Del infierno al cielo

El 12 de marzo de 2002 comenzó el calvario de Augusto Jiménez, presidente de la empresa carbonífera Drummond. Ese día, abogados norteamericanos presentaron ante un juez de Alabama una demanda donde lo acusaban de ser el responsable del asesinato de tres sindicalistas en Colombia, exactamente un año después del primer crimen. Desde entonces, Jiménez y Drummond enfrentaron una lucha jurídica y propagandística para defenderse de los graves cargos.

El pasado jueves 26 de julio, Jiménez por fin pudo respirar. Un jurado de cinco hombres y cinco mujeres decidió unánimemente que las imputaciones contra él y Drummond carecían de fundamento. En otras palabras, quedaron absueltos. Aunque era un juicio civil -los demandantes buscaban que les pagaran millones de dólares por daños y perjuicios-, en el fondo estaban en juego el pellejo de Jiménez y la reputación de su empresa. Como le dijo a SEMANA Jiménez: "Me quité un piano de encima". Y tiene razón. De haber sido condenado, las consecuencias para él y Drummond en Colombia habrían sido considerables, especialmente en el actual ambiente de cero tolerancia a cualquier relación con los paramilitares. Ni qué hablar de su imagen ante congresistas norteamericanos, que en los últimos meses se interesaron por el tema.

Antes del juicio, contrastaba la exuberancia optimista de los abogados demandantes con la cautela y la discreción de los directivos de la empresa. A primera vista, era entendible la confianza de los demandantes. Por medio de una eficaz campaña propagandística, regaron por diestra y siniestra declaraciones de unos presuntos testigos que apoyarían su reclamación. Pero en el momento de la verdad -ante el jurado-, la gran mayoría de esos declarantes no se presentó, entre ellos el que fue durante años una de las piezas fundamentales de las acusaciones: el señor Jimmy Rubio. Según Dan Kovalick, abogado de los familiares, "Rubio desapareció. Temía por su vida".

Y los testigos que sí comparecieron en Birmingham, Alabama, tampoco fueron convincentes. Ninguno pudo sustentar el argumento fundamental de los demandantes: que Jiménez y Drummond ordenaron el asesinato de los sindicalistas. Kovalick y sus colegas insisten en que perdieron porque el jurado no pudo escuchar el testimonio de Rafael García, el ex director de informática del DAS, quien alegaba tener la prueba reina. Y porque la juez no aceptó las declaraciones de otros tres testigos -también estrellas-, incluso uno que apareció apenas el martes pasado. Es curioso que ni ellos ni García formaban parte de la demanda inicial en la que decían tener evidencias de la responsabilidad de las directivas de la empresa en los crímenes de los sindicalistas Valmore Locarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora.

Independientemente de la ya anunciada apelación por parte de los demandantes, donde cuestionarán las decisiones de la juez, sin duda el veredicto es un inmenso triunfo para Drummond. Que un jurado de 10 ciudadanos norteamericanos descartara en menos de 24 horas las acusaciones -preparadas durante cinco años- demuestra que el caso legal no era tan fuerte como lo pregonaban sus promotores en decenas de páginas web.

Drummond no es la única multinacional demandada por presuntas acciones non sanctas en países en vías de desarrollo como Colombia, pero sí fue la primera que tuvo que defenderse ante un jurado de conciencia de Estados Unidos. Su victoria legal podría impactar por lo menos dos empresas que también están en la mira de Kovalick y sus colegas: Coca Cola y Occidental. SEMANA conoció que antes del juicio se habían producido contactos iniciales entre Coca Cola y los demandantes sobre la posibilidad de un entendimiento. Era comprensible. Hasta la semana pasada, se consideraba un riesgo demasiado alto para una empresa someterse a un juicio. Ahora, el tablero es otro.

En los próximos meses, una corte de apelaciones debe decidir sobre si la justicia norteamericana es competente para decidir sobre la demanda contra Occidental por los hechos de Santodomingo, Arauca, de 1999. Como le comentó el experto en leyes Carl Tobias a la AP, "el caso Drummond demuestra que no será fácil para otros demandantes probar sus argumentos ante las cortes norteamericanas".

No es conveniente que hechos acaecidos en Colombia se juzguen en otro país. No obstante, si hay algo positivo de todo este episodio, es que gracias a la demanda, la Fiscalía General por fin actuó: acusó a los jefes paramilitares 'Jorge 40' y 'Tolemaida' de los crímenes, y la investigación apunta a identificar a otros autores intelectuales. Cinco años después de los hechos, pero algo es algo.