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| 4/2/2012 12:00:00 AM

Denuncian a juez que revocó orden de captura contra Luis C. Restrepo

Por prevaricato, omisión de denuncia y abuso de autoridad la juez 45 de conocimiento Johana Rodríguez fue denunciada por los congresistas Germán Navas Talero e Iván Cepeda.

La polémica audiencia en la que la juez 45 de conocimiento, Johana Rodríguez, revocó la medida de aseguramiento contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo por el caso Cacica La Gaitana, generó reacciones de todo tipo.
 
Mientras la defensa de Restrepo, la abogada Mildred Hartmann, celebró la decisión de Rodríguez, congresistas como Germán Navas Talero e Iván Cepeda (Polo Democrático) se manifestaron. Y lo hicieron a través de una denuncia por abuso de autoridad, omisión de denuncia y prevaricato.
 
Navas Talero y Cepeda basaron su denuncia en un informe emitido por Noticias Uno en el cual se estableció que la juez Johana Rodríguez, a pesar de haber tenido contacto directo con traficantes de armas en el mercado negro, “omitió dar cuenta a las autoridades inmediatamente de este ilícito”.
La funcionaria además -según la denuncia- guardó dicha información para utilizarla posteriormente, durante la argumentación que utilizó para el fallo revocatorio de la medida de aseguramiento, dictada en contra de Restrepo.

Según Navas y Cepeda, resulta “criticable la actitud de la juez”, más cuando tuvo todo el tiempo disponible, incluso para comparar las armas verdaderas con las de madera, así como sus costos, pero terminó guardó silencio ante estos delitos.

Por otra parte, los parlamentarios citan en su acusación las declaraciones del abogado Ramiro Bejarano, en las cuales afirma que la intervención de la juez “tiene un tinte político antes que jurídico” en donde se podría inferir determinados intereses, probablemente, por las estrechas relaciones del padre de la funcionaria con el gobierno del expresidente Uribe.

Navas Talero y Cepeda denuncian el desconocimiento de pruebas por parte de la juez y le solicitan a la Fiscalía que investigue y aclare estos hechos, ya que de ser ciertos, podrían hacer ilícita la providencia que benefició al excomisionado.
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