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| 2/22/2011 12:00:00 AM

Denuncian "manejo incompetente" de presupuesto en alcaldías menores de Bogotá

Seis meses después de que el alcalde Samuel Moreno entregó la autonomía en materia presupuestal a las localidades, advierten varias irregularidades. El gobierno mayor se defiende.

Hace seis meses, el alcalde Samuel Moreno festejó el decreto con el que devolvía a los alcaldes locales la autonomía para manejar el ciento por ciento de los recursos económicos de las 20 localidades de Bogotá.
 
En ese momento, julio del 2010, Moreno calificó el decreto como “un paso fundamental en materia de descentralización de la ciudad”, a la vez que urbanistas, veedores ciudadanos, conocedores de la ciudad y algunos exalcaldes expresaron su preocupación porque este decreto se podría convertir en un nuevo motivo de deterioro urbano.
 
La mayoría coincidieron en que darles el poder a las localidades para contratar y determinar gastos e inversiones podría favorecer la corrupción y la ineficiencia administrativa. "Las administraciones locales no tienen la madurez política suficiente para manejar esos recursos", dijo el exalcalde Lucho Garzón.
 
Seis meses después, cuando el Concejo de Bogotá hizo el primer examen de ese controvertido decreto, aquellos que festejaron la determinación administrativa no quedaron bien parados.
 
La realidad es otra. Los propósitos de descentralización se han visto afectados, precisamente, por la poca capacidad de las administraciones locales para la contratación.
 
Así lo denunció el concejal Felipe Ríos (Cambio Radical), quien investigó la forma como las alcaldías locales están manejando los recursos y contratos. Varias fueron las supuestas irregularidades que denunció en el Concejo.
 
“No estoy en contra de la descentralización. Pero las localidades no tienen capacidad técnica y administrativa en las alcaldías. No se les pueden entregar estas facultades de contratación. Es indispensable que el Distrito los prepare para gerenciar de manera correcta los recursos”, le dijo Ríos a Semana.com.
 
Según una investigación, Ríos comprobó que el 65 por ciento del presupuesto fue contratado de manera directa y en los últimos 10 días los contratos ascendieron a más de 150.000 millones de pesos. Sin embargo, la ejecución de ese presupuesto, dice el concejal, no se ha utilizado para el cubrimiento de las necesidades de los bogotanos.
 
No es solo un tema de presunta corrupción, que podría ser materia de investigación de los organismos de control. Se denuncia la mala ejecución de los recursos públicos o simplemente no invertirlos en las metas del Plan de Desarrollo.
 
Dicho Plan establecía el 23 por ciento para "Ciudad de Derechos", el 23 por ciento en "Derecho a la Ciudad", el 45 por ciento en "Ciudad Global", el 49 por ciento en "Gestión Pública Efectiva y Transparente" y el 54 por ciento en "participación".
 
“Esto demostraría que las autoridades locales no están garantizando que los ciudadanos reciban sus bienes y servicios durante la vigencia para la cual fueron programados en los planes. Según información de la Contraloría Distrital, que también deja muy mal parados a los burgomaestres locales”.

"Fundaciones fantasma"

Pero no solamente la autonomía presupuestal se raja en las metas del Plan de Desarrollo. Un fenómeno en materia de contratación también enciende las alarmas sobre presunta corrupción.
 
Se trata de fundaciones denominadas "fantasma" con las que se contrata mediante convenios de asociación, una figura que busca que las fundaciones que ejecuten los contratos cuenten con la idoneidad, reconocimiento y con suficiente experiencia.
 
Pero, según los denunciantes, eso no se está cumpliendo. El concejal Ríos puso como ejemplo que en la localidad de San Cristóbal, que realizó contratos con 83 fundaciones, muchas de ellas no existen o no corresponden con organizaciones que cumplan los estándares de calidad.
 
Agrega que de los números telefónicos reportados en los registros de los contratos de la alcaldía de esta localidad, tan sólo el 28 por ciento de estas fundaciones respondieron. Las demás corresponden a números desconectados, salas de belleza, cafés Internet, casas de familia.
 
Por eso, la petición de varios concejales a la Secretaría de Gobierno de la ciudad es un mayor seguimiento de la contratación en las alcaldías locales, pero aún más, que la administración de Samuel Moreno revise el Decreto 101 de 2010 hasta tanto las alcaldías cuenten con un equipo de apoyo administrativo.

Mayor democratización: gobierno

La secretaria de gobierno de la Alcaldía Mayor, Olga Lucía Velásquez, defendió el decreto y aseguró que en los seis meses de desarrollo de esta medida se han favorecido la “democratización y transparencia” de los procesos de contratación.
 
Velásquez controvirtió las afirmaciones que las contrataciones sean direccionadas o irregulares.
 
Advirtió que gracias al decreto, el 26 por ciento de la contratación se está haciendo en procesos públicos, como licitaciones y concursos de méritos; el 20 por ciento mediante convenios interadministrativos con entidades del Estado; y sólo el 19 porciento mediante convenios de asociación, como los mencionados por el concejal Ríos. “Esto demuestra que la contratación no está concentrada”, dijo la funcionaria.
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