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| 8/20/2017 5:56:00 AM

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.

El calvario de Hernán Andrade, que lo llevó a una grave acusación por parte de la Fiscalía la semana pasada, comenzó hace nueve años. En octubre de 2008 se reveló que el senador había recibido 250 millones de pesos en efectivo de manos del cerebro del desfalco a Cajanal –Armando Cabrera Polanco– apenas dos días antes de las elecciones para el Congreso en 2006.

Los medios saltaron inmediatamente sobre el tema y Andrade dio explicaciones contradictorias y confusas. Luego anunció que haría todos sus descargos ante la Corte Suprema de Justicia si esta lo requería. Así ocurrió. Dos semanas después, el Alto Tribunal notificó la apertura de una indagación preliminar contra él, y el 9 de abril de 2010 la corte dio un paso más: abrió investigación formal por tres delitos: enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Las labores investigativas y decenas de indagatorias se desarrollaron, como lo estipula la ley, bajo reserva. El expediente se fue engordando con centenares de pruebas practicadas, lo que ocupó un tiempo considerable. La opinión pública no volvió a saber del caso sino seis años después, el 14 de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema precluyó el expediente a favor de Andrade porque no encontró ningún delito. El senador celebró el veredicto y su abogado defensor se anotó un triunfo.

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De eso hace casi tres años. Y el asunto habría muerto entonces si no es porque hace unas semanas la DEA desenmascaró a quien fue el abogado del senador: el penalista Gustavo Moreno, quien luego asumió como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Este fue sorprendido en Miami recibiendo una coima de 10.000 dólares que le entregó el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, convertido en colaborador encubierto de la Justicia norteamericana. La operación produjo la destitución fulminante de Moreno y lo puso en una celda en La Picota, donde aguarda un proceso de extradición.

Pero los mayores efectos de la operación de la DEA se empezaron a sentir esta semana. Estados Unidos entregó a la Fiscalía colombiana seis horas de grabaciones en cuatro CD que permitieron desenmascarar mucho más que los 10.000 dólares del soborno a Moreno. En conversaciones entre Lyons, Moreno y Leonardo Pinilla, un exsocio de este último, salieron a flote revelaciones que desataron una verdadera hecatombe judicial. En medio de esta, el nombre del senador Hernán Andrade volvió a la palestra.

De las grabaciones entregadas por la DEA se desprende una sospecha gravísima: que algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia se habrían obtenido gracias a multimillonarios pagos en un perverso engranaje entre abogados inescrupulosos, políticos en apuros y magistrados corruptos. Según reveló la Fiscalía, en los audios salen a flote los nombres de los congresistas Musa Besaile, Hernán Andrade y del exparlamentario Luis Alfredo Ramos, entre otros. Los tres tuvieron por abogado ante la Corte Suprema a Gustavo Moreno. Así mismo, las evidencias implican a los expresidentes de la corte José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y al exmagistrado Camilo Tarquino. Este último ha sido vinculado no como exmagistrado, sino como litigante. La Fiscalía consideró tan grave el material, que el mismo día que lo recibió dio traslado a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusación del Congreso, organismos que ya abrieron las respectivas indagaciones.

La información más comprometedora tiene que ver con Musa Besaile, gran cacique de Córdoba y el mayor elector del Partido de la U. En las conversaciones interceptadas aparece que él pagó 3.000 millones de pesos para neutralizar una investigación ante la corte por parapolítica. El caso lleva ya 11 años sin ninguna decisión, lo cual parece indicar que los 3.000 millones han servido.

Sobre los otros dos, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos, hay menos detalles concretos, pero sus nombres aparecen mencionados en varias conversaciones sobre pagos aunque no queda claro a quién. El caso de Andrade ya había sido resuelto por la corte a favor de él, pero se puede reabrir si se prueba que en la decisión de la corte medió un delito. En cuanto a Ramos, su situación es un poco más favorable, pues los principales testigos que declararon en su contra están en la cárcel condenados por falso testimonio.

