Demanda de Uribe frena venta de Isagén

Tras cumplir con los requisitos solicitados por el Tribunal Superior de Cundinamarca para presentar la demanda, esa Corporación le dio vía libre a la acción popular instaurada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para frenar la venta -anunciada por el Gobierno- del 57 % de las acciones de Isagén S. A. E.S.P. Esa corporación emitió una medida cautelar que frena cualquier operación sobre la hidroeléctrica.

La demanda, de 26 páginas, interpuesta el pasado 8 de agosto, fue presentada por el abogado Guillermo Andrés Rodríguez, apoderado de Uribe. La acción administrativa está dirigida contra la Nación, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Rodríguez explicó que una vez presentaron las nuevas pruebas que pedía el tribunal, la demanda fue admitida y además se les concedió la medida cautelar que ellos en la acción popular solicitaron, por lo que queda frenada por completo cualquier intención de venta hasta que se conozca el fallo del Tribunal.

Con la demanda, Uribe y sus abogados buscan demostrar que la determinación de vender el 57,66 % del paquete accionario de Isagén, que pertenece al Estado, se habría tomado de manera irregular y sin estudios previos que permitan conocer el verdadero valor de la empresa.

En el escrito se le solicita al tribunal tomar diferentes acciones para que los demandados entreguen explicaciones relacionadas con el hecho de poner a la venta el paquete accionario el pasado 29 de julio, decisión tomada en un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Santos.

Según la demanda del expresidente, Isagén es una empresa que, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Hacienda, cuenta con 2.726 acciones, de las cuales 1.572 son del Estado.

En cuanto a utilidades, se destaca que en el 2010 fueron de 409.776 millones, para el 2011 ascendieron a 479.122 millones, mientras que en el 2012 disminuyeron a 460.903 millones.

También se resalta que en los últimos años se han girado 824.000 millones para inversión social e infraestructura. Monto que se perdería -según lo dicho en la demanda- si se ejecuta la anunciada venta.