Martes, 24 de enero de 2017

| 2004/07/25 00:00

Demasiado prudente

El defensor del Pueblo, Volmar Pérez, parece más interesado en no pisar callos para asegurar su reelección que en liderar el tema de los derechos humanos.

Demasiado prudente

Hace un par de meses Volmar Pérez les contó orgulloso a sus colaboradores que el presidente Álvaro Uribe, quien deberá decidir en los próximos días si lo incluye en la nueva terna para el cargo, le había dicho que nunca se imaginó que iba a tener a un defensor del Pueblo tan prudente. Es cierto: Pérez es un hombre prudente. Quizás demasiado para su cargo, dado que la función del Defensor del Pueblo es velar por los derechos humanos en un país donde se violan constantemente. Su antecesor Eduardo Cifuentes incomodaba una y otra vez al gobierno con sus acciones. Sus investigaciones sobre el impacto de la fumigación de cultivos ilícitos, sus peticiones de acción del gobierno para proteger a los indígenas de las masacres, su juicio sobre el fracaso de las Fuerzas Armadas ante la alerta temprana de su oficina para prevenir la masacre de Bojayá por las Farc, su rechazo a otorgar facultades judiciales a los militares lo convirtieron en una piedra en el zapato. Sin embargo, cuando Cifuentes decepcionó al abandonar su cargo por un puesto en París, los conservadores aprovecharon la coyuntura para solicitarle al Presidente que nombrara a una persona afín a este partido, en reconocimiento al apoyo que le habían dado en el Congreso. Y así fue. El gobierno presentó una terna de menor perfil con un corte conservador y en una sorpresiva elección la Cámara eligió a Volmar Pérez defensor del Pueblo hasta septiembre. Pérez, abogado oriundo de Ocaña, había sido delegado de derechos económicos, sociales y culturales durante la administración de José Fernando Castro Caycedo. Cuando se eliminó ese puesto fue descendido a veedor de la Defensoría durante la administración de Cifuentes. Por ello no se esperaba su nombramiento como director. Su primera prueba de fuego se presentó recién posesionado. El presidente Uribe, en un discurso ante las Fuerzas Militares, acusó a algunas ONG de derechos humanos de ser idiotas útiles de los terroristas. Los representantes de estas organizaciones esperaron la reacción contundente del defensor a su favor, pero se quedaron frustrados con la posición endeble de Pérez. Después vino la presentación de la Ley de Alternatividad Penal, en la que se perdonaba de facto a los miembros de grupos armados que dejaran las armas y confesaran sus delitos. Si las víctimas anticiparon el liderazgo de su interlocutor natural como es el defensor, se quedaron con los crespos hechos. El defensor sólo se manifestó cuando fue invitado a ello durante las audiencias organizadas por el Congreso sobre el fenómeno paramilitar. Durante su intervención, aunque abogó por los principios internacionales de verdad, justicia y reparación sugirió diseñar "una propuesta normativa que, partiendo de un tipo penal básico que enmarque el accionar del paramilitarismo, permita el otorgamiento de beneficios judiciales, por ejemplo por la vía de los subrogados penales, desdeñe el otorgamiento de perdones generalizados y asigne responsabilidades individuales, las cuales deberán atender criterios internacionales y constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y colaboración con la justicia". Algo similar sucedió con la discusión del estatuto antiterrorista. Aunque intervino cuando fue citado al Congreso, guardó silencio durante el debate de la ley estatutaria que les concede facultades judiciales a los militares y restringe los derechos de los individuos. "Estamos esperando a que la Corte Constitucional falle para pronunciarnos", explicó Pérez a SEMANA. Algunos defensores de derechos humanos piensan que ya para entonces será demasiado tarde. Están molestos porque la Defensoría no ha sacado ninguna resolución para condenar las capturas masivas en las cuales han caído cientos de inocentes que son liberados tras pocas semanas. "Mi talante no es la confrontación sino el diálogo constructivo. Yo