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| 5/18/2002 12:00:00 AM

Desmovilizados ¿qué les espera?

El gobierno está logrando que más de 100 guerrilleros y paramilitares se entreguen cada mes, pero le falta mucho para asegurar una reinserción exitosa.

Los 12 paramilitares desmovilizados entraron al auditorio de la Gobernación de Risaralda con sus cabezas cubiertas por pasamontañas y con chaquetas gruesas. El viceministro de Defensa, Andrés Peñate, se acercó a uno de ellos, y al ver sus sandalias exclamó "¡Usted es una chica!".

Sara*, la única mujer en el grupo de paramilitares, había escapado dos semanas atrás. José*, su compañero y padre de su hija de 4 años, era el segundo comandante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que opera en el Eje Cafetero. Su jefe ordenó su ejecución luego de acusarlo de robarse un dinero. Según los que se entregaron, José era un líder para todos ellos y su comandante lo asesinó porque le tenía envidia. Las cosas se complicaron y varios se pusieron de acuerdo para huir de a uno, encontrarse en Pereira, y entregarse todos a la vez.

Al tiempo con los paras llegaron a la gobernación 10 guerrilleros de las Farc. Eran nueve hombres y una mujer, que se habían fugado de la guerrilla en distintos momentos a lo largo de los últimos dos meses. Jaime*, uno de ellos, ha huido de las Farc tres veces con esta, pero asegura que ahora será para siempre. Relató que en el primer intento se fue a San Andrés y allá lo encontraron. "Nadie se imagina la inteligencia que manejan", dijo, y contó cómo lo amenazaron con matar a su compañera guerrillera si no regresaba. Así que volvió pero ya ella estaba muerta. Ahora quiere reencontrarse con su hija y su nieta de 3 años y comenzar una nueva vida.

El mismo avión que trajo a los 22 jóvenes combatientes desmovilizados -de un bando y otro del conflicto- recogió a otra decena de guerrilleros en Ibagué. Todos con historias dramáticas parecidas. Todos con la esperanza de dejar el infierno de la guerra y empezar a vivir. ¿Está el gobierno preparado para recibir al centenar de guerrilleros y paras que, en promedio al mes, se están desmovilizando y darles las herramientas para que salgan adelante? ¿Qué sigue después del momento de estrellato frente a las cámaras de televisión y de promesas públicas de reconciliación?

Todavía no hay respuestas definitivas a estas preguntas. El comienzo del proceso es eficaz. Los desmovilizados reciben casi siempre ayuda humanitaria: atención médica si la necesitan, un kit de aseo personal y otro con ropas a su medida, y traslado inmediato a un albergue, a donde reciben alimentación diaria con sus familias si así lo requieren. Actualmente hay 350 personas, entre desmovilizados y familiares, en los ocho albergues que sostiene el Ministerio de Defensa.

Los problemas aparecen luego. Ha venido aumentando rápidamente el número de combatientes de grupos ilegales que se entregan y las instituciones para manejarlos han tenido que crecer demasiado, y no siempre sin traspiés. En 1999, por iniciativa del entonces ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez y de un dinámico coronel del Ejército, Germán Pataquiva, se empezó en esa cartera el programa para incentivar la dejación de armas por parte de los guerrilleros. Ese primer año se logró que se fugaran 325. Este año, con una nueva legislación que les permite a los paramilitares recibir los beneficios de la desmovilización (antes sólo era para guerrilleros y menores de edad de cualquier grupo) en mayo ya habían abandonado las armas 526 jóvenes. (ver gráfico).

El Programa para la Atención Humanitaria del Desplazado (Pahd), encabezado por el viceministro Peñate, cuenta ahora con un presupuesto que puede alcanzar hasta 20.000 millones de pesos, si el número de desmovilizados lo requiere. El programa ha logrado llevarles el mensaje a más guerrilleros y paras en todo el país para invitarlos a desertar; empujar una atención más rápida a los desmovilizados; unas condiciones dignas cuando dejan las armas y mejor capacitación a las autoridades locales para que traten al que se fugue debidamente y reconozcan sus derechos.

