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| Foto: Ilustración SEMANA

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Departamentos quieren darle golpe de Estado a la Nación

En un proyecto de ley que cursa silenciosamente en el Senado, quieren apropiarse del manejo de los impuestos de cervezas, licores y tabacos, con los que se financia la salud, para usarlos a su antojo.

22 de noviembre de 2012

En el tránsito del proyecto de ley que busca crear un nuevo Régimen Departamental, y que cursa en la Comisión Primera del Senado, apareció en forma misteriosa un artículo que, en caso de prosperar, cambiaría la propiedad de la columna vertebral con la que se financia una parte importante de la salud y la educación de los colombianos más pobres del país: las rentas cedidas.

Este impuesto, que se cobra por el consumo de cigarrillos, tabacos, aguardientes, vinos y cervezas, nacionales e importados, ha sido históricamente de propiedad del Gobierno Nacional, pero es cobrado y administrado por los departamentos con una destinación específica, de ahí su nombre de rentas cedidas. Estas han sido la fuente más importante para financiar la atención en salud de las personas vinculadas al Sisben, la operación de hospitales públicos y el pago de maestros. Estas superaron los 650.000 millones de pesos en el 2010.

En el trámite del proyecto 223 de Senado y 045 de Cámara fue incluido el artículo 24, que dice que “son de propiedad de los departamentos y el Distrito Capital, los impuestos al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas; licores, vinos aperitivos y similares, y cigarrillos y tabaco elaborados, así mismo, el impuesto sobre vehículos automotores sin perjuicio de la participación de los municipios en donde tenga ubicada la residencia el propietario o poseedor. Con fundamento en lo anterior, los departamentos gozan de autonomía para la gestión y la asignación de los mismos de conformidad con lo estipulado en los artículos 287, 294 y 362 de la Constitución Política”.

Además de atentar contra la estabilidad fiscal del Gobierno, que tendría que entrar a financiar la salud y la educación, este proyecto es un misil directo a la propiedad histórica de la Nación de los impuestos al consumo, por lo que el país tendría, de prosperar, 32 regulaciones diferentes para los mismos impuestos, una por cada departamento, toda una federalización fiscal que ni siquiera la Asamblea Constituyente de 1991 pudo imponer.

Lo preocupante es que los departamentos quedarían cada uno bajo el poder de los grupos de interés, que se la jugarían para obtener beneficios tributarios departamentales. En el Ministerio de Hacienda están muy molestos con ese “mico” que apareció sorpresivamente para tercer debate, sin justificación ni responsable que asuma su paternidad.

El hecho es tan preocupante que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, le envió una carta al ministro del Interior, Fernando Carrillo, en la que le precisa –frente al artículo 24- que el uso y la orientación de esos impuestos son del Gobierno Nacional y le aclara que “de aprobarse, se estaría desfinanciando al sector salud en un monto cercano a 900.000 millones de pesos anuales que son utilizados para financiar la universalización y la unificación de los beneficios del régimen de salud”. De esta forma, los departamentos tendrían que definir las fuentes para sustituir dichos recursos.

Algunos parlamentarios consultados se preguntan: si ya existe norma que da la “administración y el control” de los impuestos al consumo a los departamentos, por qué es necesario eliminar el concepto de “renta cedida” y por qué se busca entregar la “gestión” autónoma de esos impuestos, con exclusión de la Nación. Hay gato encerrado y parece que la clave de todo está en el autor del mico, que aún es desconocido…