DEL MONTE A LA CIUDAD

DE ACUERDO CON LAS ESDISTICAS, el año 1993 ha sido uno de los mas negativos para la guerrilla en el balance de bajas en su confrontación con la fuerza pública. En lo que va corrido del año, más de 670 alzados en armas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que las bajas por parte de éstas no superan los 200 efectivos. El promedio de muertes mensuales por parte de la guerrilla, que en 1992 no superó los 45, se elevó a 93 de enero a octubre.
Pero a pesar de que estos datos podrían indicar que la guerrilla esta debilitada o muy cerca de ser derrotada, algo distinto parece estar sucediendo: la Coordinadora Guerrillera ha cambiado su estrategia de guerra. A juzgar por las informaciones que tienen las autoridades, la subversión ha dejado a un lado la confrontación para concentrarse en aquello en lo cual se siente más fuerte: el secuestro y la extorsión -que siguen siendo sus fuentes de financiación-, y la urbanización de la actividad subversiva, su nueva modalidad de acción armada.
Esta estrategia de trasladar la guerra a las ciudades se está produciendo en dos niveles. El primero, que se desarrolla en los municipios intermedios y pequeños y se viene dando desde hace varios años en los centros petroleros, consiste en penetrar las entidades oficiales por medio de la intimidación y la corrupción. El segundo, que se aplica principalmente a Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Urabá, se basa, esencialmente, en la actividad de las milicias populares.
Prueba de lo primero son más de 300 investigaciones que realiza la Dirección Nacional de Fiscalías a mandatarios municipales por presuntas irregularidades en el manejo de sus recursos, muchos de los cuales serían desviados a las arcas de la subversión. Y prueba de lo segundo es la creciente actividad subversiva en los centros urbanos, que quedó puesta en evidencia con los hechos del pasado jueves en Bogotá. En la noche del jueves y la madrugada del viernes, tres bombas de pequeño y mediano poder estallaron en el centro, el norte y el sur de la capital. Una carga explosiva de 35 kilos de dinamita fue activada, a control remoto, en momentos en los cuales transitaba un bus de la policía que transportaba 35 agentes. En el atentado murieron dos de ellos, y varios más resultaron heridos. Una hora y media más tarde, un petardo estalló en la Registraduría del Estado Civil del barrio Restrepo. A los pocos minutos, un nuevo atentado se produjo contra las instalaciones de una sede política del precandidato Ernesto Samper, en Teusaquillo. Aunque las pérdidas humanas pudieron ser muchas más, los hechos pusieron en evidencia que la Coordinadora Guerrillera esta entrando cada vez con más fuerza en los centros urbanos.
EL MODELO DE ARAUCA
Si bien la escalada terrorista del mes pasado -anunciada por la Coordinadora como "Septiembre Negro"- y los atentados del jueves originaron grandes titulares de prensa y alertaron a la opinión pública, existe un segundo y menos vistoso frente de acción subversiva que ha venido cobrando importancia.
Se trata de la extensión del modelo de operaciones subversivas que opera en Arauca, gracias al cual la guerrilla logró infiltrarse lenta pero hondamente en las administraciones locales y en la actividad económica de la región. Esta estrategia incluye el control sobre secretarías de gabinete, presión sobre la adjudicación de contratos, cobro de millonarias sumas a los contratistas -sin que ello implique que se les permita ejecutar las obras-, e infiltración en inspecciones de Policía, centros de salud y juntas de acción comunal. En el caso de la adjudicación de contratos, la guerrilla obliga al ejecutor a contratar a sus efectivos y a emplear supernumerarios ficticios que, sin trabajar, reciben sueldos del Estado.
Estas acciones, que hasta el momento se habían limitado casi exclusivamente a los municipios petroleros, se han convertido en práctica común en otras regiones del país, como Urabá, los Santanderes y el nordeste antioqueño. Allí la subversión se comporta como el peor de los grupos políticos corruptos, pero con el agravante de que está armada. "En términos generales, los alzados en armas han reducido la intensidad de los enfrentamientos con las fuerzas militares, y optaron por ejercer más control político sobre las administraciones locales -dijo a SEMANA una alta fuente de los organismos de seguridad del Estado. A diferencia del pasado, cuando la guerrilla hacía elegir a sus propios candidatos, hoy en día intimida a los aspirantes para comprometerlos con sus intereses. Veta a miembros y candidatos a las corporaciones, si sabe que no van a colaborar. En algunos casos ha llegado, incluso, hasta impedirles regresar al municipio".
Esa mecánica se extiende también a los políticos en campaña electoral y a sus aliados locales. Ello explica que algunos parlamentarios hayan comenzado a pedir diálogo y a favorecer los procesos regionales. Por lo demás, un elemento que contribuye a tensionar el ambiente es el hecho de que representantes y senadores no dispongan de los auxilios que, en ciertas zonas, eran el arma de negociación con la guerrilla y su manera de hacer política. Con la abolición de los auxilios, los políticos se quedaron sin instrumentos para manejar el problema como lo venían haciendo hasta que la Asamblea Nacional Constituyente decidiera eliminarlos.
