Sábado, 21 de enero de 2017

| 1983/08/08 00:00

¿DEMOCRATIZACION, NACIONALIZACION O RESCATE?

Muchos interrogantes deja la operación del Banco de Bogotá, al recibir sus accionistas 5.800 millones del gobierno

¿DEMOCRATIZACION, NACIONALIZACION O RESCATE?

Sin duda alguna fue un duelo de titanes. Dos de los grupos económicos más poderosos del país se enfrentaban en una pelea a muerte por el control de un banco, que uno de ellos había tenido tradicionalmente y que el otro aspiraba a quitarle. El banco era, ni más ni menos, uno de los dos grandes del país. Y, en momentos en los que la actividad financiera se desviaba peligrosamente de sus propósitos tradicionales, sembrando las semillas de la gran crisis que tardaría poco en explotar, el Banco de Bogotá tenía fama de ser uno de los pocos islotes donde aún se respiraba un ambiente de prudencia y de ortodoxia bancaria. El grupo que lo había controlado tradicionalmente era el consorcio Seguros Bolívar-Cementos Samper, y el hombre a la cabeza de éste, José Alejandro Cortés, el mayor accionista y presidente de Seguros Bolívar. Teniendo en cuenta que controlaba uno de los cinco grupos más poderosos del país, la personalidad de Cortés distaba mucho de la del prototipo de los hombres que manejan grandes imperios financieros. De 52 años, una personalidad tímida, reservada y extraordinariamente amable, ocultaba un temperamento ejecutivo singularmente eficaz. Nada parecía interesarle menos que los grandes juegos del poder. Su éxito se reflejaba claramente en el grupo Bolívar, que se caracterizaba por una sana administración y una eficiente concentración del poder en gran parte voluntaria, fenomeno extraño en el mundo de los grandes conglomerados. Su contrincante en este duelo financiero era Luis Carlos Sarmiento, identificado con el manejo del Grupo de Occidente. Difícilmente se podían encontrar personalidades más disímiles que los dos protagonistas de este episodio. Sarmiento, con la energía de un buldózer y una inteligencia de computador, construyó en menos de veinte años un emporio financiero basado inicialmente en la construcción que habría de extenderse posteriormente a las finanzas. Trabajador infatigable, aún a estas alturas supervisa hasta el más mínimo detalle de las actividades bajo su responsabilidad, y muchos de los que lo conocen de cerca no vacilan en calificarlo como "el más dinámico ejecutivo del país"
Su acelerado ascenso a las grandes ligas financieras lo había convertido en el más pujante de los nuevos grupos, lo que hizo que su aspiración de tomarse uno de los grandes baluartes del establecimiento bancario fuera vista con reticencia por algunos sectores. Las intimidades de esta batalla de poder (ver próximo artículo), podían constituir materia prima para un bestseller norteamericano. Menos ameno, sin embargo, fue el resultado en el ámbito de la realidad colombiana de comienzos de los años ochenta, cuando el desenlace de este capítulo amenazó en convertirse en el último empujón que faltaba para que se derrumbara el sector financiero. Después de una "vacaloca" financiera llena de ofensivas y contraofensivas cuyo costo total superó los diez mil millones de pesos, el control del banco acabó precariamente en manos de sus detentores originales. El resultado, lejos de ser un cambio de poder, fue el desangre económico de dos grupos que apenas la víspera ostentaban la mayor solidez y cuya estabilidad quedaría en juego desde ese momento.

