Los inquilinos indeseados de la Hacienda Bellacruz

Desenredar el lío de tierras alrededor de la hacienda Bellacruz, hoy conocida como La Gloria, es una maraña que de vez en cuando ocupa la atención de los tribunales judiciales del país. En esta ocasión fue una denuncia por parte de la Unidad de Restitución de Tierras la que atrajo la atención pública acerca de la identidad de los nuevos dueños del predio que ocupa una buena porción de los departamentos de Cesar y Bolívar, y del que centenares de campesinos han tenido que salir desplazados por la violencia del conflicto armado que azotó la zona.

A mediados del año pasado, la Corte Constitucional emitió un fallo histórico que prometía zanjar la pelea de dos décadas por esta tierra. La decisión ordenaba echar para atrás dos resoluciones del Incoder e iniciar un proceso de restitución para las familias que fueron despojadas en el año 1996 por los paramilitares de Juan Francisco Prada Márquez, mejor conocido como Juancho Prada. Los propios paramilitares de las AUC unieron sus voces a las de las víctimas para denunciar que habían incursionado en el sector por orden del exembajador y exministro Carlos Arturo y su hermano Francisco Alberto Marulanda Ramírez, pero la versión no prosperó en justicia.

Con el tiempo, la familia Marulanda vendió las 9.000 hectáreas que conforman la hacienda al presidente de Avianca Germán Efromovich. Sin embargo, por orden de la Corte, 1.200 de esas hectáreas fueron consideradas como terrenos baldíos que tendrán que ser regresadas a los campesinos despojados por la violencia.

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Cuando parecía que el pleito llegaba a su fin, apareció una nueva sombra dentro del procesos. El jueves 15 de junio de 2017, la Unidad de Restitución de Tierras denunció que por lo menos 40 de las 210 familias que solicitaron restitución de los terrenos en la zona no habrían sido desplazados en los hechos de 1996.

El director de la Unidad, Ricardo Sabogal Urrego, aseguró que se trataría de una maniobra generada por el representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol) en 2010 para exigir recursos que no le correspondían. "Los reclamantes desenmascarados nunca explotaron terrenos de la hacienda Bellacruz y jamás han salido de la zona" dijo.

Frente a la batalla legal que se avecina, será la Fiscalía General de la Nación la que será encargada de revisar las acusaciones y presentar al juez los resultados de su investigación. 

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Uno de los que tendrá que responder a las acusaciones es Fredy Rodríguez Corrales, campesino oriundo de Celaya y representante de Asocol, quien al ser consultado por SEMANA aclaró que había interpuesto denuncias por el desplazamiento forzado del que afirma haber sido víctima desde 1997 en el Consejo Municipal de Celaya y en la Personería Distrital de Bogotá.

Con estos documentos y las declaraciones de los paramilitares que invadieron la vereda Casablanca -ahora conocida como Caño Alonso- en la que aparentemente vivieron la mayoría de los 40 campesinos cuestionados por falsear sus testimonios, Rodríguez Corrales asegura que probará su inocencia e interpondrá una demanda contra la Unidad de Restitución de Tierras por el agravio que la causó con la denuncia pública.

Con esta acusación se abre un nuevo capítulo de la saga de la Hacienda Bellavista o La Gloria, donde la denuncia hecha por la Unidad de Restitución de Tierras en contra de los nuevos inquilinos indeseados desatará su propio round en la justicia.

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