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Los hallazgos de la investigación

Como el caso de Hernán Andrade es el único que ha tenido un desenlace judicial a favor del acusado, es el que resulta más interesante para ver cómo se movieron los hilos dentro de la corte. SEMANA obtuvo un documento que reposa en los archivos restringidos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que hoy cobra particular importancia. Se trata del auto de resolución de la situación jurídica de Hernán Andrade, proferido el 28 de agosto de 2013. Para ese momento la corte había investigado el caso del senador durante cinco años, había pasado de investigación preliminar a formal, y el expediente ocupaba más de una veintena de cuadernos cada uno con centenares de folios. El acervo reunía pruebas practicadas por la corte y las solicitadas por la defensa, así como los descargos rendidos por el senador.

En virtud de tal investigación, en ese momento, la corte concluyó que había pruebas sólidas y múltiples que indicaban que “muy probablemente” Andrade había cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Y bajo esa convicción, la Sala Penal decidió seguir adelante con el proceso, aunque se abstuvo de librar medida de aseguramiento contra el senador, pues no creía que a esas alturas este pudiera afectar la investigación o evadir la justicia.

Efectivamente las pruebas recaudadas permitían concluir que Andrade, al recibir 250 millones de pesos en efectivo en vísperas de las elecciones, había incurrido en varios delitos. Tras sopesar los elementos, la corte consideró que el senador tenía que saber que el origen de la plata era ilícito, pues en Neiva todo el mundo sabía que Armando Cabrera Polanco había sido condenado en dos instancias por desfalcar a Cajanal en más de 220.000 millones de pesos. Ese fue un escándalo ampliamente divulgado por la prensa nacional, pero aún más por la huilense.

La corte tampoco le creyó a Andrade la explicación de que había recibido esa suma en calidad de “préstamo bajo interés”, pues los recibos –que cayeron en poder del CTI al hacer un allanamiento a Cabrera– apenas tenían los datos básicos de nombre, monto y la firma del senador. Este trató de reforzar su versión con recibos de supuestos pagos hechos como abonos a la deuda, pero la corte encontró un rosario de incongruencias en ellos, y concluyó que el afán de Andrade frente a la supuesta deuda surgió solo cuando el CTI halló los pagarés en el allanamiento.

La tesis central de la corte frente al caso era que Andrade sabía que era plata ilícita y que justamente por ello había sido una operación en efectivo, para evitar dejar rastro. Además, la investigación señaló que probablemente los 250 millones llegaron por debajo de la mesa a su campaña al Congreso, lo que explica que la plata no apareciera ni en la declaración de renta ni en los libros de gasto de campaña del senador.

El parlamentario sostuvo ante la corte que había acudido inocentemente a Cabrera, pues tenía limitada capacidad de endeudamiento frente a los bancos y necesitaba parte de la plata (100 millones) para comprarle una casa a su esposa. El tribunal rechazó ese planteamiento, pues descubrió que ella, Norma Constanza García, ocupaba desde hacía siete años un puesto directivo en el Invima y que el propio Andrade desde 2000 era congresista “con un salario apreciable”. Además, la compra de la aludida residencia se empezó a concretar solo tres meses después de haber recibido los 250 millones en efectivo, cuando la esposa de Andrade solicitó un crédito ante el Fondo Nacional del Ahorro.

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Pero Andrade insistió en que tenía escasos recursos. Y para convencer a la corte llevó a varios declarantes que testificaron que él continuamente se veía obligado a acudir a sus amigos para que le subvencionaran la gasolina para el carro. Sobre la pobreza del senador, Blanca Inés Rodríguez, su gerente en la campaña al Congreso en 2006, aseguró que una vez “Tuve que decirle (a Andrade) que se acercara donde un amigo mío, sastre de profesión para que le hiciera un vestido, que podía escoger dos camisas y una corbata, que yo pagaba. Igualmente cada vez que veo sus zapatos y no están en debida forma salgo y le compro un par”.

El senador explicó que había usado los 150 millones restantes para pagar cuatro deudas personales. Dijo deber a cuatro amigos 50, 30, 40 y 30 millones. La corte se dio a la tarea de revisar las cuentas de las personas señaladas y ninguna registraba ni retiros ni ingresos cercanos a los montos señalados. Lo que sí encontró la corte fue que los supuestos prestamistas tenían saldos en rojo y trámites de créditos, por lo que no sería lógico que pudieran prestarle millones al senador cuando ellos mismos estaban en los rines.