creo en la protección de los derechos humanos sin un protagonismo excesivo", se defendió Pérez, quien quizás por su especialización ha preferido hacer énfasis en temas menos espinosos. Dos de las cinco audiencias que ha realizado en los 10 meses de gestión han sido sobre educación: en abril realizó una y publicó una investigación sobre deserción escolar, y en una audiencia en Buenaventura sobre desplazamiento forzado prefirió darle énfasis a la educación. Las otras tres han sido sobre el humedal de Córdoba en Bogotá, una investigación sobre los servicios públicos en Santa Marta y una para denunciar la matanza de indígenas en Riosucio. Desafortunadamente, esta última fue un fracaso porque cuando llegaron los indígenas al auditorio lo encontraron militarizado. Los militares habían decidido transmitir la audiencia por radio de onda corta. Pérez calló y también los indígenas, quienes se negaron a hablar en ese ambiente. Pérez también ha presentado cuatro proyectos de ley estatutaria: uno para proteger el hábeas data, otro para regular la seguridad de los lugares de culto (archivado a último momento), otro para regular el hábeas corpus (devuelto por la Corte) y otro que creó un importante mecanismo de búsqueda de desaparecidos. Algunos creen que él ha preferido concentrar su labor en reaccionar a hechos humanitarios importantes como la liberación de los extranjeros secuestrados en la Sierra Nevada, la liberación de la monja acusada de asesinato o la masacre de campesinos en La Gabarra, y en pasar agachado frente a los temas espinosos para no arruinar su reelección. Y que para garantizarla les ha dado puestos clave a personas allegadas al círculo más íntimo de Uribe o de los representantes de la comisión primera de la Cámara, que decidirán su reelección. El nombramiento de Roque Conrado como delegado de políticas públicas ha despertado sospechas no sólo por su cercanía a Alonso Acosta, presidente de la comisión primera de la Cámara, sino porque su trayectoria como jefe de la oficina de control interno del Distrito de Barranquilla y subdirector de la Contraloría distrital no parece la más idónea para fijar políticas de derechos humanos. Lo mismo respecto al nombramiento como delegado de Acciones y Recursos de José Francisco Delgado, pariente del representante Eduardo Enríquez Maya; de Diego Gaviria, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, como coordinador de capacitación de defensores públicos; de la delegada de Antioquia, Sandra María Rojas, cercana a Tulio Elí Chinchilla, amigo de universidad de Uribe; del ex senador Gustavo Guerra como consultor de un proyecto de cooperación con Italia y de Pablo Hernando Rodríguez, ex secretario privado del primer vicepresidente de la Cámara hasta hace unos días, para hacer un diagnóstico durante tres meses sobre los requerimientos de cooperación internacional en las regionales y seccionales. El defensor explicó a SEMANA que los vínculos de estas personas con políticos o con el gobierno son una coincidencia, pues todos son idóneos. Conrado, por ejemplo, tiene tres especializaciones en derecho y conoce a fondo la administración pública y Delgado fue decano de derecho de la Universidad de Nariño. "Queremos también tener gente que conozca la región y no sólo que lleguen con títulos académicos", dijo Pérez. Para probar que no le interesa politizar la Defensoría, Pérez destacó la investigación de la Procuraduría y de la Red de Veedurías, en la que consta que el defensor sólo ha cambiado al 5 por ciento de los 1.200 defensores públicos, muy apetecidos por las decenas de congresistas que todos los días lo visitan, como antes a sus antecesores, con las hojas de vida de sus candidatos. Ojalá que sea así. Porque un país como Colombia, donde las minorías y las víctimas de la guerra carecen de una vocería fuerte, no puede darse el lujo de tener un defensor de bolsillo ni uno que no inspire el suficiente respeto. La dignidad que le imprima a su cargo es su único activo pues sólo cuenta con el peso de su palabra.

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