El Departamento de Justicia habría frenado la firma de la paz en Nueva York

El anuncio de que la ceremonia de la firma del Acuerdo con las Farc se celebrará en Cartagena podría terminar opacado por una noticia que difundió el viernes en la noche la prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy.

Con base en fuentes oficiales del gobierno, los periodistas John Hudson, Colum Lynch y Lara Jakes sostienen que el Departamento de Justicia de Estados Unidos “puso trabas para dejar entrar al país a terroristas y narcotraficantes”.

De esta manera, se habría aguado “el gran show” con el que el gobierno de Barack Obama quería “ponerle un sello” al acuerdo colombiano.

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Según los periodistas, la idea era permitirles la entrada a Estados Unidos al jefe máximo de las FARC, alias Timochenko, al jefe negociador de la guerrilla en La Habana, Iván Márquez, y a Pastor Álape.

El artículo, que solo puede ser leído por suscriptores a la revista, subraya el “plan audaz” que llevó a cabo en las últimas semanas la canciller María Ángela Holguín para llevar a los negociadores del gobierno y de las FARC a la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York y permitirles firmar allá, el 21 de septiembre, el acuerdo frente a la crema y la nata y las ovaciones del liderazgo político mundial.

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Según Foreign Policy, los esfuerzos le sirvieron a Holguín para ganarse el visto bueno del Departamento de Estado, que cumple la función de un ministerio de Relaciones Exteriores, e incluso de la Casa Blanca.

Sin embargo, la noche del jueves altos funcionarios del gobierno de Obama habrían “descartado” definitivamente la idea y atribuyeron la culpa “al fracaso de Washington al no poder garantizar que las visas (para los guerrilleros) pudieran ser expedidas a tiempo”.

Expertos citados por la revista sostienen que una ceremonia en Nueva York habría producido un espaldarazo importante para el acuerdo y, así, para impulsar la campaña del Sí en el plebiscito del próximo 2 de octubre.

El gobierno de Estados Unidos incluyó a las FARC en su lista de “organizaciones terroristas” en 1997. Además, el Departamento de Justicia ha acusado a docenas de guerrilleros de esa organización de asesinato y secuestro, así como de narcotráfico a gran escala.