ENTRA EL GOBIERNO
En medio de la incógnita sobre el desenlace de esta confrontación explotó la crisis del sector financiero. Semana tras semana se derrumbaban pequeños bancos y corporaciones como si fueran castillos de naipes. Finalmente la quiebra del Banco Nacional y el pánico en el Banco del Estado obligaron al gobierno a tomar el toro por los cuernos. Utilizando las facultades de la emergencia económica se expidieron una serie de medidas, entre ellas un decreto destinado a democratizar el sistema financiero. En él se determinaba que ninguna persona natural o jurídica podría poseer, cumplidos cinco años a partir de 1983, mas del 20% del total de cualquier institución financiera. Pese a sus loables intenciones, hasta ese momento la viabilidad operativa de las medidas era nula, lo cual llevó a muchos a opinar que todo se reducía a un llamado moralizador del gobierno. Siete meses más tarde, ante la prolongación de la crisis financiera, el gobierno decidió crear mecanismos para que la medida pudiera ser aplicada en la práctica. El Banco de la República abrió un fondo de diez mil millones de pesos provenientes en su totalidad de emisión. Los dineros estaban destinados a financiar la compra de las acciones existentes en el mercado, o aquellas resultantes de nuevas emisiones, de tal manera que se lograra desconcentrar y capitalizar simultáneamente. Ninguna persona podría adquirir más de un 3% de las acciones en circulación de un banco, exceptuando las entidades oficiales. La negociación se llevaría a cabo mediante un proceso de fideicomiso, según el cual quienes estuviesen dispuestos a vender acciones podían llevarlas a la sección fiduciaria de un banco que les entregaría inmediatamente hasta un 80% del valor de las acciones y se encargaría de financiar a los compradores. Mientras las acciones no sean vendidas, el dueño de ellas pagará un interés anual equivalente a los dividendos que éstas produzcan, y un funcionario nombrado por el gobierno los representará en la junta directiva del banco.

SURGEN LOS INTERROGANTES
Conocidas las medidas por la opinión pública, surgió de inmediato un triple interrogante respecto a los objetivos del gobierno. ¿Se buscaba tan sólo democratizar la banca, se quería extender un proceso ya iniciado de nacionalización, o se trataba tan solo de un simple rescate de entidades financieras que habían salido mal libradas de batallas especulativas?
En concreto,se decía que los diez mil millones de pesos no eran suficientes para llevar a cabo una democratización global, por lo cual el fondo podía tener nombre propio. También se alegó que el gobierno, en lugar de vender, aprovechando la baja demanda que podían tener estas acciones por poca rentabilidad, podía perpetuar su control en las juntas directivas, llevando a cabo una nacionalización velada. Finalmente, quienes consideraban que esto equivalía a un rescate, opinaron que ello constituía una discriminación contra entidades no cobijadas por el fondo, particularmente pequeños grupos que ya habían caído.
Ninguna de estas inquietudes se disipó cuando se dieron a la luz pública los detalles sobre cómo fueron aplicados esos mecanismos en el casa del Banco de Bogotá, el primer beneficiario de los recursos del fondo; en primer lugar, el monto total de la operación, 5.800 millones de pesos, se llevaba cerca del 60% del total del fondo. El precio de la acción, 150 pesos, parecía muy por encima del precio de bolsa comparado con los otros bancos. ¿Quién invertiría en acciones cuya rentabilidad es del 7.8%, cuando ya no existen los beneficios de autopréstamos y mecanismos similares que le otorgaron su gran rentabilidad a la banca en el pasado? A estas reservas se sumaban muchas otras pequeñas de aspectos operativos y mecánicos, las cuales hasta hoy son objeto de controversia. (Ver recuadro).
Mientras en todos los círculos económicos no se hacía sino discutir la operación, más que todo en términos críticos, los políticos y los medios de comunicación se abstenían de tocar el tema. Presumiblemente se trataba de un cierto temor de entorpecer la negociación, lo cual, en las actuales circunstancias, podía tener enormes implicaciones. El hielo lo rompió inicialmente el ex presidente Carlos Lleras Restrepo en un artículo que fue considerado por muchos como tímido o complaciente. Negando la interpretación de la nacionalización y aceptando la del rescate, el ex presidente procede a darle su bendición al arreglo planteado.
Ni tímido ni complaciente fue considerado el editorial de El Tiempo del 6 de julio. Atribuído al sub-director Juan Manuel Santos Calderón, el escrito recoge en forma elocuente los interrogantes que circulaban, dejando al descubierto la vulnerabilidad de la fórmula.
El editorial causó gran impacto en la opinión pública, particularmente el párrafo final, en el cual se planteaba la siguiente pregunta: "¿Hasta dónde es conveniente utilizar los dineros de los contribuyentes para rescatar una serie de grupos económicos que, por mala administración, malos manejos, o por un apetito desmedido de concentrar poder económico, están hoy en día al borde de la quiebra? En otras palabras, ¿puede seguir el país socializando las pérdidas e individualizando las ganancias?"