La investigación de la corte también encontró graves grietas en el informe de ingresos y gastos de la campaña que el senador rindió al Consejo Nacional Electoral en 2006 para hacerse con los recursos correspondientes por reposición de votos. “Tiene serias inconsistencias acerca de quiénes figuran como aportantes a su campaña”, consideró la corte. Fundó esa conclusión luego de contrastar las declaraciones de renta y extractos bancarios de al menos tres grandes aportantes a la campaña.

Una vez más las evidencias indicaron que para el momento del supuesto aporte las personas señaladas registraban sobregiros, moras y cheques vencidos en sus cuentas. Uno de esos fue Jhon Jairo Andrade Serrano, hermano del senador, quien figuraba con un aporte de 40 millones. Cuando la corte le puso de presente los balances en rojo de sus cuentas bancarias, el hermano del senador dijo que sacó de su casa la plata del aporte en efectivo y que eran ahorros personales.

Otra perla que halló la corte en las cuentas de la campaña fue un autoaporte. Andrade puso 36 millones de pesos de su bolsillo para su causa política “el 8 de marzo de 2006, esto es, al día siguiente del recibo de los primeros 150 millones” que le entregó el desfalcador de Cajanal. Todos esos hallazgos “llevan a la Sala a colegir que a la campaña del senador ciertamente ingresaron dineros ilícitos provenientes de Armando Cabrera Polanco”, concluyó la corte.

el giro de la corte

Pero un año después de haber llegado a tales conclusiones en virtud de los hallazgos que arrojaba su propia investigación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al calificar el sumario, hizo una “reflexión más depurada” y emitió un fallo que exoneró de todo a Hernán Andrade. La corte, contrariando sus propias pruebas y la valoración inicial de estas, precluyó uno tras otro los tres delitos por los que el senador estuvo encausado, justo cuando el abogado Gustavo Moreno, uno de los protagonistas de las llamadas interceptadas por la DEA, se hizo cargo de la defensa del senador.

Para justificar su voltereta la corte cubrió con explicaciones peregrinas varios de sus sólidos argumentos iniciales, eludió algunos más y simplemente desapareció otros. Por ejemplo: de argumentar que Cabrera era un conocido desfalcador, la corte pasó a admitir que Andrade “simplemente requirió de un préstamo de dinero de Armando Cabrera”, quien no tenía mácula sino que, por el contrario, era considerado una persona de bien. De acusar con evidencia la procedencia ilegal de la plata de Cabrera, la corte brincó a reconocer que “ser una persona acaudalada ‘per se’ no conlleva procedencia espuria de la fortuna”.

Para desvirtuar la extraña coincidencia de que varios aportantes de la campaña de Andrade movieron sumas de hasta 100 millones de pesos sin que se reflejaran en sus respectivos extractos bancarios, la corte admitió la explicación de que la inseguridad en Huila hizo común que la gente guardara tales montos en efectivo en sus casas, supuestamente para evitar que la guerrilla los extorsionara. Los señalados engaños en las cuentas presentadas al CNE se empezaron a ver como “inciertos” para calificar de falsa la conclusión anterior de que en los libros “se había incluido información contraria a la realidad sobre los aportantes”.

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En síntesis, la corte recubrió las pruebas con retórica farragosa para lograr dar una incompresible voltereta, y concluir que lo que era negro resultó blanco. SEMANA contactó al senador Andrade, pero este prefirió no pronunciarse. Dijo, una vez más, que lo hará ante la Corte Suprema cuando lo requiera.

Es claro que, en derecho, un “auto de resolución de situación jurídica” no es un veredicto. Y también es cierto que una investigación bien puede tener virajes a lo largo de su trámite. Sin embargo, todas las decisiones de los jueces deben estar juiciosamente motivadas, y el fallo de la Corte Suprema sobre el senador Andrade dejó más preguntas que respuestas. Las denuncias que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez en los últimos días con base en las interceptaciones de la DEA arrojan luz sobre lo que realmente sucedió.

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