“La justicia es el chepito de los bancos”

Las falencias del sistema judicial en Colombia son tan delicadas, que desde hace varios años el tema preocupa a uno de los hombres más ricos del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Lo irónico es que mientras el banquero analiza cómo propone planes de choque para destrabar el aparato de justicia y de esta manera hacerlo más eficiente y confiable, desde otros sectores acusan a su gremio de ser uno de los culpables del trancón existente en los juzgados, en especial los civiles.

De acuerdo con cifras que manejan no sólo el Ministerio de Justicia; el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), que lidera el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny, cerca del 80 % de los procesos civiles son demandas hipotecarias que involucran a sólo 15 entidades del sector financiero.

Eso quiere decir que los 1.000 juzgados civiles que hay en todo el país manejan 800.000 demandas. Y según explicó recientemente la columnista Maria Elvira Samper, “el 94% de los casos o demandas, son resueltas a favor de los bancos”.

Si a ese panorama le sumamos la ineficacia judicial, el represamiento de expedientes (que ya se acerca a tres millones) y la falta de confianza de los colombianos en sus jueces, se entiende por qué el tema preocupa tanto. De hecho, en la fallida Reforma a la Justicia se intentó frenar la saturación de pleitos civiles dentro del sistema judicial, delegando en los notarios funciones para dirimir procesos ejecutivos.

Precisamente, en la más reciente Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, desarrollada por Dejusticia en 14 ciudades, se advierten esos dolores de cabeza. El estudio concluye que solo el 13 % de las personas que acuden al sistema judicial encuentra solución a su problema.

Y para echarle más sal a la herida, hace menos de un mes la Corte Constitucional tumbó una norma que buscaba frenar el abuso al sistema judicial con fines económicos, es decir, demandas civiles.

Se trata de la Ley 1653 del 2013, que modificó el polémico Arancel Judicial. La idea era cobrarlo de manera anticipada y no al final de los procesos como se ha hecho siempre; y por un monto equivalente al 1,5 % sobre aquellas demandas que superaran la pretensión de 120 millones de pesos. Con ese arancel el Gobierno calculaba recaudar 70.000 millones de pesos al año.

La Corte tumbó dicha Ley por considerarla inconstitucional, ya que “se crea una restricción económica de acceso a la justicia y al ejercicio de facultades protegidas por el derecho a la defensa (…)”, dice el fallo.

Ramiro Bejarano, uno de los abogados que demandaron la Ley, argumentó que si lo que el Gobierno quería era ponerle el tatequieto a los bancos, “debió crear un mecanismo para cobrarles sólo a ellos y no medir con la misma vara a todos los colombianos que acceden a la justicia civil”, dijo.

En el fondo, esa ley tenía como propósito frenar el supuesto abuso que los bancos hacen del aparato judicial. De acuerdo con el viceministro del ramo Miguel Samper, “el sector financiero usa todo el sistema judicial como mecanismo de presión contra sus clientes, pero como la mayoría de sus procesos son conciliados, se ahorran el arancel, que sólo se paga al final, si hay fallo”, explicó.

Esa misma percepción la tienen los trabajadores agremiados en Asonal Judicial, “convirtieron a la justicia en el chepito de los bancos, y gratis”, expresó Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal, al cuestionar que no usan herramientas conciliatorias antes de acudir a la justicia ordinaria.

No hay duda que los bancos son un blanco fácil para las críticas y más en temas tan sensibles como la aplicación de justicia a los deudores morosos. Por eso en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) le han dedicado tiempo y estudios al tema.

En el 2011 publicaron un informe titulado 'Costos y Eficiencia de la Rama Judicial en Colombia'. Ese informe, que hace comparaciones del sector con otros países, concluye que “no necesariamente quienes gastan más son los que más progresan en eficiencia operativa de la justicia a nivel internacional”.

Por algo el propio Sarmiento Angulo se atrevió a asegurar en su discurso del 2011, durante la asamblea de Anif, que “Colombia es la séptima justicia más lenta del mundo”. Pero olvidó mencionar que el gremio financiero hace parte del problema.