LOS INFORMES DE LA FISCALIA
Pero lo que realmente demuestra que las relaciones de la subversión con las administraciones locales y departamentales van más allá de la mera especulación, son las investigaciones que llevan a cabo entidades de control del Estado, como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General.
La primera de ellas investiga en la actualidad a 389 alcaldes y ex alcaldes de los 1.033 municipios del país, quienes están en la mira de la justicia por presuntas actuaciones ilegales, tales como celebración indebida de contratos y la desviación de recursos oficiales. Buena parte de estas investigaciones se realizan, precisamente, en aquellas regiones donde la guerrilla tiene una activa participación. Hay casos, como los de los alcaldes de Tibú y San Vicente de Chucurí (Norte de Santander), San Alberto (Cesar) y Ovejas (Sucre) que están siendo investigados por la Fiscalía por "rebelión y presunta colaboración con la subversión".
Por su parte, ante la Procuraduría General han sido presentadas una serie de quejas contra Gustavo Alvarez Gardeazábal, alcalde de Tuluá; Ramiro Lozano Neira, gobernador del Tolima; Tito Rueda Guarín, ex presidente del Senado; Ramiro Luna, diputado de Norte de Santander, y monseñor Leonardo Gómez Serpa, por haber realizado acercamientos con guerrilleros en momentos en los cuales el Gobierno nacional había prohibido los diálogos regionales. A monseñor Gómez Serpa, obispo de Tibú, no lo cobijó la directiva presidencial por no ser funcionario del Gobierno.
Por su parte, el Gobierno, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Consejería para la Seguridad están trabajando sobre el tema en la búsqueda de mecanismos que contrarresten la acción de la guerrilla. En ese sentido, uno de los instrumentos que pueden llegar a ser de gran utilidad para el Gobierno es la Ley de Orden Público, que obtuvo mensaje de urgencia a finales de la semana pasada en el Congreso. La situación es tan delicada que el propio Gobierno estudia la posibilidad de intervenir con mano dura en aquellos municipios donde se demuestre una relación directa entre los funcionarios locales y la guerrilla.

MILICIAS COORDINADAS
En la nueva estrategia de la Coordinadora Guerrillera para urbanizar el conflicto desempeñan un papel importante las llamadas milicias populares, organizaciones que se han convertido en el principal brazo terrorista de la subversión en los centros urhanos.
Según fuentes de los organismos de seguridad del Estado consultadas por SEMANA, "la Coordinadora Guerrillera, luego de una cumbre de comandantes de frentes realizada a finales de julio, decidió incrementar sus acciones de guerra en los centros urbanos donde se concentran los principales generadores de opinión pública".
Según esta tesis, las milicias serían las encargadas de suministrar información relacionada con los movimientos de las Fuerzas Armadas en las ciudades. Ello habría sucedido en la reciente matanza de 13 policías en inmediaciones de Usme (Cundinamarca), en las goteras de Bogotá. Pero en otras oportunidades su tarea no se limita solamente a labores de inteligencia. En algunos casos son ellas mismas las que ejecutan los atentados terroristas.
"En términos de impacto, dijo una fuente de la Policía a SEMANA, la Coordinadora Guerrillera, a través de las milicias populares, gana mucho más quemando un bus ejecutivo en Bogotá, Medellín o Cali que volando el oleoducto en Norte de Santander. Los propios medios de comunicación le dan mas importancia a los actos terroristas urbanos que a los rurales".
El caso de Bogotá llama la atención de las autoridades. En la capital del país hay zonas marginadas, como Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme, San Cristóbal, Bosa y Rafael Uribe, donde habitan más de un millón y medio de personas, y en las que la misma ciudadanía ha denunciado la presencia de milicias populares. El consejero para Asuntos Sociales del Distrito, Eduardo Díaz Uribe, reconoció que el fenómeno muestra índices crecientes en la ciudad, y que ello obedece a una estrategia deliberada y diseñada por la subversión para expandir sus frentes urbanos, "aunque, sigue siendo un fenómeno marginal que no corresponde al sentir de toda la comunidad", agregó.
ESTRATEGIA DE LAS FARC
En todo caso, esta conjugación de fuerzas entre la guerrilla y las milicias encaja muy bien en el proyecto que habría diseñado la Coordinadora Guerrillera, cuyo principal objetivo sería el de expandir la guerra y urbanizar el conflicto, es decir, sacarlo del monte y llevarlo a la ciudad.
