El polémico Emilio Tapia de quien la Revista SEMANA conoció declaraciones sobre la contratación en Bogotá en la cual él salpicó a varios concejales de la capital, fue denunciado penalmente por detrimento patrimonial por la Red de Veedurías Ciudadanas.
 
Para uno de los voceros de la red Pablo Bustos la responsabilidad de Emilio Tapia va más allá de la simple relación con los hermanos Moreno Rojas ya que se estableció que firmó documentos.

Ante la Fiscalía, la Red de Veedurías Ciudadanas presentó la documentación en la que se indicó que Tapia tuvo una participación irregular en un contrato de renovación en el parque San Victorino en el centro de Bogotá. "Eso generó una afectación patrimonial al Distrito por 15.000 millones de pesos", señaló Bustos.

Adicionalmente se entregaron pruebas de otros contratos en departamentos como Boyacá, Caldas y Cundinamarca en los cuales aparentemente Tapia desvió recursos e incumplió obras. Estos por valor de 6.000 millones de pesos.

Los cargos por los que se pide que se investigue a Tapia son por celebración el lleno de los requisitos legales, concierto para delinquir y enriquecimiento sin causa.

A la red de veedurías no le queda duda de que Tapia no sólo fue un intermediador de grandes contratos, también participó de ellos como contratista.

"Para nosotros existe preocupación porque los capos del cartel de la contratación no están tras la rejas enviamos una alerta sobre este tema", resaltó Bustos.