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| Foto: Juan Carlos Sierra

OPINIÓN

Derechos Bioculturales en el Rio Atrato

Quibdó es una ciudad de humedad extrema a la cual hay que adaptarse para entender su razón como centro urbano de comercio del oro, en medio de un bosque pluvial tropical, caracterizado por altas precipitaciones y temperaturas superiores a 24°C. Volver a Quibdó es recordar el atardecer en El Malecón frente al Rio Atrato, con un paisaje verde tupido de selva, un arcoíris antes de la tormenta, una enorme catedral de donde salen cánticos a horas imprevisibles, un convento sobre el río que evoca la llegada de colonizadores europeos con esclavos africanos para el trabajo forzado en las minas y ríos con riqueza aurífera.

Margarita Pacheco
7 de diciembre de 2017

La ciudad que fue puerto principal del río Atrato, hoy no es navegable ni transporta productos de la región hacia el mar. Entre la sedimentación por la deforestación y el abandono histórico del Estado central, el rio dejó de ser la arteria fluvial que unía a Quibdó con el Caribe. Desde el siglo XVII impera el auge colonizador para explotar yacimientos de oro y platino. Fue tanta la riqueza producida por el Chocó con la salida por el Río Atrato hacia Cartagena, que los Reyes de España suspendieron, por un siglo, la navegación comercial y de pasajeros por el río,
para que solamente navegarán los barcos del Reino y poder controlar la salida del oro y controlar así los barcos piratas de otras naciones.

Siglos de minería evidencian que esta actividad no ha brindado el bienestar ni los servicios básicos para la mayoría de la población afrocolombiana, ni para comunidades indígenas Embera y Wounaan, poblaciones que viven de la naturaleza exuberante de la región más pluviosa y biodiversa del mundo. Hoy, hasta el agua potable es importada de Medellín en bolsas plásticas y son arrojadas a las aguas del Rio Atrato.

En la edición No 62  1-31 de Octubre del 2017) del periódico “Chocó Tierra Mía”, dirigido por Jesús Antonio Lozano, él se pregunta: “Dónde está el oro del Chocó? Dónde se ha invertido, ya que el Chocó carece de infraestructura que impulse su desarrollo y beneficie a la población. Para Lozano, queda claro “que el desarrollo del Chocó no lo impulsarán los gobiernos nacionales de Colombia, ni mucho menos la clase política dirigente y rica del país, cuyo espíritu de concentración de la riqueza en manos de unas pocas familias, se ha mantenido por más de cinco siglos”.

Las comunidades más empobrecidas de Colombia son las que consumen pescado  contaminado con mercurio, sufren de malaria y dengue y temen nuevas incursiones de delincuentes paramilitares, guerrilleros del ELN y enfrentamientos de estos con el Ejército. Ver para creer: a los Resguardos Indígenas ubicados a pocos kilómetros de Quibdó no llegan aún los beneficios de las regalías, ni de la cooperación internacional ni del posconflicto.

Por el rio Atrato flotan bolsas, empaques de icopor, pedazos de tronco, y esta basura no biodegradable se arruma en las orillas, a la sombra de los guamos frondosos. La capital del Chocó no tiene un sistema eficiente de residuos sólidos ni de aguas lluvias, que podría suministrar agua potable a las viviendas y al comercio.

Por qué no existe una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para reducir los vertimientos y contaminación del río Atrato?

El Consejo de Estado expidió la Sentencia Sentencia T-622/16 que reconoce al Rio Atrato como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Así mismo la Sentencia reconoce  Derechos Bioculturales a las comunidades que viven del Río y de su cuenca. Los guardianes del Atrato deberían estar muy activos, asegurando la protección de los Derechos otorgados por la Sentencia.

Será que el próximo Congreso hace control político y monitorea con seriedad el cumplimiento de esta Sentencia del Consejo de Estado?

El nefasto legado de la corona Española que prohibió la navegación del Atrato en 1698 para controlar el comercio del oro con destino a los reyes de España, quedó enclavado en la memoria de los gobernantes de turno. Esta medida, en la realidad, produjo el efecto contrario pues aumento el contrabando desde y hacia el Chocó. El Virrey Antonio Caballero y Góngora escribía entonces " de este modo se creyó no sólo cortar el contrabando, sino que con este motivo se intimidasen los enemigos de la Corona en las provincias del Chocó".

Uno se pregunta donde fue a parar todo el oro que se ha producido en el Chocó desde la conquista y la colonia? Más todo el que se dice que se ha producido legalmente?

Hoy sigue vetada la navegación que comunica el interior del Chocó con el Caribe para  otras formas de explotación ilegal de oro, maderas y cultivos de uso ilícito.  La sedimentación que está fuera de control estatal impide que la comunicación fluvial del siglo XXI entre el interior del Choco, que comunique con el Mar Caribe y el Pacífico. Sólo existe la comunicación por vía aérea a costos imposibles para las comunidades rurales más aisladas de los cascos urbanos.

William Klinger, director del Instituto de Investigaciones del Pacífico IIAP en Quibdó, comenta mientras paseamos aguas abajo en una canoa por el rio Atrato: “Hoy se suman a la contaminación con el mercurio, los vertimientos directos del alcantarillado al río, el volumen de residuos sólidos plásticos flotando hacia el Golfo de Urabá”. El Chocó necesita una acción decidida para recuperar el Río Atrato y abrir la comunicación fluvial, cerrada al comercio desde la Colonia Española. Este corredor estratégico para el contrabando de oro, armas, sigue sin ser navegable. Los esfuerzos de investigación del IIAP y de las organizaciones sociales comprometidas, deberán ser tenidos en cuenta en el diseño e  implementación de otro modelo de desarrollo para el Chocó biogeográfico del posconflicto.

Es cierto es que en la actualidad se respira un aire de tranquilidad al ver las lanchas del Ejército patrullando las aguas turbulentas de esta arteria esencial para el desarrollo de la Región. Es hora de recuperar los Derechos bioculturales del Rio Atrato y de las comunidades que viven del río, tal como lo manda la sentencia del Consejo de Estado.