Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/08/29 22:03

¿Por qué los colombianos necesitan conocer la historia de Nydia Erika Bautista?

Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de desaparición forzada, el país recordará un caso que refleja uno de los desafíos de la implementación del acuerdo de paz.

Nydia Erika Bautista era socióloga, economista y militó en el M-19. Foto: Archivo particular

Este martes 30 de agosto, declarado por Naciones Unidas el Día Internacional de las Víctimas de desapariciones forzadas, el mundo entero se reunirá en torno a la memoria de los millones de personas que han desaparecido de esa forma en las últimas décadas.

Colombia no será ajena a las conmemoraciones. Aunque todavía no hay certeza de exactamente cuántos individuos han sido víctimas del delito en el país, los cálculos más conservadores superan la cifra de 50.000 desaparecidos en el contexto del conflicto armado.

Por esa razón, allegados y organizaciones de víctimas se encontrarán a partir de las 9 de la mañana en el predio del Museo Nacional de la Memoria, así como en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Su meta es hacer un fuerte llamado a la sociedad y al Estado por la indiferencia que la mayoría de los colombianos y las instituciones públicas han mostrado frente a la enorme dimensión de este crimen de lesa humanidad en Colombia.

Durante los eventos, el de Nydia Erika Bautista será uno de los nombres que más se oirán mencionar, pues el caso de esta socióloga y economista que militó en el M-19 está próximo a cumplir 30 años. Además de encarnar un símbolo de la impunidad y la falta de verdad que predomina en la desaparición, ella es hoy una de las banderas de la lucha de los allegados de las víctimas de desaparición forzada.

La historia de Bautista representa todas las atrocidades que conlleva la desaparición forzada, pero también refleja la incapacidad histórica del Estado de entender este crimen, atender a sus víctimas y llevar los casos a la Justicia y resolverlos.

Como el de Bautista hay miles de historias. Y todas representan desafíos que hoy son más urgentes que nunca para Colombia, pues uno de los pilares del punto de víctimas del acuerdo recién firmado con las FARC tiene que ver precisamente con las personas dadas por desaparecidas en razón y en el contexto de la guerra.

Detenida, torturada, desaparecida

Sobre las 6 de la tarde del 30 de agosto de 1987, Nydia Erika Bautista, de 33 años, salió a la calle para acompañar a una amiga a tomar un bus en un barrio del suroccidente de Bogotá. De regreso a casa, unos miembros del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional la detuvieron.

La llevaron a una finca en el municipio de Guayatebal, Cundinamarca, cerca de Bogotá, donde la torturaron, la violaron y luego, según declaraciones de un sargento involucrado, la ejecutaron. Finalmente hicieron desaparecer su cadáver. Aunque su familia reaccionó y exigió justicia, las autoridades y la sociedad ignoraron categóricamente su caso.

Pero su familia no dio el brazo a torcer. El 25 de julio de 1990, un cadáver registrado como ‘no identificado’, que parecía ser el suyo, fue hallado en un cementerio en Guayabetal. Pero el Estado necesitó más de una década para llevar a cabo los procesos de exhumación e identificación de los restos para confirmar que se trataba de Bautista. En el 2013, 13 años después del hallazgo del cuerpo sin vida, pruebas de ADN demostraron que se trataba de ella.

A pesar de ese logro, el caso permaneció en gran parte en la impunidad. Hasta hoy la familia desconoce una porción importante de los hechos, y la carencia de pruebas no permitió investigar y sancionar a los agentes involucrados. Sólo uno, el general (r) Álvaro Velandia, fue declarado responsable y destituido en 1997. Pero 16 años después lo restituyeron e indemnizaron, y hoy el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.

Así, hoy no hay responsables, ni penal ni disciplinariamente. Tampoco se conocen los autores, y hay circunstancias que rodean los hechos que también permanecen ocultas. A pesar de que en 1995 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró responsable a Colombia por la desaparición y posterior asesinato de Nydia Erika Bautista, el caso permanece no resuelto.

El desafío de los combatientes desaparecidos

El caso tiene un rasgo que hasta ahora permanece sin resolver en Colombia. Bautista era una guerrillera y como tal, para grandes partes de la sociedad, así como para varios representantes de las instituciones de seguridad del Estado en esa época, no parecía merecer el mismo trato de otra víctima.

Esto tuvo consecuencias directas para su familia. En primer lugar, los allegados a Bautista tuvieron que vivir el abandono del Estado y luchar solos por la verdad durante casi 30 años desde la Fundación Nydia Erika Bautista.

La situación representa la de cientos de miles de familiares que no reciben apoyo o sólo chocan contra el desinterés estatal y social en la búsqueda de sus desaparecidos. Ese desinterés se convierte, hasta hoy, en muchos casos en rechazo cuando el desaparecido ha sido militante de la guerrilla o de algún grupo paramilitar.

A esto se suman el estigma, las amenazas y la violencia. Como miles de familias de desaparecidos que luchan por encontrar la verdad, la de Bautista sufrió intimidaciones y, así, también se volvió a convertir en víctima. Erik, hijo de Bautista, que tenía 12 años cuando desapareció su madre, debió exiliarse durante una década por cuenta de las amenazas que le llegaron cuando comenzó a indagar por el caso.

Y para colmo, los familiares de Bautista aún no han podido reclamar una indemnización. En Colombia, hasta hoy, no hay ningún mecanismo, legal o administrativo, que les permita a los allegados de un miembro de una agrupación ilegal buscar una compensación. La razón: la ley no lo considera una víctima.

Justo aquí yace el gran desafío que imponen las conmemoraciones de este martes y uno de los temas que aún buscan solución frente a la implementación del Acuerdo con las FARC.

Este último define la desaparición como un fenómeno generalizado del conflicto, sin distinguir entre combatientes y no combatientes, y les exige al Gobierno y a las FARC hacer todo lo posible por hallar la verdad en docenas de miles de casos. Pero, por otro lado, la realidad institucional y legislativa no está la altura de esa exigencia.

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