Polémica por límites a las millonarias demandas contra el Estado

Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,  actualmente están activos  393.851 procesos judiciales contra la Nación, cuyas pretensiones alcanzan $226 billones, casi el presupuesto general. Sin embargo, existe un  inminente riesgo de perder $102 billones de estas pretensiones en los próximos diez años, tal como lo calcula el Ministerio de Hacienda.
 
Las cifras pueden parecer escandalosas. En la última década, además, las indemnizaciones desembolsadas por el Estado se han incrementado casi que en un 400%.  Por ejemplo, en el año 2000 se cancelaron indemnizaciones por  $200.592 millones, mientras que solo en el 2013 se registró la escalofriante suma de $993.739 millones.
 
Son nueve las entidades estatales en las que se concentra el mayor número de indemnizaciones. El sector Defensa y la Policía han pagado $689.008 millones; la Fiscalía, $75.832 millones; El ministerio de Justicia, $44.688 millones; el de Hacienda, $37.416 millones; Transporte, con $32.476 millones; la rama judicial, $25.497 millones; Minas y Energía, $18.726  millones; organismos de control, 15.831 millones; y el sector agropecuario, $13.529 millones.
 
Las numerosas sentencias que se producen contra el Estado, casi a diario, se han convertido en un grifo abierto, o un desangre para los recursos públicos, sin que por ahora haya una fórmula para detenerlo.
 
El congresista Jaime Buenahora (la U)  cree haberla encontrado. Al señalar que  las indemnizaciones por la responsabilidad del Estado se han convertido cobros exorbitantes e injustificados, y que hay un negocio de abogados detrás de las demandas, propone reformar la Constitución para imponerles límites.
 
“En la actualidad, son miles los casos en los cuales, con base en demandas contra el Estado, se obtienen inmensos beneficios individuales, desproporcionados e injustos. Aun en los casos en los cuales el daño producido por el Estado y sus agentes es real, y la indemnización debe operar, la manera como vía jurisprudencial se regulan las tipologías de daño y sus montos, resulta en extremo onerosa y perjudicial para las arcas públicas, evidentemente en contra del interés general del Estado, o de la inmensa mayoría del cuerpo ciudadano”, asegura Buenahora.
 
Según el proyecto, el Congreso deberá regular cuáles son los tipos de daño que merecen indemnización, fijar sus montos, y establecer condiciones y limitaciones para las demandas.
 
“Se pretenden limitar las indemnizaciones por la responsabilidad del Estado, evitando así cobros exorbitantes e injustificados, como se ha venido presentando hasta la fecha”, dice el congresista.
 
Entre ellas, Buenahora plantea que la indemnización estuviere dirigida hacia las víctimas directas cuando se afectare su integridad física y psíquica, y respecto de las indirectas a los eventos de muerte de una persona y de incapacidad total y permanente de la víctima directa. Lo que suprimiría la posibilidad de reclamar daños morales por transmisión, o de carácter hereditario.
 
Asegura que las personas que tendrían derecho a esta indemnización serían solo: la víctima directa del daño,  sus padres,  sus hijos, su cónyuge o compañera permanente. De este modo se restringe la posibilidad de reclamar daños para los hermanos, abuelos, suegros y otros familiares o amigos de la víctima.
 
Aunque a la luz de las cifras la reforma podría justificarse, el congresista Germán Navas Talero dice que es un mico que le quieren colgar a la Constitución.
 
El representante del Polo dice que con el argumento de “detener el desangre de las finanzas públicas debido a la carencia de una apropiada defensa jurídica de sus intereses”, varios congresistas radicaron una iniciativa que busca limitar la responsabilidad estatal por los daños que este ocasione a sus ciudadanos.
 
Navas recuerda que la Constitución establece que el Estado debe reparar económicamente a quienes les genere -por acción u omisión- un daño específico. Pero que esta reforma pretende que por ley se establezcan límites, condicionamientos o exclusiones a la responsabilidad estatal.
 
Por eso la califica como otra afrenta contra los ciudadanos que están en su legítimo derecho de reclamar por daños causados por el Estado o sus agentes, pues se pretende limitar el derecho a las víctimas de acceder a la justicia.
 
Para el congresista del Polo lo que el gobierno debería hacer es combatir las razones por las cuales el Estado es sujeto de demandas y enfocar los esfuerzos en evitar que sus agentes, por acción o por omisión, sigan causando desproporcionados daños a la ciudadanía.

La polémica reforma se estrenará este martes en la Comisión Primera de la Cámara, donde se espera conocer la postura del gobierno y de los demás partidos políticos.