Lo que el editorialista llamaba "mala administración" o "malos manejos" constituía punto neurálgico del problema. En la práctica esto se refería a que en la medida en que la puja por el control del banco se volvía irracional, los participantes se vieron obligados a recurrir a cuanta fuente de liquidez hubiera a la mano, muchas veces haciendo caso omiso de disposiciones legales vigentes. Concretamente fueron acusados de violar el artículo 1o. del decreto 2388 del 76, que prohibe la utilización del ahorro privado para la compra de entidades financieras.
Según un documento de la Superintendencia bancaria, el Grupo Bolívar, además de haber autorizado sobregiros a una filial por más de mil millones de pesos, prestó a otras empresas no necesariamente filiales del grupo, recursos que fueron destinados exclusivamente a la compra de acciones, en operaciones que se acercaban a los 400 millones de pesos. Por otro lado, se alegó que se desviaron recursos de un crédito externo para minería por varios millones de dólares, que acabaron también siendo invertidos en la negociación. La defensa del Grupo Bolívar fue que se vio obligado a recurrir a situaciones de hecho, más que de derecho, dada la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. En cuanto a los créditos, tanto internos como externos, aclara que las operaciones se hicieron a intereses comerciales, con garantía real y que fueron pagados oportunamente. Aun cuando técnicamente puede haber algunas irregularidades, estos argumentos fueron tácitamente aceptados por el gobierno, el cual parecía inclinarse porque el Banco permaneciera en manos del Grupo Bolívar, dada la sana tradición administrativa que tenía, sumada al hecho de que Sarmiento de por sí ya controlaba otro banco, lo cual representaría una concentración aún mayor del poder financiero.
Aun cuando SEMANA no pudo obtener datos concretos respecto a los fondos utilizados por el Grupo de Occidente, se puede deducir que éste incurrió en irregularidades por lo menos comparables si se tiene en cuenta que el monto de las sanciones hasta ahora aplicadas a éste es superior. Interrogado sobre estas acusaciones de autopréstamos, Sarmiento responde que "no hay que confundir un autopréstamo con un "robo-préstamo"; el primero puede ser a un accionista de un banco, pero es en términos comerciales, con garantía real y se paga. El segundo es simplemente "volarse"" con la plata de los accionistas". A pesar de lo convincente de la frase, ésta parece constituir también una justificación más de hecho que de derecho.
Es indudable que la fórmula utilizada por el gobierno en el caso del Banco de Bogotá tiene grandes limitaciones. A pesar de que tanto el gobierno como los beneficiados niegan que se trate de un rescate, es evidente que los primeros beneficiarios no serán los compradores de las acciones sino los vendedores de éstas. Más significativo aún es el hecho de que en realidad no se está salvando al Banco de Bogotá, que aisladamente no parece estar atravesando ningún problema, sino a los dos grupos financieros que hoy lo controlan que si han visto amenazada su estabilidad. Lo que se ha presentado a la opinión pública como un apoyo al sistema financiero, puede ser interpretado en cierta forma como un apoyo a grupos industriales. Se podría argumentar, sin embargo, que el gobierno también se ha visto obligado a actuar frente a situaciones de hecho y que ha tenido que hacer concesiones que obviamente no constituyen fórmulas perfectas. Aun cuando parecería injusto haber permitido la quiebra de otras entidades o grupos, mientras que en este caso se apoyan, la realidad es que el sistema financiero colombiano puede sobrevivir sin el Grupo Santa Fe o el Grupo de la Roche, para citar dos ejemplos, pero no sin el Banco de Bogotá. El debilitamiento o la nacionalización de esta entidad, a lo que hipotéticamente se podría llegar si se agravan los problemas financieros de sus actuales dueños, no representaría el fin de un banco privado sino el fin de la banca privada en Colombia. De ahí que cualquier acusación de nacionalización velada carece de fundamento, puesto que lo que se hizo fue buscar una fórmula alternativa a lo que eventualmente podía ser una nacionalización.
