La discordia por el derrame de crudo en Putumayo

Más de 340 personas de 106 familias se encuentran sin agua en Putumayo, después de que miembros del frente 48 de las FARC detuvieran una caravana de tractomulas el pasado 1 de julio y obligaran a sus conductores a abrir las válvulas. Esto produjo el derramamiento de unos 5.000 barriles de petróleoo a la carretera, contenido que luego alcanzó caños y ríos. Ahora, los habitantes de la región deben filtrar el agua de los ríos para limpiarla de la mancha de hidrocarburo con el fin de satisfacer sus necesidades básicas.

La situación ambiental tiene enfrentados a las autoridades ambientales, alcaldías y la gobernación del departamento con el Ejército, luego de que el general Jaime Lasprilla dijera que el hecho perpetrado por las FARC no tuvo la magnitud ni causó el daño ambiental que se creyó en un principio.

Lasprilla señaló a los medios el pasado 17 de julio que, “después de hacer un diagnóstico con los comandantes regionales, (la conclusión) es que la proporción del daño ambiental en la zona de la vereda Maravélez no es de la magnitud que se temía inicialmente”. También aseguró que no hubo afectación en las corrientes principales, sino de algunos caños de agua de la zona.

Sin embargo, la apreciación de las autoridades territoriales es otra. La Gobernación de Putumayo declaró “urgencia manifiesta” e inició labores de limpieza y recolección del petróleo de las fuentes hídricas contaminadas, proceso que, según la Defensoría del Pueblo, podría tardar alrededor de un año.

Además, en Guadalito, la Defensoría reportó que hubo 170 personas integrantes de 65 familias afectadas en la ladera del río Cohembí, donde también quedó mancha de crudo, mientras que el puesto de salud de Maravélez, donde se atiende a la población de ocho veredas, fue cerrado porque la mancha negra a su alrededor dificulta el acceso. Adicionalmente, miembros de la comunidad reportaron náuseas y dolor de cabeza debido al fuerte olor.

Por su parte, Jorge Coral, alcalde del municipio de Puerto Asís, donde ocurrió el derrame, le dijo al diario El País que, “de no adoptarse las medidas de emergencia respectivas, la afectación podría llegar a Ecuador”, preocupación que la Gobernación comparte, dada la temporada de invierno por la que pasa la región.

“La presencia de petróleo en los cauces es un hecho. Si hay mucha agua, esta funciona como canal para dispersarlo. Incluso lo que hay en el suelo se expande subterráneamente. Por eso los ríos no se deben ver como la línea de agua visible, sino como un ecosistema”, dice Jefferson Galeano, docente de Educación Ambiental de la Universidad de la Sabana, sobre la posibilidad de que el invierno ayude a que el material vertido cruce la frontera con Ecuador.

Responsabilidad

La Gobernación de Putumayo declaró alerta ambiental por las huellas del derramamiento de crudo. Foto: AP.

También hay desacuerdo en el número de barriles que fueron vertidos el pasado 1 de julio en la vía que comunica a la vereda Campoalegre del Corredor Puerto Vega – Teteyé con un punto conocido como El Tigre, del municipio del Valle del Guamuéz. La compañía Vetra –a la cual pertenecen los 23 carrotanques afectados– reportó en un comunicado oficial que los guerrilleros obligaron a los conductores a verter 5.090 barriles de crudo a la carretera, mientras que el ejército informó sobre 4.900.

“…Cada barril equivale a 42 galones de combustible, eso quiere decir que, de los 319.950 galones contenidos en los camiones, la guerrilla provocó el derrame de 235.200, (o sea) un poco más del 73 % de la carga”, informó la Gobernación, por lo cual se comprometió, junto con la empresa Vetra, a llevar bidones de agua potable a las familias directamente afectadas.

Pero el gobierno local no fue el único que expresó su insatisfacción frente a las apreciaciones oficiales del desastre. El Comité Intergremial de Hidrocarburos se manifestó contra lo que considera es el traslado de la culpa por parte del Estado a la empresa de petróleos que opera en la zona.

“El gobierno traslada, inexplicablemente, la solución de la problemática a la empresa de petróleos operadora en el área, como si la culpabilidad no recayera en la guerrilla sino en la industria. Reclamamos una posición digna del gobierno nacional en sus negociaciones de paz exigiendo que se detenga de inmediato el terrorismo de las FARC contra la población civil y el medio ambiente", reza un comunicado difundido por el Comité.

Mientras tanto, el director general de Corpoamazonia, William Rengifo, le dijo al portal MiPutumayo.com.co que “sí existe un daño ambiental y un problema social en la región del corredor Puerto Vega-Teteyé”, a la vez que el gobernador de Putumayo, Jimmy Díaz Burbano, indicó que la “película de crudo está en aguas del río Cohembí, que desemboca en el Guamuez y este, a su vez, en el (río) Putumayo, donde centenares de personas utilizan estas aguas para su consumo, poniendo en riesgo su salud”.

El alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral Rivas, también le dijo a ese portal que “el daño ecológico es más grave que el que se presentó en la bahía de Santa Marta con el derrame de carbón al mar Caribe, o lo ocurrido en Casanare”.

“Es grave, muy grave… y no necesariamente se tiene que ver una mancha de crudo en las aguas para determinar si hay o no hay contaminación”, agregó Coral.

“No lo estamos desconociendo”

Según la Defensoría del Pueblo, limpiar y recolectar el petróleo de las fuentes hídricas contaminadas podría tardar un año. Foto: AP.

Ante los reclamos de las diferentes entidades regionales, el general Lasprilla responde que no desconoce el daño ambiental provocado por el derrame de crudo, sino que argumenta que las características de la zona impidieron que la contaminación se propagara.

“Todo daño ambiental es grave, no lo estamos desconociendo. Lo que hay al lado de la vía son caños y zonas verdes que se afectaron. Lo que decimos es que la misma configuración del terreno hizo que el crudo quedara encunetado en la carretera y evitó que se esparciera más. El terreno lo absorbió y no llegó al río Guamuez y a la quebrada El Tigre, que van al río Putumayo. La mancha se ha secado por las mismas características del terreno”, señaló.

Sin embargo, el general pidió condenar a las guerrillas por este tipo de hechos violentos y su impacto en la población civil.

“El punto de la discusión no es qué porcentaje (de terreno) se afectó, porque eso no se puede medir, sino condenar la conducta criminal de las FARC y el ELN, mientras dialogan en La Habana. Estas acciones terroristas tienen impacto sobre población de a pie, los transportadores, comerciantes, campesinos”, indicó Lasprilla.

Mientras que la empresa petrolera y los diferentes entes regionales hacen llegar el agua potable a las comunidades afectadas, las secuelas del derrame de crudo, un elemento altamente contaminante, aún no se pueden cuantificar, explica el docente Jefferson Galeano.

“Los 5.000 barriles se filtran en el suelo, por donde llegan a las corrientes subterráneas y luego a los cauces. Ese daño no se puede medir en un mes porque no es visible para el ser humano. De pronto la mancha que se ve no es grande, pero no sabemos las raíces y los acuíferos subterráneos qué tan afectados están”, indica.

El experto agrega que en un ecosistema delicado, como el de Putumayo, la afectación solo se podrá conocer en el largo plazo.

“No se puede hacer una división entre cauces pequeños y grandes porque todo está conectado. La discusión tampoco se debe centrar en el tamaño de la afectación, sino sus causas políticas y sociales. En otras partes del mundo donde han ocurrido eventos similares, los daños se han demorado en notarse meses y años, por eso solo sabemos que hay una afectación, pero, por ahora, no sabemos si es grande o pequeña”, concluye.