DESCERTIFICACION 98

el proyecto de acto legislativo que revive la extradición y que presentó el gobierno ante el Congreso el pasado 30 de abril tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado en la actual legislatura. Es bastante probable que la criatura que presentó la ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, haya nacido muerta. En efecto, a la falta de tiempo, tanto para la discusión como para la aprobación, se suman otros factores como evidentes fallas técnicas y jurídicas en el mismo proyecto, que hacen que en el gobierno de Ernesto Samper no sea posible restablecer la extradición. El enemigo número uno del proyecto es el reloj. En el supuesto caso de que cada instancia requerida para el trámite de la reforma constitucional fuera aprobada en un día de debate y otro de votación, algo poco menos que probable dado lo delicado del asunto, es prácticamente imposible que antes del 20 de junio, cuando termina el actual período ordinario de sesiones, se cumpla la primera vuelta tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Pero la falta de tiempo no es el único factor que atenta contra el éxito del proyecto. Curiosamente el mismo gobierno se ha encargado de complicar el asunto, empezando por el propio Ernesto Samper, quien un día dice que el gobierno jamás aceptará la extradición como resultado de la presión internacional, como ocurrió en Cartagena durante la reunión del Parlamento Andino, y otro día sostiene que ha llegado la hora de la extradición, como sucedió al posesionar a la Ministra de Justicia. Total, esta es la hora en que nadie sabe si el Presidente está a favor o en contra de la extradición.Los senadores Luis Guillermo Giraldo y Claudia Blum afirman que esa actitud vacilante del gobierno no tiene un propósito distinto de ser neutral frente al proyecto, lo cual garantiza su naufragio en el Congreso. De otra manera no se explican cómo una propuesta que debió hacerla en diciembre del año pasado, cuando se aprobó la ley de extinción de dominio, sólo vino a presentarla cinco meses más tarde, cuando la extradición no tenía ninguna garantía de aprobación en el Congreso. De lo que no hay duda es que si hay un tema que le ha sacado canas a Samper es este. Hasta el momento, y básicamente por culpa del proceso 8.000, su gobierno no ha sido claro ni con Estados Unidos, que sigue el proceso con lupa; ni con el Congreso, que tiene que decir la última palabra y que muy seguramente no le jalará a un tema que no despierta precisamente el fervor popular; ni con la opinión pública que pasa del nunca jamás al 20 mil veces si. Lo cierto es que mientras el proyecto se hunde en el Congreso se hace cada día más lejana la posibilidad de una recertificación de Estados Unidos y, por el contrario, empiezan a abrirse paso las sanciones económicas por parte de ese país. Así las cosas, descertificado, con sanciones económicas a la vista y con muy pocas probabilidades de extradición, el panorama se muestra bien oscuro y el camino que deberá recorrer Colombia en los próximos meses es poco menos que tortuoso. Si la Comisión Primera del Senado no aprueba este miércoles el proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno y por la subcomisión del Congreso, se habrá perdido una legislación de las dos que se requieren para enmendar la Constitución. En plata blanca esto significa que el gobierno Samper no podrá cumplir con el requisito más importante para obtener la certificación de Estados Unidos en 1998.