Por otro lado, el caso del Banco de Bogotá no puede ser juzgado aisladamente, sino como parte de un problema global al que se enfrentó el gobierno cuando tomó el poder el 7 de agosto de 1982. En ese momento, el sistema financiero se hallaba en ruinas como consecuencia de la institucionalización de prácticas y de abusos que se desviaban de la ética bancaria tradicional. El gobierno tenía entonces como su principal responsabilidad la recuperación de la credibilidad en las instituciones financieras ante la opinión pública. Esto no permitía una solución global y fue necesario adoptar diferentes clases de medidas para diferentes situaciones. En el caso del Banco Nacional se diseñaron unos mecanismos de compensación parcial de depósitos, que están muy lejos de constituir una solución justa o adecuada para los inocentes ahorradores. En el caso del Banco del Estado, se procedió a la nacionalización, la cual, aunque protegió totalmente los depósitos a sus usuarios, le causó enormes perjuicios económicos a sus propietarios y dejo flotando el fantasma del proceso de nacionalización con las secuelas de diverso orden que esto implica. No más justo es, aisladamente, el tratamiento que se le dio al Banco de Bogotá donde, aunque quedaron protegidos tanto propietarios como ahorradores, se observó un tratamiento preferencial que bien pudiera tildarse de discriminatorio. Sin embargo, lo paradójico de todo es que, aun cuando las fórmulas individuales adolecen de serias limitaciones el objetivo global se logró: hace un año en Colombia se había perdido la fe en el sistema financiero. En este momento está en vías de recuperación.

EL DUELO DE TITANES
Mucho se ha hablado sobre la batalla por el Banco de Bogotá, pero pocos conocen usus intimidades. SEMANA resume para sus lectores la forma como se efectuo la operación.
Hasta 1979, el mayor accionista del Banco de Bogotá era el consorcio Samper-Bolívar, que tenía acciones equivalentes a un poco menos del 30 por ciento del total. El banco tenía otros accionistas importantes incluyendo Colseguros además dé otros miles de pequeños accionistas. En general, existía un equilibrio en su composición accionaria, que durante años había funcionado armónicamente. A finales de 1979, el hombre de negocios vallecaucano Eduardo Holguin realizó un trueque con Jaime Michelsen Uribe, consistente en cambiar un paquete de acciones del Banco de Bogotá que Michelsen, tenía, por un paquete del Banco de Colombia que poseía Holguín. Con esto el grupo Mayaguez, representado por Holguín, pasó a tener el puesto en la Junta Directiva del Banco. Posteriormente este grupo fue aumentando silenciosamente su participación hasta llegar a tener 14 millones de acciones del total de 85 que tiene la entidad.
En mayo de 1981 se cerró una negociación por medio de la cual el grupo Mayaguez le compraba a Colseguros siete millones de acciones, a cien pesos cada una. Convertido en esta forma en el accionista individual más grande del banco los accionistas mayoritarios tradicionales, representados por José Alejandro Cortés y Jorge Mejía Salazar, le propusieron a Holguín que les cediera la mitad de los siete millones de acciones de Colseguros, con el objeto de no romper el equilibrio tradicional. A cambio te esto se le ofrecieron algunas concesiones, entre otras la de que no se harían nuevas emisiones de acciones. A pesar de ello en la primera junta celebrada con pósterioridad a este acuerdo en el mes de julio, se determinó que, dadas las exigencias para capitalizar al banco en sus inversiones en el extranjero, era inevitable hacer una nueva emisión. Este incidente, sumado al hecho dé que el banco no aprobó fácilmente una solicitud de crédito por valor de cien millones de pesos del grupo Mayaguez, llevó prácticamente a un rompimiento de relaciones entre Holguín y el resto de la junta.
Como consecuencia de este ambiente de discordia, Holguín comenzó a considerar seriamente la posibilidad de retirarse del banco. En ese momento, su amigo el inversionista Byron López le manifestó que estaba en condiciones de conseguir un comprador para las 17.5 millones de acciones que él tenía, por valor de cien pesos cada una. El comprador era el constructor y financista Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del grupo de Occidente, a quien López habíá ayudado a diseñar una estrategia para adquirir el control del banco. Esta consistía básicamente en que teniendo en cuenta que las 17.5 millones de acciones de Holguín se podían obtener por un costo de 1. 750 millones de pesos, no era necesario sino adquirir diez millones de acciones más, también a cien pesos para obtener en la práctica el contról del banco. En esta forma, la transacción tendría un costo total de 2. 750 millones de pesos, una absoluta ganga en aquél entonces, por el predominio en uno de los dos grandes bancos del país.
