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| 1/26/2012 12:00:00 AM

Designación de magistrados auxiliares se hizo acorde a la ley: CSJ

El proceso se abrió por un presunto ‘carrusel de pensiones’ en el que esa corporación de la rama judicial habría incurrido en sobrecostos. Magistrados dicen que hay desinformación.

Siete magistrados del Consejo Superior de la Judicatura le salieron al quite al anuncio de la Contraloría General quien dijo que iba a investigar un ‘carrusel’ en la entrega de pensiones por valor de 13 mil millones de pesos.

“Aclara la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que todas las actuaciones de sus Magistrados, en la designación de Magistrados Auxiliares, fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal, por haber designado en algún momento mujeres mayores de 50 años u hombres mayores de 55”, leyó el presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Henry Villarraga.
 
Tras una sala extraordinaria, los magistrados aseguraron que sus decisiones están amparadas en la Ley 270 de 1996 y la Ley 931 de 2004.

Además recordaron que “el 90 por ciento de las personas que son relacionadas por los medios de comunicación, como parte de un documento de la Contraloría General de la Nación, no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación y como consecuencia de ello, no se han pensionado”.

Denuncia
 
La Contraloría General de La República llamó en la noche del jueves a un juicio de responsabilidad fiscal a magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura en la presunta comisión de lo que se ha denominado un ‘carrusel de pensiones’ en esa corporación.
 
Según las primeras pesquisas del ente de control, alrededor de 70 personas -entre el 2007 y el 2011- que se encontraban cerca de alcanzar su jubilación, se vieron beneficiadas irregularmente al ser nombradas como magistrados auxiliares.
 
Tales cargos eran ejercidos por periodos desde uno hasta tres meses, con lo que incrementaban su salario y, por ende, el monto de su pensión en hasta dos o tres veces. Incluso se habló de casos en que se cancelaron pagos retroactivos.
 
De acuerdo con el despacho de la contralora Sandra Morelli, los sobrecostos aparentemente injustificados en que habría incurrido la entidad alcanzarían la suma de 13.000 millones de pesos.

En declaraciones a Caracol Radio, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló que le parece “muy oportuno y muy importante que esa investigación se haga, que todos esos episodios se conozcan y, si hay una explicación, que esa explicación salga a la luz pública”.

Esguerra agregó que piensa que “el Consejo de la Judicatura ha sido inferior a las expectativas, a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente. Está en deuda con el país”, concluyó.
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