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| 9/13/2015 10:00:00 PM

La polémica ponencia que le derrotaron al magistrado Alberto Rojas

El jurista presentó un proyecto de fallo que pretendía revocar la destitución de dos magistrados que habían absuelto a tres ciudadanos acusados de lavado de activos.

La destitución que el Consejo Superior de la Judicatura les impuso a dos magistrados y una juez de San Andrés que absolvieron a tres personas involucradas con redes de narcotráfico en la zona estuvo a punto de venirse abajo. Todo, por una ponencia del polémico magistrado Alberto Rojas.

Este presentó una ponencia que proponía revocar la sanción que les impuso la Sala Disciplinaria en el 2012. Sin embargo, las magistradas de la Corte Constitucional Myriam Ávila Roldán y María Victoria Calle se opusieron a la decisión de Rojas y ratificaron la inhabilidad de 10 años con la que habían sido afectados los magistrados Patricia Chaves y Manuel Ramón Araújo y la juez Atenays Árquez Van Strahlen.

La convicción del magistrado Rojas en torno a la necesidad de proteger a los operadores judiciales era tan clara, que, incluso, ordenó reintegrarlos a sus cargos tras suspender provisionalmente las sanciones disciplinarias, en providencias emitidas en el 2013 y el 2014.

Los hechos que originaron este particular debate tienen su punto se partida en la decisión de la juez Atenays Árquez Van Strahlen, quien absolvió en primera instancia a tres personas a quienes les fueron incautados más de 66.000 dólares que fueron hallados en la embarcación en la que se desplazaban, en San Andrés.

Para ella, la falta de explicaciones sobre la procedencia del dinero no era suficiente para probar que se tratara de un caso de lavado de activos.

Los magistrados Manuel Ramón Araújo y Patricia Chaves apoyaron esa tesis, ratificaron el fallo absolutorio y negaron la apelación que interpuso la Fiscalía ante el Tribunal Superior de San Andrés.

Pero el accionar irregular de los operadores quedó en evidencia cuando la Corte Suprema revocó estas determinaciones. En fallo de casación, documentó cómo el dinero incautado procedía de la colaboración que los procesados le prestaban a redes del narcotráfico que operaban en la zona.

Una vez descubierta la falla de la juez y los magistrados partícipes de este intríngulis judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y el Consejo Superior les impusieron una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años.

Pero esos antecedentes no fueron suficientemente contundentes para el magistrado Alberto Rojas, pues gracias a decisiones suyas, los tres lograron reincorporarse a sus cargos y estuvieron a punto de salirle al paso a la sanción. 
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