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| 5/29/2017 7:01:00 PM

Se aplaza la dejación de armas y la fecha de caducidad de las zonas veredales

Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación que presentó la ruta que seguirán el Gobierno y las FARC en lo que resta de la implementación. El 1 de agosto se trazó el nuevo límite.

Dados los retrasos en casi toda la logística de la concentración, las enormes dificultades para garantizar la amnistía pactada y la lenta implementación de los acuerdos, el desarme tampoco se hará como quedó pactado en el papel y se prolongará un tiempo más.

"Con las Naciones Unidas y las Farc decidimos que la entrega de las armas se terminará no mañana como estaba previsto, sino dentro de 20 días", anunció el presidente Juan Manuel Santos este lunes festivo. Renglón seguido, dijo que este ajuste "no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso para cumplir con el acuerdo".

Le recomendamos: Las Farc sin armas

La noticia que anunció el mandatario horas antes de que se cumplan los 180 días en los que se pensó el desarme, era una verdad a voces. Desde hace semanas, los tiempos no empataban. Incluso, hace menos de un mes la ONU anunció que apenas iba a recibir las primeras 1.000 armas -de las 7.000- que están en manos de los guerrilleros concentrados desde enero.

Durante su intervención, el mandatario también anunció que se prolongará la vigencia de las zonas veredales por dos meses más, hasta el 1 de agosto de este año. "Este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación a la vida civil y sin armas de los exmiembros de las Farc", agregó. Así las cosas, serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación.

Una vez se cumpla el plazo, desaparecerá la figura de las zonas pero se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Servirán para formar a los integrantes de la guerrilla en su tránsito a la vida civil, para preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria.

Pese a estos obstáculos, hasta ahora se han conseguido dos grandes logros. Uno es el cumplimiento riguroso del cese del fuego y de hostilidades, que según cálculos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), le han ahorrado al país 547 muertes en el enfrentamiento. El segundo es que ya hay un listado consolidado de los miembros de las Farc, tanto guerrilleros como milicianos y presos. Esto fue dispendioso porque las listas tuvieron que ser verificadas para evitar colados en el proceso.

Entre otras cosas, los miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) anticiparon minutos después de la alocución presidencial, visitas a las zonas veredales por parte de la comisión de Paz del Congreso, de los integrantes de las Farc y del Consejo Nacional de Reincorporación. Al cierre de una intensa jornada de discusión entre los miembros de los equipos negociadores que conforman la Csivi, se emitió el comunicado conjunto en el que la guerrilla se comprometió a que antes del 20 de junio la totalidad de sus integrantes -incluyendo las milicias- habrán hecho su tránsito a la legalidad. A la par, suscribieron para antes del 1 de agosto la construcción de los tres monumentos que simbolizan la renuncia a la lucha armada.

También puede ver: ¿Se retrasa la dejación de armas de las Farc?

Frente al dolor de cabeza en el que se convirtió el hallazgo de las 900 caletas que georreferenció la guerrilla, las partes acordaron que en los próximos tres meses se llevará a cabo el proceso de extracción de las mismas. El plan incluye toda la información necesaria para su ubicación y el cronograma para ir a desenterrarlas. Durante el proceso la ONU y los delegados de las Farc, podrán solicitar apoyo de seguridad o cualquier otro que requieran a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

"Las caletas que no hayan sido desmanteladas quedarán a disposición del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de exintegrantes de las Farc que trabajarán con el Gobierno en la ubicación y desmantelamiento de dichas caletas", informaron las partes.

El Gobierno, por su parte, se comprometió por tres vías: jurídica, física y socioeconómica. En ese sentido, asegurarán la aplicación de la amnistía o libertad condicional antes de que finalice la dejación de armas, suspenderán las órdenes de captura de los integrantes de la guerrilla una vez terminen su tránsito a la legalidad y expedirán una resolución presidencial para aplicar la amnistía a todos los guerrilleros que aparecen en las listas que maneja la oficina del alto comisionado, que no se encuentren en las cárceles, y que no están involucrados con delitos de lesa humanidad.

Del lado de la seguridad física, se expedirán dos decretos relacionados con el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Además, de que se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de Policía que actuará de forma prioritaria contra las organizaciones criminales que actúan en los territorios donde hacían presencia la guerrilla y antes de un mes se pondrán en marcha los planes piloto de desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco.

Puede ver: El lío de las caletas de las Farc

Finalmente, en materia económica el comunicado 19 establece que tan pronto concluya el proceso de dejación de armas los integrantes de las Farc recibirán los apoyos monetarios pactados para su reincorporación. Mientras llega la tan anunciada fecha, se establecerá un grupo de trabajo para estructurar y recomendar proyectos productivos viables a ser implementados por Ecomun u otras organizaciones y se concluirá la implementación de los proyectos piloto del Ministerio de Agricultura en las zonas veredales antes de que finalicen.

Hasta que termine el proceso de dejación de armas los países garantes, Cuba y Noruega, continuarán acompañando la implementación. Antes del 30 de junio de se deberá activar el componente de verificación internacional en todos sus aspectos y que empuja a las partes a solicitar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el mandato de la segunda misión de Naciones Unidas que se encargará de verificiar la implementación del acuerdo.

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