Demasiada justicia

ES IRONICO. PERO EN COLOMBIA HAY demasiada justicia, y sigue sin haber justicia. Estamos inundados de organismos que la imparten o la administran, y la confusión parece hoy ser más grande que nunca. Por cuenta de ello uno no sabe dónde empiezan las funciones de la Procuraduría y dónde terminan las de la Fiscalía, por qué está agarrada la Corte Suprema con la Constitucional, qué es el Defensor del Pueblo o hasta dónde debe meterse el Veedor en el manejo de los dineros del Estado y, sobre todo, para qué sirve el Ministro de Justicia.
A propósito de este último punto, no sé si hayan caído en la cuenta: ¿cuánto tiempo hace que al Ministro de Justicia no lo llaman de los medios para consultarle algo? Uno oye hablar al Fiscal, al Procurador, al Veedor, a los magistrados. Pero uno no oye al Ministro de Justicia, porque no hay nada, distinto del manejo de las cárceles -pero para eso está el director de prisiones- qué preguntarle. El Ministerio de Justicia se quedó sin funciones, y ha llegado la hora de pensar si está llamado a desaparecer de la organización estatal.
La Constitución le asigna la función de promover proyectos de ley, pero esa función es más apropiada para el Consejo Superior de la Judicatura. Incluso al Ministro de Justicia ya lo desbancaron del proyecto -actualmente en curso- de reformar el Código de Comercio, a cuya cabeza están el Ministro de Desarrollo y el Superintendente de Sociedades. La oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia se tropieza con una gemela en la Fiscalía, que sí funciona. Y el manejo de las notarías y de la oficina de registro no justifica, de verdad, el montaje de un ministerio. A todo esto se suma la dicotomía de las consejerías presidenciales, a las que se añade la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y si el Ministro de Justicia ya ni siquiera maneja la plata que alimenta los juzgados, que ahora depende de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, ¿para qué es que sirve el Ministerio de Justicia? También me parece que los celos de la Corte Suprema frente a la Corte Constitucional son totalmente justificados. Antes de la reforma, la primera tradicionalmente había ejercido muy bien su función de vigilancia constitucional. Pero nos dio porque la Constitución debería ser manejada por un ente autónomo, dizque porque así funciona en Alemania. A la Corte Suprema le quitaron su función de control constitucional, que nos había merecido el aplauso de muchos países, y la redujeron a simple tribunal de casación. En este momento, las dos Cortes son organismos antagónicos que se la pasan dando conceptos contradictorios, como en el caso reciente de la tutela.
Otro caos ocurre en la forma como el Consejo Superior de la Judicatura viene manejando los asuntos administrativos de la justicia. No hay sino que imaginar una empresa en la que las decisiones de comprar una resma de papel o mandar a pintar el baño dependiera de todos sus accionistas. Algo así ocurre allí: la compra de una máquina de escribir requiere que se pongan de acuerdo los seis magistrados de la sala administrativa. Pero si uno de ellos la quiere Remington y el otro IBM, sucede lo que está sucediendo cuando este tipo de decisiones las toma un cuerpo colegiado: que hay una paralización administrativa de la justicia colombiana.
Vamos más allá. Si el Veedor tiene su puesto en la cuerda floja porque se excedió en sus funciones, ¿sí se justificaba nombrar un señor y montar una oficina para vigilar que los dineros del Estado no se desvíen hacia las campañas políticas? ¿Acaso ese no es un delito que perfectamente cae en el espacio de las funciones de la Fiscalía o de la Procuraduría? ¿Y quién es el Defensor del Pueblo? Me dicen que un señor muy respetable que el otro día abrió por primera vez la boca para estar de acuerdo con el Gobierno nacional y con la Alcaldía de Bogotá, en que sería bueno indemnizar a los comerciantes que lo perdieron todo con el último carro bomba. ¿Se justifica nombrar otro señor y montar otra oficina para que esté de acuerdo con las decisiones del Gobierno central y local? Sin necesidad de tanto exceso de organismos, fíjense que con frecuencia nos encontramos a la Fiscalía y a la Procuraduría pisándose las mangueras en los mismos temas. Se han encontrado peleándose el protagonismo en asuntos como los auxilios, el Guavio, la cárcel de Escobar, etc., etc., etc. El paralelismo existe, aunque desde luego uno de los organismos tenga bajo su cargo los asuntos disciplinarios, y el otro los delictivos. Tan existe, que el pobre Procurador, que ya no sabe cómo llamar la atención de los medios ante el eclipse del Fiscal, ya no sólo se limita a hablar de más por la radio sino que ahora hasta toca piano.
Esta larga lista de organismos y de funcionarios que imparten justicia en Colombia contrasta con un país como los EE.UU., donde hay 249 millones de habitantes, y sólo el Departamento de Justicia para hacerlo todo. Además, vale la pena pensar cuánto le cuesta al Estado colombiano la seguridad que exige el cuidado de tantas cabezas visibles de la administración de justicia.
Como puede apreciarse, el de la justicia en Colombia no es un problema de defecto sino de exceso. Hay demasiada justicia, y sin embargo... hay tan poca. -