Sin hacer público quién era el verdadero comprador, y suponiendo muchos que se trataba de Holguín, López comenzó a comprar cuanta accion estuvíera al alcance de su mano, logrando el magnífico resultado de obtener seis millones entre 60 y 90 pesos, alcanzando así un total de 23 millones de acciones para Sarmiento. El control del banco se veía a la vuelta de la esquina.
Fue ahí donde comenzó la verdadera defensa del grupo Bolívar. Para éste, lo grave no era tanto que se tratara de lo que ellos consideraban un "zarpazó", sino de un zarpazo anónimo, en el sentido de que nadie sabíá con certeza en manos de quién podía acabar el control de una de las entidades más importantes del país. Utilizando los servicios de la firma "Corredores Asociados", el Grupo Bolívar comenzó a comprar cuanta acción estuviera disponible en el mercado dando así lugar a la puja irracional de precios que habría de ser el origen del problema al que hoy se enfrentan los protagonistas. La cotización de la acción subía vertiginosamente. Cerró primero a 114 pesos, luego a 142, después a 170, y posteriormente 196, 210, hasta llegar a la, exorbitante cifra de 450 pesos. Una acción que escasamente un año antes se había vendido a 60 pesos, había multiplicado su valor cerca de ocho veces, enriqueciendo de paso a centenares de pequeños accionistas. En ese momento las fuerzas de los dos grupos eran aproximadamente paritarias en cerca de 35 millones de acciones cada uno. Dada la gravedad de la situación, se decidió hacer un pacto para bajar la acción a 200 pesos, acordando que cada una de las partes compraría la mitad de las que estuvieran disponibles. A estas alturas el gobierno decidió intervenir y la Comisión de Valores suspendió la acción del mercado. Se presentó ahí un curioso incidente: el último día de transacciones en bolsa se estaba haciendo una transferencia de seis millones de acciones entre dos filiales del Grupo Bolívar cuando se produjeron simultáneamente dos gritos: uno del presidente de la rueda aprobando esta operación a nombré del Grupo Bolívar, y otro del corredor Humberto Jiménez de la firma Valores Integrados ofreciendo un precio de 215 pesos, a nombre del grupo Occidente.
Como la presidencia de la rueda había considerado la primera operación válida, Jiménez la demandó alegando que la cámara de la bolsa que normalmente juzga estos casos, estaba inhabilitada para hacerlo en esta oportunidad, por estar integrada por corredores que algún interés tenían que poseer en una transacción de estas magnitudes. Se integró entonces un tribunal compuesto por personas que no fueran corredores y del veredicto de éste dependeríá en manos de quién acabaría el Banco de Bogotá. El tribunal falló a favor de Corredores Asociados y el Grupo Bolivar. Con algunas compras de acciones que se hicieron por fuera de bolsa tan pronto se suspendió el mercado de la acción, el resultado final de este duelo fue que el Grupo Bolivar se quedó con el 50% de las acciones y con tres miembros en la junta, y el grupo Sarmiento con 48 % y con dos. Entre los dos se habían gastado cerca de 11 mil millones de pesos; el ganador, si así pudiera llamarse a alguien en esta confrontación, había invertido cerca de cuatro mil y el perdedor cerca de siete mil. Aun recibiendo 150 pesos por acción, del Fondo de Democratización, ambos incurrirán en cuantiosísimas pérdidas.
LOS INTERROGANTES
Muchos son los interrogantes que se han formulado sobre diversos aspectos del funcionamiento del Fondo de Democratización. SEMANA hace aclaraciones sobre algunos de éstos .
P.: ¿Alcanzan los 10.000 millones de pesos?
