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| 8/6/2011 12:00:00 AM

Desangre de líderes

En el primer semestre del año asesinaron en Colombia a 29 defensores de derechos humanos y dirigentes sociales. ¿Qué está pasando?

El 30 de marzo pasado, a las seis de la tarde, Héctor Orozco y Gildardo García viajaban compartiendo moto por la carretera que va de La Marina a Chaparral, Tolima. Ambos jóvenes, de treinta y tantos años, con hijos pequeños, eran vecinos de veredas, los dos queridos porque hacían mucho por su gente desde la Acción Comunal. Orozco dirigía una asociación campesina. No debían temer. La zona estaba militarizada y en el cruce del Espíritu Santo siempre había soldados. De pronto, no se sabe quién, les dispararon. Ninguna autoridad llegó. Las esposas pasaron la noche protegiendo los cuerpos de los chulos. Solo hasta el día siguiente a las once de la mañana vino la Fiscalía a levantar el cadáver. Pistas de los asesinos, quedaban pocas.

El caso de William Álvarez, líder de derechos humanos de Carmen de Viboral, oriente antioqueño, asesinado una semana después, fue peor: tardaron más de tres días en hacer el levantamiento. Y en el de Éder Verbel, activista de una organización de víctimas de San Onofre, Sucre, la autoridad sí capturó a alias Begueta y alias Pólvora, a quienes la gente identificó como los sicarios. Pero, al final del día, misteriosamente, quedaron libres.

Incluidos estos cuatro colombianos, han sido asesinados, en el primer semestre de 2011, 29 defensores de derechos y líderes sociales en el país y tres más han sido desaparecidos. Así lo documentó en su informe semestral el Programa Todos Somos Defensores, que reúne a la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta, y que tiene asiento en el programa de protección de defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior. Según el informe, hubo 145 agresiones graves contra estos líderes. Para registrar cada caso, los investigadores documentan que, en efecto, se trate de un miembro de una organización reconocida y que la muerte o el atentado se deban muy probablemente al trabajo comunitario.

Las cifras son escandalosas por donde se miren. El número de asesinados es cuatro veces más alto que el del mismo período del año pasado y el de las agresiones creció en 126 por ciento. Son, además, preocupantes porque reflejan una intencionalidad política de atacar líderes sociales, sean los autores Rastrojos, Águilas Negras, Farc o, en algunos casos, miembros de la fuerza pública.

Si no, cómo se explica que entre los asesinados haya nueve dirigentes indígenas del Cauca, Chocó y Antioquia que defendían sus territorios; ocho defensores de los derechos de víctimas del conflicto: líderes de desplazados, abogados de víctimas y reclamantes de tierras despojadas; cuatro eran ambientalistas, uno de ellos, Jorge Eliécer de los Ríos.

La saña con la cual fueron asesinados también es escalofriante, pues indica que aún estos son tiempos de barbarie. Por ejemplo, Luz Mery Roa, de 35 años, apreciada líder de acción comunal en Putumayo, y una pariente suya fueron degolladas con machete, y a Juliet, su hija de cinco años, le cercenaron las manos.

El programa de protección a defensores del Ministerio del Interior ya no da abasto. Protege a unas diez mil personas, según cálculos de las organizaciones que participan. Además, el programa tiene sus fallas, la más grave, que tarda demasiado en hacer los estudios de riesgo, lo que deja a la persona expuesta.

Pero, como dijo a SEMANA Diana Sánchez, vocera de Todos Somos Defensores, "el problema de fondo es que el Estado no ha podido armar una política más preventiva que reactiva". Voceros de más de cuatrocientas organizaciones han estado negociando mejores garantías con entidades estatales, lideradas por el ministro del Interior, Germán Vargas.

Pero en la práctica, las autoridades tratan a estas víctimas como ciudadanos de tercera. Así, los policías no siempre hacen sus rondas para protegerlas. Los fiscales y procuradores no tienen entre sus prioridades investigar las amenazas o los atentados y la impunidad facilita la comisión de más crímenes. Y a veces, como les pasó a los campesinos tolimenses y al defensor antioqueño, ni siquiera se dignan levantar los cadáveres con celeridad. Es como si no se entendiera que gente como ellos es la que legitima la democracia desde la base. Por eso, el esfuerzo por protegerlas debería ser primordial.
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