Denuncian vicios de trámite en reforma a la salud

El senador Luis Carlos Avellaneda presentó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana dentro del proceso referente a la revisión de la constitucionalidad de la ley estatutaria, “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud”.

El senador por el Polo Democrático denunció una serie de irregularidades presuntamente cometidas dentro del desarrollo en el Congreso de la República que “contrarían mandatos legales, constitucionales y jurisprudenciales y que se configuran en graves vicios de procedimiento que pueden dar origen a la inconstitucionalidad de la iniciativa".

"De esta manera, esperamos que el pronunciamiento que realice la Honorable Corte Constitucional se emita dentro de un marco de derecho e igualdad, ya que esta ley se constituye en una figura regresiva que no aporta positivamente en la reafirmación del derecho fundamental a la salud", señaló el copresidente de la Alianza Verde.

Por su parte, la representante a la Cámara Ángela Robledo le dijo a Semana.com que la propuesta del gobierno Santos no aborda de raíz los problemas que aquejan al sistema de salud en la actualidad.

“Con la reforma, sigue la intermediación financiera; las gestoras son un reencauche de las EPS porque manejarán los recursos y gestionarán la red de prestación de servicios en los territorios. Aunque la integración vertical será parcial en el primer nivel de atención, esta continuará. Además, la ley no define claramente en qué consiste Mi Plan, figura que reemplazaría al POS”, señaló.

Robledo concuerda con voceros del sector que afirman que la propuesta del ministerio hará vulnerable el acceso al mecanismo de la tutela por parte de los ciudadanos. “En el Congreso se está discutiendo la Ley de incidente fiscal y (la reforma de la salud) establece una vía administrativa más larga antes de incorporar la tutela. Ambas leyes harían más difícil acceder a ella”.

La congresista Verde explica que “la Ley de Incidente Fiscal desarrolla el principio constitucional de sostenibilidad y establece que cuando la persona ponga una tutela ante el juez, antes de darle trámite, el ministro de Hacienda o el procurador pueden interponer un recurso. Cuando el juez tome la decisión, ya sea de indemnizar o pagarle a la persona, el ministro establecerá las condiciones para hacerlo. Eso es ponerle más dificultades a la tutela que, en general, es el mecanismo que garantiza el acceso a los derechos fundamentales”.

Por estas razones, junto a las representantes a la Cámara Alba Luz Pinilla y Gloria Inés Díaz, Robledo ha radicado una ponencia negativa frente al proyecto.

“Dejamos constancia sobre el artículo que hace alusión a los mecanismos de regulación de las empresas farmacéuticas y los medicamentos. En este proceso, se deben analizar los vicios de forma y fondo porque la ley ordinaria, como se dice coloquialmente, reencaucha los problemas y les pone distintos nombres”, comentó.

Además, la representante anota que “el costo político de lo que está pasando en salud no lo va a asumir (Juan Manuel) Santos. Por eso están buscando aplazarlo hasta marzo”.

El proyecto de ley ordinaria salió desde mediados de octubre del Senado de la República, pero en lo corrido del mes y medio de su tránsito a la Cámara, ha tenido seis foros regionales y sólo el 6 de noviembre fue radicada en la Comisión séptima, donde, a tres semanas de terminar el período de sesiones, aún no se debate. Además, su llegada a la plenaria de la Cámara está en entredicho.