Jueves, 30 de octubre de 2014

| 2013/05/23 00:00

Demandan la elección del magistrado Rojas

El Consejo de Estado definirá si es legal la elección del magistrado de la Corte Constitucional.

Antes de su posesión el magistrado recibió criticas por algunas actuaciones. Foto: Ilustración Semana.com

La elección del magistrado Alberto Rojas Ríos se ha convertido en una especie de ‘Watergate’ criollo. Claro que hay diferencia de fondo. Por ejemplo, en el escándalo norteamericano el presidente Richard Nixon tuvo que dejar la Casa Blanca, por la presión de la prensa, mientras que el jurista no se inmuta a pesar de la avalancha de publicaciones.

Allí sigue en el Palacio de Justicia, empezando a instalarse, tras su fugaz posesión en la Casa de Nariño que apenas tardó unos breves minutos.

El director de la Red de veedurías, Pablo Bustos, de nuevo enfila baterías para combatir las irregularidades que, según él, se presentaron en la elección del magistrado. Para los críticos es imposible que haya salido ileso de dos escándalos de gran calibre antes de su elección; el primero, por presuntamente recibir 500 millones de pesos por parte de una persona cercana al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y el otro, por al parecer apropiarse de una indemnización de una viuda en un proceso penal.

Semana.com tiene en exclusiva el texto de la demanda de 20 páginas, radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual está basada en dos causales por las cuales según Bustos tiene que declararse nula la elección del magistrado.

La primera causal indica una violación del artículo 232 de la Constitución, en el que deja sentados los requisitos para ser magistrado de las altas cortes, indicando que tiene que haber desempeñado cargos en la Rama Judicial durante diez años “con buen crédito y por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente”, precisa el texto.

En la página 8 se señala el documento que el magistrado Rojas “no ha ejercido la profesión de abogado con buen crédito, pues se ha visto envuelto en escándalos que dejan mucho que desear en lo que se refiere a sus calidades personales y profesionales, características que un servidor público debe detentar a la hora de desempeñar uno de los cargos de mayor importancia del país”.

La segunda causal expuesta en la demanda precisa que el Consejo de Estado violó el reglamento de la misma corporación, ya que la votación para la terna, según el artículo 45, tiene que ser secreta, y en este caso no fue así, como se deja claro en el acta número 7, del 6 de marzo del 2013. Allí se informa que la votación fue a pie, es decir, todos los magistrados hicieron público su voto ante los colegas.

Este es suficiente argumento para que Bustos considere que “este cambio en el sistema de votación indudablemente repercute en desmedro de la esfera íntima del elector, de forma que su independencia y autonomía se ven comprometidas, pues su decisión es conocida previamente por los demás colegas”.

En manos del Consejo de Estado está la posibilidad de admitir la demanda de la Red de veedurías que busca sacar del Palacio de Justicia al magistrado Rojas, o, por el contrario, dejarlo incólume con su período de ocho años que apenas comienza. Él, entre tanto, se mantiene sordo ante el inmenso ruido que gravita a su alrededor.

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