen como desempleadas. Habrían sido blanco de una aparente estrategia de ‘limpieza social’, que parece tomar fuerza en los municipios de Tame y Fortul”, dijo la Defensoría.

Y aunque la investigación sigue en curso, el organismo ha logrado establecer que el 68 % de esos homicidios habrían sido cometidos por el ELN.

Por su parte, en Norte de Santander -que incluye a los municipios de Ábrego, La Playa de Belén, San Calixto, Hacarí, Teorama, El Tarra, Convención, El Carmen, entre otros- la situación no es menos preocupante.

Sumado a los 16 homicidios selectivos, se han presentado tres ataques contra la población civil, que han dejado como saldo a dos ciudadanos heridos en medio de enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales y tres policías heridos en acciones perpetradas por francotiradores.

Adicionalmente, hubo tres ataques contra unidades militares que adelantaban operaciones de seguridad en Caño Limón Coveñas, tres instalaciones de artefactos explosivos en zonas urbanas, dos secuestros con presuntos fines extorsivos y dos denuncias por amenazas contra funcionarios. Los asesinatos habrían ocurrido entre el 11 de enero y el 11 de marzo.