Tradicionalmente, luego de esta primera etapa, los desmovilizados adultos pasaban al Programa de Reinserción, que se creó hace más de una década como producto de los acuerdos de paz con el M-19, el EPL y otros, y que funciona en el Ministerio del Interior. Los niños iban -al igual que hoy- al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Allí han llegado en total 830 desde 1999. En este año han sido atendidos 130 niños.

El Programa de Reinserción financiaba el alojamiento provisional en albergues, preparaba a los ex combatientes para que pudieran trabajar en un proyecto productivo una vez recibieran los dineros que les correspondían por la ley de incentivos a la desmovilización. El programa tuvo ideas innovadoras como la de que algunos jóvenes fueran recibidos en hogares de profesionales que les daban una estabilidad emocional, y, efectivamente, muchos jóvenes montaron sus panaderías, procesadoras de frutas, y otros negocios, y salieron de la guerra para siempre.

No obstante no todo salió bien. La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, quien le ha dado especial prioridad al tema, pidió que se hiciera una investigación interna en lo correspondiente al pasado reciente de su cartera y se encontraron graves irregularidades. Según el gobierno, en el Ministerio del Interior la cosa fue peor. Aseguran que descubrieron contrataciones poco transparentes, exceso de burocracia y otros malos manejos. Todo ha sido denunciado ante la Fiscalía.



Nuevo aire

Estos problemas han retrasado la respuesta del gobierno Uribe al creciente número de desmovilizados. Actualmente se calcula que unos 400 desmovilizados todavía están en los albergues, esperando que el gobierno les dé sus papeles de identidad o les solucione su situación jurídica (por ley tienen derecho a que se les suspenda la pena o se les cesen o precluyan los procesos por entrega voluntaria, salvo en casos de delitos de lesa humanidad). Mientras tanto estos jóvenes la pasan sin hacer nada, con el agravante de que son personas sicológicamente afectadas, que vienen de vivir experiencias tremendas. El riesgo que se corre con esta situación queda claro en el testimonio de uno de ellos: "Llevo un año esperando que me precluyan, así que espero dos meses más y si no me voy a los paras, dijo. Seguro me reciben porque a mí no se me ha olvidado matar".

A pesar de que SEMANA intentó conocer la versión del Ministerio del Interior para saber el porqué de estas demoras, el Ministro, el único vocero autorizado del tema, no respondió.

Extraoficialmente SEMANA pudo averiguar que, después de nueve meses de gobierno, este jueves por fin 100 de estos desmovilizados podrán comenzar el proceso de reinserción propiamente dicho. Aquellos que no saben leer ni escribir o que lo olvidaron en el monte irán a cursos especiales. Tristemente 80 por ciento de los adultos que están en el programa son analfabetas.

A todos se les dará un curso de adaptación laboral para ayudarles a descubrir sus habilidades o talentos y sus posibilidades de trabajo. Luego comenzarán un curso de tres meses de capacitación para aprender algún oficio, comportamiento social básico y administración de un negocio. Luego quedarán listos para que se les dé su dinero, que oscila entre siete y 12 millones de pesos (si han colaborado con información sobre la guerrilla les dan una bonificación). Luego tendrán que continuar con su vida, sin la ayuda del gobierno.

La capacitación rápida no será suficiente para salir adelante. Si a cualquier persona le está quedando hoy difícil vivir de una microempresa o conseguir un trabajo, es obvio pensar que la misión será casi imposible para un ex guerrillero, con graves carencias de educación, desarraigado, desadaptado a la vida en ciudad y a veces traumatizado.

Es por esto que el gobierno deberá complementar sus estrategias si quiere que la desmovilización masiva de guerrilleros y paramilitares se vuelva una realidad duradera. Las alianzas con organismos no gubernamentales, con empresas y otras entidades privadas pueden contribuir a acompañar mejor a los ex combatientes en su retorno a la vida civil sin que éstos se conviertan en una carga eterna para el Estado.

Es demasiado grande lo que está en juego. El éxito del programa de dejación de armas del Ministerio de Defensa es indudable, y se espera que lo sea más ahora que se le ha reforzado el presupuesto y el tema se ha convertido en una prioridad. Pero si luego de que se entreguen voluntariamente, guerrilleros y paras no logran reinsertarse rápidamente a la vida civil, es grande el peligro de que se devuelvan a la guerra y se pierda todo. Para eso se requiere una gran gestión social que aún no se ve.

* Los nombres son ficticios
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