En la actualidad las Farc serían las más interesadas en ampliar sus redes urbanas, mucho más que el propio ELN, cuyo jefe máximo, Manuel Pérez, consideró el caso de la Corriente de Renovación Socialista, en trance de desmovilizarse, como una mala experiencia para esa organización. No obstante, al respecto existen discrepancias entre jefes guerrilleros. La orden de Manuel Marulanda "Tirofijo" a sus comandantes de frente habría sido la de "golpear en las ciudades para darle duro a la burguesía". Por ello, la versión que circuló en días pasados en Bogotá, según la cual Alfonso Cano, comandante de las Farc, se encontraría en Ciudad Bolívar preparando "milicianos", no sorprendió a las autoridades. A la postre, luego de una serie de operativos en el sector, no se pudo comprobar si en efecto Cano estuvo o no en la capital.
La situación de Medellín es tan delicada como la de Bogotá, pero con un elemento mucho más explosivo: el narcotráfico. Aunque en un principio las milicias pretendieron mantener una distancia con la gente del cartel de Medellín, la guerra que libran los delincuentes de la ciudad contra las autoridades terminó por solidarizarlos. La captura en esa ciudad del comandante "Roger", ex dirigente sindical, antiguo militante del ELN y uno de los jefes máximos de las milicias en la ciudad, puso al descubierto sus vínculos con los narcotraficantes.
Sin embargo, en Medellín operan otras organizaciones que aún tratan de conservar sus ideales originales de defensa de la comunidad. Es el caso de las llamadas Milicias Populares y las del Pueblo para el Pueblo, que en la actualidad buscan un entendimiento con el Gobierno que permita su futura desmovilización. Según los organismos de seguridad del Estado, las Milicias Populares de esa ciudad estarían compuestas por cerca de 1.800 hombres armados, distribuidos en cuatro grandes sectores de la ciudad, y establecidos especialmente en las comunas del nororiente.
En cuanto al resto del país se refiere, para las autoridades existen, además, dos zonas delicadas por el incremento de las acciones de las milicias: el Urabá antioqueño y Barrancabermeja. En ciudades como Turbo, Apartadó, Chigorodó, San Pedro y Carepa, en Antioquia, las milicias de la Coordinadora Guerrillera vienen ocupando los espacios dejados por los militantes del Ejército Popular de Liberación (EPL), movimiento guerrillero que se desmovilizó y se reintegró a la vida civil.
En Barrancabermeja, las milicias populares son particularmente activas. Y aunque los sindicatos de la ciudad lo niegan, las autoridades aseguran que asociaciones sindicales como la USO tienen entre sus miembros a simpatizantes de estos grupos: "Son ellos quienes se infiltran y convierten una simple marcha de protesta en todo un problema de orden público," según una fuente del Gobierno consultada por SEMANA.
¿ERROR ESTRATEGICO?
Este nuevo modus operandi de los subversión puede, evidentemente, causar mucha zozobra en medio de la campaña electoral. Para la opinión pública no deja de ser impactante que la guerrilla no esté actuando en remotas zonas rurales, como venía sucediendo sino que lo haga en el corazón de los centros urbanos. Pero la pregunta que flota en el ambiente es si una guerrilla que lleva 40 años en el monte puede urbanizarse y tener éxito en su accionar.
La historia parece demostrar lo contrario. Los grandes teóricos de la subversión, como Mao Tsetung y el "Che" Guevara, definieron la ciudad como una ratonera en donde los guerrilleros mueren por aniquilamiento. Tal es el caso de guerrillas urbanas como los Tupamaros en Uruguay y los Montoneros en Argentina. Sin ir más lejos, el propio M-19 se vio obligado a regresar a la montaña tras los duros golpes que recibió mientras actuó en áreas urbanas. El fracaso de esa estrategia le valió a la dirigencia del movimiento sus más duras críticas al interior de sus filas. Igualmente, en Europa la experiencia del Baader Meinhof y las Brigadas Rojas demuestran que la acción urbana produce grandes impactos de opinión, pero a la hora de los balances resulta una técnica suicida.
El caso de Sendero Luminoso en Perú es, quizás, el más comparable al de la guerrilla colombiana. Ambos han tratado de combinar las acciones rurales y las urbanas, pero en el caso peruano los costos han sido elevados: la captura de Abimael Guzmán, jefe máximo de la organización senderista, y la de otros cabecillas, es la muestra de que, como sostenían Mao y el "Che", la ciudad, tarde o temprano, es la ratonera donde mueren las guerrillas.
En Colombia, el ELN es la organización que más ha intentado establecer frentes en las ciudades, pero es también la más derrotada en el asfalto. Así sucedió con las llamadas células urbanas, muy golpeadas a mediados de los 60 o principios de los 70, que terminaron por degenerar en grupos aislados de delincuentes.
La historia podría repetirse, pero hasta el momento lo único claro de todo esto es que Colombia tiene un nuevo escenario de guerra. Es posible que ello implique que, como sucedió en la pasada, la campaña electoral que se avecina sea convulsionada. La diferencia, sin embargo, radica en que, tal y como van las cosas, el factor perturbardor puede ser la guerrilla y no el narcotráfico.