Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 12/7/2015 1:00:00 AM

Tráfico de estupefacientes y hurto, los delitos que más se cometen en Colombia

Así lo demuestra un informe del Consejo Superior de la Judicatura que examina el funcionamiento del sistema penal acusatorio.

Conductas relacionadas con el narcotráfico y el hurto son los delitos que más han aquejado a la sociedad colombiana durante la vigencia del sistema penal acusatorio. Así lo demuestra un estudio elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura en el que se analiza el funcionamiento del sistema penal acusatorio.
 
Según el reporte presentado por el presidente de la Sala Administrativa de esa corporación, José Agustín Suárez, en el 2014 fueron investigados no menos de 78.000 casos en los que se imputó el delito de tráfico de estupefacientes y otras conductas. Producción, distribución y comercialización de drogas también fueron las conductas por las que más personas fueron juzgadas en Colombia durante el año anterior.
 
La Sala Administrativa del Consejo Superior elaboró un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema penal acusatorio. En él se puso en evidencia que las acciones criminales que más amenazan la tranquilidad de la ciudadanía son las que cometen las bandas de microtráfico y otros grupos delincuenciales dedicados a ese tipo de actividades. En segundo lugar están los delitos que normalmente cometen pandillas dedicadas a fleteo, raponazo y demás clases de robo.
 
Según esos datos, los jueces de control de garantías conocieron 78.000 procesos por tráfico de estupefacientes y otros delitos, lo que equivale al 20 % del total de procesos que fueron dirimidos por este tipo de despachos en el 2014. Eso indica que a lo largo del año anterior se adelantó igual número de investigaciones relacionadas con ese delito.
 
La ciudad en la que jueces y fiscales tuvieron más trabajo por la ocurrencia de delitos relacionados con la mafia de las drogas fue Medellín, donde se presentaron 20.000 casos que estuvieron a cargo de juzgados con funciones de control de garantías.
 
Al final, las actuaciones de los operadores con funciones de conocimiento se concentró, principalmente, en estos casos. De los juzgamientos que tuvieron lugar en Colombia el año anterior, el 13 % estuvieron relacionados con la participación de personas en el tráfico de sustancias ilícitas.
 
La segunda conducta punitiva que más alteró la tranquilidad de los ciudadanos fue el hurto. El informe también revela que el año anterior fueron conocidos por las autoridades penales más de 67.000 episodios de esa naturaleza. La actividad de los jueces de control de garantías se concentró especialmente en esos casos.
 
El año pasado, el 17 % de la labor de los jueces de garantías se ocupó de casos de fleteo, raponazo, cosquilleo, atracos y demás modalidades de robo. Además, el 9 % de los procesos que estuvieron en fase de juzgamiento durante el mismo período estuvieron relacionados también con casos de hurto, lo que demuestra la poca efectividad de las políticas de criminalidad para enfrentar este flagelo.
 
Bogotá fue la ciudad más asediada por los ladrones en el 2014. Sus jueces con funciones de control de garantías conocieron más de 17.000 de los 67.000 casos de hurto que fueron judicializados durante ese período, la cuarta parte de los reportados en todo el país.
 
A lo largo de los 12 meses del año anterior se iniciaron 25.000 procesos por inasistencia alimentaria, lo que ocupó el 7 % del trabajo de los juzgados de garantías y el 6 % de los de conocimiento. Además, se presentaron 17.000 casos de delitos sexuales, según lo dice el informe, que además revela que, de toda la labor de los jueces de conocimiento, ese mismo delito ocupó el 3 % de su trabajo.
 
En el análisis por ciudades el tráfico de estupefacientes y el hurto es la conducta más frecuente en sitios como Bogotá, Cali y Medellín. En las dos primeras el robo fue el que más alto impacto tuvo, pero en la capital antioqueña los mayores estragos los causaron las personas dedicadas al narcotráfico.
 
Terminación anticipada de procesos
 
De los más importantes avances para esta jurisdicción fueron los mecanismos de terminación anticipada de los procesos. El aparato judicial se ve beneficiado porque se evita un aporte mayor a la ya alta conflictividad y se ahorran miles de millones de pesos. Además, se termina alcanzando el objetivo de impartir justicia en poco tiempo. A cambio, los procesados ven reducidas de manera sensible las penas.
 
Según cálculos del Consejo Superior, entre el 2007 y el 2014 se han producido unas 327.000 condenas. De ellas, 213.000 fueron producto de aceptación de cargos por parte de los imputados y 67.000 más tuvieron lugar por oficio de los preacuerdos. En los más de 47.000 procesos restantes en los que se dictaron condenas los procesados mantuvieron la esperanza de vencer a sus acusadores hasta el final del juicio.
 
Eso significa que a lo largo de la vigencia de este esquema procesal en los últimos siete años en el 65 % de los casos ha habido allanamiento a cargos, lo que revela que en ese mismo porcentaje se ha evitado la conflictividad en materia penal, gracias al nuevo sistema.
 
Dado que el 20 % de los casos terminaron con la celebración de preacuerdos, en los cuales la Fiscalía negocia una rebaja de penas para el imputado que se declara culpable de los cargos, significa que el 75 % de las causas penales del nuevo sistema se han terminado anticipadamente.
 
Sólo el 14 % de quienes han sido procesados a través de la Ley 906 del 2004 en los últimos siete años se ha dado la pela de tratar de vencer en juicio a la Fiscalía, sin conseguirlo. Así lo demuestra el estudio del despacho del magistrado Suárez.
 
De las personas condenadas en el último año, el 45 % aceptó cargos, mientras el 33 % recibió sentencia luego de llegar a preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación.
 
Para que el lector se lleve una idea de los que cuenta la conflictividad penal en Colombia, el informe revela que –a precios del 2013- los procesos de esta jurisdicción tienen un costo promedio de 5.000 pesos diarios en tribunales y juzgados penales especializados, de casi 1.800 en los penales de circuito y de más de 2.200 en los penales municipales. Eso significa que un solo proceso penal que se adelante ante tribunales y juzgados penales especializados tiene un costo anual promedio de 1’800.000 pesos; el que se adelanta ante operadores penales del circuito cuesta cada año 657.000 y el que definen los juzgados penales municipales puede valer, a los largo de 12 meses, 803.000.
 
Al final, queda expuesta una preocupación latente por las altas tasas de criminalidad atribuibles a bandas narcotraficantes y, por supuesto, la frecuencia con la cual se presentan robos, sobre todos en las grandes ciudades. Alentadoras, eso sí, las cifras relacionadas con la terminación anticipada de procesos que le suponen a la justicia un ahorro importante en inversiones financieras y de trabajo y al procesado la reducción de su pena.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.