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| 10/28/2013 12:00:00 AM

El “blindaje” que busca Petro ante la CIDH

Abogados del alcalde presentarán en Washington una demanda contra el Estado colombiano por persecución política.

Ante las voces de las últimas semanas en el sentido de que se avecina un fallo en la Procuraduría derivado de presuntas irregularidades en el cambio de esquemas de basuras de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro pretende blindarse antes de que se presente lo inminente: una destitución.

Sus abogados viajaron este fin de semana a Washington para interponer este lunes 28 de octubre a las 8 de la mañana una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de que a finales de noviembre la Procuraduría haga pública su decisión.

Petro ha utilizado derechos de petición, demandas, tutelas, reposiciones, apelaciones y acciones populares para evitar su remoción del cargo, pero, hasta ahora, lo único que ha conseguido es dilatarla.

Sin embargo, el alcalde no se da por vencido e intentará la que se considera puede ser su última jugada: Demandar al Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La tesis principal de la demanda es que Petro “ha sido perseguido y se le han violado sus derechos políticos”. El alcalde mayor considera que sus derechos están en peligro ante las decisiones sancionatorias “todopoderosas” que por Constitución y ley están a la mano de la Procuraduría. Petro insiste en que la investigación en la cual podría ser sancionado es política, ya que no cometió irregularidades al cambiar el esquema de recolección de basuras de la capital.

Por su parte, la Procuraduría recalca que Petro violó la libertad de empresa y causó daños ambientales y sanitarios al quitarles las basuras a las empresas privadas y dárselas al Distrito.

Además de esto, Petro pedirá una indemnización por los perjuicios morales y materiales resultantes de “la persecución política de Alejandro Ordóñez”. El alcalde pasó de apoyar la elección del procurador en el 2008 cuando era congresista, a emprender una carrera para escapar de su alcance, y hoy considera que ha sido discriminado por sus ideologías políticas que difieren de las grandes mayorías que hacen parte del Gobierno.

Rafael Barrios, uno de los abogados del mandatario, se refirió a la demanda al indicar: “Pedimos que la CIDH ordene a la Procuraduría suspender la investigación que cursa contra el alcalde Petro por el nuevo esquema de aseo, de esa manera, se frenaría el fallo que el organismo de control dictará”. 

Barrios también espera que aproximadamente en un año el caso se vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.

El exalcalde de Bogotá Jaime Castro también opinó frente al tema al indicar que lo que Petro está haciendo no es algo nuevo. “Las Cortes han actuado ante organismos internacionales cuando a nivel nacional ya se han agotado todos los recursos judiciales. Ese ha sido también el camino, por ejemplo, de muchos de los condenados por el proceso 8.000”.

Para Castro, la diferencia radica en que Petro está recurriendo a la CIDH antes de que se agoten sus recursos. Está utilizando una especie de “tutela preventiva”, aseguró. Así mismo, indicó que el Alcalde tiene temor del procurador sobre todo si se tiene en cuenta que ha inhabilitado a 22 parlamentarios y a muchos alcaldes y gobernadores de departamentos importantes, como fue el caso del gobernador Juan Carlos Abadía en el Valle del Cauca.
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