Defensoría pide alerta temprana por DD.HH. en Barranquilla

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, advirtió sobre el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos en las que se hallan cerca de 5.000 habitantes de Barranquilla y de los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia, ubicados en el departamento de Atlántico.

Los más afectados son los comerciantes, los tenderos, los transportadores, las vendedoras de apuestas, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y la población víctima de desplazamiento forzado.

Según el informe de riesgo que emitió el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, presuntos miembros de los grupos armados ilegales ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’ profieren amenazas, cobran extorsiones, realizan homicidios y atentados con explosivos contra viviendas y establecimientos comerciarles, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Además, se aclaró que estos actos son cometidos especialmente por una facción de ‘Los Rastrojos’, denominada ‘Los Costeños’.

El estudio, que ya fue entregado a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas en cabeza del Ministerio del Interior, recuerda que durante el primer semestre del año se registraron 145 homicidios en Barranquilla. Sin embargo, en toda el área metropolitana la cifra asciende a los 254 homicidios durante los primeros siete meses del año. 

Para Otálora resultan particularmente preocupantes aquellos homicidios que han tenido un gran impacto social debido al hallazgo de cadáveres desmembrados y decapitados.

El 9 de julio, por ejemplo, en el barrio San Roque, fue hallada la cabeza de un hombre identificado como José Luis Rodríguez Herrera. La víctima trabajaba en la plaza de mercado desde marzo de 2013, luego de haber salido de la cárcel. Hasta la fecha no se ha encontrado el cuerpo de la víctima y se desconocen los autores del hecho.

En lo que va corrido del 2013, la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico ha atendido y tramitado una serie de casos de extorsión, dentro los cuales una amenaza se cristalizó con el asesinato del hijo de uno de los extorsionados. La Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) le informó a la Defensoría que 7 de cada 10 comerciantes reciben llamadas extorsivas donde les exigen el pago de entre 500.000 5 millones de pesos.

Recientemente, ante la negativa de la empresa Uniapuestas a pagar la extorsión, impuesta presuntamente por ‘Los Costeños’, tres vendedoras de chance de esa empresa fueron asesinadas. El 31 de mayo fueron asesinadas Gloria Esperanza Galván de la Hoz y Alexandra Marcela Hincapié Ayala, también en sus puntos de venta de Uniapuestas. 

El 6 de julio fue asesinada Ana Rosa Blanco Ramos en su punto de venta ubicado en el centro de la ciudad. Igualmente, otra vendedora sufrió un atentado con disparos en su lugar de residencia en el barrio Don Bosco.

Adicionalmente, se ha registrado un incremento de las amenazas de muerte contra los defensores de derechos humanos. De acuerdo con cifras de la Defensoría Regional Atlántico, desde el primero de enero hasta el 17 de junio de este año se han registrado 90 casos de amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes universitarios, docentes, las cuales se profieren por medio de panfletos, llamadas telefónicas y envío de sufragios.

Ante esta grave situación, la Defensoría le pidió al Ministerio del Interior que declarara la alerta temprana para los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla con el fin de que se implementen medidas eficaces que prevengan las violaciones de los derechos de esta población en riesgo.

Así mismo, recomienda a la gobernación de Atlántico coordinar con la fuerza pública la adopción de medidas de prevención y protección de los derechos de dicha población en riesgo, y las acciones tendientes a la desarticulación y neutralización del accionar de los grupos armados ilegales que generan los hechos de violencia.

De igual manera, el informe de riesgo insta a las alcaldías Distrital de Barranquilla y municipales de Soledad, Malambo y Puerto Colombia a convocar y establecer espacios de trabajo con las autoridades departamentales y con la fuerza pública para evaluar y hacer seguimiento a las situaciones de riesgo identificadas en el presente informe y adoptar las medidas de prevención y protección que sean eficaces para contrarrestar las acciones violentas en sus territorios y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.

Por otra parte, encarga a la Unidad Nacional de Protección evaluar los factores de riesgo y amenazas de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones de víctimas y de población desplazada que han sido amenazados por presuntas estructuras armadas ilegales y estudiar e implementar efectivas medidas de protección para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad y seguridad personal.

Finalmente, la Defensoría recomendó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional fortalecer los operativos policiales para neutralizar y contrarrestar la capacidad de daño y bloquear los circuitos económicos de los grupos armados ilegales que operan en la ciudad de Barranquilla y el Área Metropolitana.