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| 1/14/2012 12:00:00 AM

Del dicho al hecho

El primero de enero se dio la largada a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cumplir con las expectativas que ha despertado es uno de los más grandes desafíos del gobierno Santos.

No hay nada más difícil que pasar del papel a la práctica. Sobre todo cuando se trata de armar una ‘gran revolución’, como ha llamado el presidente Juan Manuel Santos al proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras, que ha despertado una inmensa expectativa y que arrancó formalmente el primero de enero. Pero lo peor que puede hacer el país es cantar victoria anticipada. La implementación de la ley apenas comienza y lograr que los victimarios cuenten la verdad, que las víctimas sean reparadas y que las tierras robadas regresen a sus dueños originales suena casi a utopía. Este será todo un pulso, pues son varias las manos negras enemigas del proceso, que pondrán a prueba la capacidad y la decisión del Estado y el compromiso de los gobernantes locales y nacionales.

Además del presidente y sus ministros, el nuevo Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Incoder, quienes van a poner en marcha la ley, son los recién posesionados directores de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro de Memoria Histórica. Tres conocedores de la realidad de las víctimas –Paula Gaviria, Ricardo Sabogal y Gonzalo Sánchez– están al frente de estas nuevas instituciones. Aceptaron su misión la semana pasada ante las víctimas en Córdoba, uno de los departamentos que más ha sufrido a causa del conflicto, en donde el gobierno entregó el predio Las Catas a 304 familias para dar un comienzo simbólico a la implementación de la ley.

El nuevo aparato institucional recoge y reemplaza las funciones que cumplían Acción Social y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que desaparecieron el primero de enero. El desafío ahora es ponerlo a funcionar. No se empieza de cero: la Comisión y Acción Social hicieron un valioso trabajo en los últimos años y las nuevas unidades deben aprovecharlo y salvaguardar el archivo que construyeron, el cual será pieza fundacional del nuevo Registro Único de Víctimas y el Registro Único de Tierras. La licitación para el registro de víctimas fue declarada desierta a finales de 2011 y se va a convocar nuevamente, y la del registro de tierras apenas se abrirá este semestre.

A pesar de que no todo está listo, con los anuncios del gobierno y las cuñas promocionales es probable que llegue una avalancha de solicitudes de registro, indemnización y restitución de tierras de víctimas, pero también de victimarios que quieren participar en el proceso de reconstrucción histórica. Sin haber entrado en vigencia la ley, 24.000 desmovilizados se inscribieron para los acuerdos de verdad y memoria. Entre agosto de 2010 y diciembre de 2011, hubo 2.831.000 solicitudes de registro de víctimas, y en el semestre pasado se presentaron 7.000 denuncias por abandono forzoso de tierras en 31 departamentos. Además, es posible que la Corte Constitucional, luego de estudiar las nueve demandas que hay contra la ley, decida ampliar el universo de víctimas.

Para atender a la víctimas habrá 20 sedes regionales y 30 unidades móviles, además de los 61 puntos de atención que tenía Acción Social. Para la restitución de tierras habrá otras 20 sedes regionales, como la que inauguró el presidente Santos en Montería, que cubrirán 17 departamentos priorizados y que deben entrar en funcionamiento en máximo tres meses. Los procesos sobre las tierras estarán en manos de los 22 jueces de restitución iniciales (la meta es que sean 170), que tramitarán el alud de denuncias que ya existen, además de las que lleguen. Cinco nuevas salas especializadas en restitución, en el Consejo Superior de la Judicatura, serán la última instancia.

Los nuevos jueces y magistrados tienen un reto enorme, pero no solo por la cantidad de casos que tendrán que asumir y las argucias jurídicas que enfrentarán por parte de los abogados de los despojadores para detener los procesos. Uno de los grandes desafíos es adecuar las formalidades del derecho procesal colombiano al interés superior de las víctimas estipulado en la Constitución.

Los organismos de control y el gobierno deberán estar alerta para que los tentáculos de los políticos no conviertan las nuevas instituciones en máquinas clientelistas que utilicen subsidios y atención a las víctimas a cambio de apoyo. Y deberán abrir bien los ojos para detectar intentos de sabotaje de los actores ilegales y sus cómplices en el propio Estado, quienes legalizaron el despojo. Ya son mal augurio las amenazas y atentados contra campesinos que reclaman sus tierras, los sobornos a notarios y funcionarios, y las demandas y recursos jurídicos que han interpuesto ante el Estado los despojadores para frenar el proceso de restitución.

La influencia de la guerrilla, de los grupos sucesores de los paramilitares y de los narcotraficantes sobre autoridades locales todavía es notable en algunas regiones. Y aunque el personal que trabaje en las unidades de tierras dependerá más del nivel nacional, son las alcaldías y los personeros locales en cada municipio los que atenderán a las víctimas en primera instancia. Los alcaldes deben elaborar los censos de desplazados, brindar asistencia humanitaria, garantizar seguridad y protección, y destinar presupuesto para atención, entre otros. Los personeros continuarán recibiendo los testimonios y denuncias de las víctimas para incluirlas en el registro, y ejercerán la secretaría de las mesas municipales de participación. Estas, concebidas como el nuevo espacio donde las víctimas tendrán voz ante al gobierno, han generado polémica, pues las organizaciones ya existentes se quejan de que se desconoce su trabajo. Si ese personero, elegido por los concejales del municipio, va a responder a intereses políticos o ilegales –y se han denunciado algunos casos– la situación podría complicarse.

Qué tanto éxito tenga la implementación de la ley en lo local va a depender, en gran medida, de que la política nacional se imponga sobre la multiplicidad de intereses y tensiones regionales. Por ejemplo, cuando el anterior registro de víctimas se descentralizó, aumentaron los rechazos a registrar víctimas. A la vez, la ley necesita aliados entre las autoridades locales para que la restitución y la reparación a largo plazo no fracasen. En Chivolo, Magdalena, la restitución de algunas tierras fracasó inicialmente en el gobierno anterior porque el alcalde era el más férreo opositor. Cuando este cambió, el proceso prosperó.

“Hay que dar pasos de descentralización de manera cuidadosa y confiar en que los municipios van a alcanzar una madurez”, dice Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas. Pero esa madurez no se vio en muchos de los alcaldes salientes que debían informar, como lo ordenó la Corte, si tenían suficientes recursos para atender a las víctimas en sus municipios como lo dispone la nueva ley. 446 no lo hicieron. El país espera de sus sucesores una mayor responsabilidad.

Finalmente, aún si el Estado logra mantener a raya a los violentos y a los corruptos, la restitución y reparación solo tendrán éxito si logran recomponer el campo colombiano y cambiar el actual modelo de desarrollo agrario, ligado al desarrollo agroindustrial y la ganadería extensiva, en detrimento de la producción agrícola del mediano y pequeño campesino. Una de las pujas más difíciles para las víctimas será recuperar las tierras usurpadas que hoy están destinadas a grandes proyectos de palma y maderables, entre otros, aun si quienes los desarrollan hoy son personas que adquirieron esas tierras de buena fe. Tampoco la tendrá fácil el gobierno cuando presente ante el Congreso la nueva Ley de Desarrollo Rural en los próximos meses, que busca justamente un crecimiento del campo más equilibrado y equitativo para todos los sectores. Solo si la Ley de Víctimas y sus complementos logran pasar del dicho al hecho en todo esto, los colombianos serán testigos de una verdadera revolución.
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