R.: También se ha dicho que los 10.000 millones de pesos son un manto claramente insuficiente para llevar a cabo una democratización global y prueba de esto es que la operación del Banco de Bogotá se lleva más del 60% de los recursos. La demanda que se ha presentado contradice lo anterior. Hasta ahora, tan sólo se han presentado solicitudes sólidas por parte del Banco Tequendama, del Banco de los Trabajadores y del Banco Colombo Americano y los requerimientos sumados no son más de $ 700 millones. Se ha mencionado la posibilidad de que recurran al Fondo el Banco del Comercio y el Comercial Antioqueño y de utilizarse como base de la operación el precio en bolsa los 3.500 millones de pesos restantes probablemente podrían cubrir estos dos casos.
P.: ¿Qué pasa al final de los cinco años?
R.: Si al final de los primeros años los propietarios de las acciones han cubierto el valor de sus anticipos, el Fondo podrá renovarse por períodos de cinco años en cinco años, hasta llegar a veinte años. Si no se pagan los anticipos, los propietarios incurrirán en unas multas retroactivas equivalentes al interés comercial.
P.:¿Qué pasa si no hay demanda a $150?
R.: Se ha considerado que el precio de 150 no va a generar demanda por la acción pero el error cometido es considerar que la acción se vende a 150 o no se vende. Esto es falso, si la acción cae, se vende al precio que caiga asumiendo los propietarios origináles la pérdida que esto implique.
P.:¿No es excesivo el precio de $150?
R.: El concepto de que $ 150 es un precio alto, puede ser también un error, si no se toma en consideración que con un interés del 18% anual, 3 años de Plazo. uno de período de gracia y asumiendo el ritmo de inflación similar al de los últimos dos años, el valor presente neto de la acción, fácilmente llega a ser inferior a $100, la cual necesariamente dará su rentabilidad.
P.:¿Sobre qué precio de la acción se calcula la negociación?
R.: Existen tres posibles estimaciones para el precio de una acción. El primero, precio intrínseco en libros ($ 128 en el caso de Banbogotá) se calcula sobre el diferencial de los activos contra los pasivos estimándolos con base en los datos del último balance. El segundo, precio intrínseco comercial ($ 150 para Banbogotá), se calcula con base en este mismo diferencial pero actualizando a la fecha, todas lós activos y los pasivos. El tercero es el precio de bolsa ($150), se determina por la interacción de la oferta y la demanda bursátil de acciones. Debido al estancamiento del mercado de estas acciones en los últimos meses, se dice que la correccion de 150 en bolsa es un precio que ha sido mantenido artificialmente alto por los propietarios del banco, para evitar pérdidas en negociaciones futuras. Pero, el precio sobre el cual les será entregado el 80% de anticipo a los accionistas, es el más bajo, o sea el precio intrínseco en libros que equivale a 128 pesos.
P.: ¿No es el rendimiento demasiado bajo?
R.: Otro de los argumentos que se han presentado para estimar una demanda deficitaria es la baja rentabilidad presente de la acción, 7.8%, comparada con el costo normal del dinero, y aún con el interés subsidiado que se les dará a los compradores. No se puede comparar la rentabilidad de una acción, directamente, con la de un papel de renta fija, ya que en la primera es necesario incluir la posible ganancia por valorización, que no aparece, en el mencionado 7.8 %. Sin embargo, en el momento en que se emitan nuevas acciones, tal ganancia por valorización puede desaparecer. También hay que tener en cuenta que tradicionalmente la rentabilidad de las acciones no ha sido sustancialmente superior a un 10 o un 15 %, e inclusive fue normal en la década de los setentas observar rentabilidades de menos del 5%.
P.: ¿Cómo puede ser tan diferente el valor total de bancos relativamente comparables?
R.: Respecto al precio de la acción, también se ha considerado que 150 pesos es excesiva, si se compara con otros grandes bancos, de iguales a mayores activos, cuyas acciones en algunos casos tienen precios inferiores a los diez pesos. Aquí se presenta un problema, y es que se están confundiendo precios nominales con precios reales, los precios inferiores a 10 pesos; no tiene por objeto llevar a cabo ningún tipo de transacción, por lo cual no se calculan sobre activos reales. Estos precios buscan fundamentalmente minimizar un pago fiscal. No se puede olvidar que los precios de las acciones son manipulables tanto para arriba como para abajo.

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