Despeje a la brava

El pasado miercoles 5 de junio el alcalde de La Solita (Caquetá) Luis Carlos Caro Pacheco, se levantó sin malos presentimientos: “Vamos que la cosa se arregla por las buenas”, le dijo a uno de los miembros de su gabinete mientras apuraba un café. El mandatario local se marchó tranquilo con ellos a su cita con los miembros de las Farc en la vereda El Gallinazo, sobre el río Caquetá, entre los municipios de La Solita y Curillo, para preguntarles por qué razón estaba amenazado de muerte por la guerrilla.

Caro Pacheco llegó al lugar a las 10 de la mañana y la conversación fue breve. Un comandante guerrillero del frente 49 le explicó que los 16 alcaldes del departamento tenían que haberse ido de sus pueblos a las 6 de la tarde del martes. El mostró sus dudas. “¿Para dónde cojo?”, fue su última pregunta. Como respuesta los guerrilleros lo separaron de su gabinete y lo fusilaron.

Los mandatarios locales de los departamentos de Huila y Putumayo también habían recibido amenazas. Algunas llegaron a través de mensajeros anónimos, otras en cartas escuetas y algunas por teléfono, pero ninguna se había materializado. Con el asesinato de Caro Pacheco las Farc dejaron en claro que la cosa era en serio. Como consecuencia ese mismo miércoles todos los alcaldes de Caquetá salieron hacia Florencia y luego a Bogotá. Y el jueves se anunció la salida de seis alcaldes de Huila mientras los de Putumayo dijeron que era imposible gobernar así.

Como si lo anterior fuera poco, ese mismo día la Asociación de Empleados de la Rama Judicial (Asonal) hizo un alarmante anuncio al revelar que los jueces de ocho poblaciones de los tres departamentos tuvieron que ser trasladados por sus superiores también ante las amenazas de las Farc: “En otro Estado, un territorio sin autoridad, sin Dios y sin ley, tienden a convertirse algunas zonas del Huila, Putumayo y Caquetá”, sostiene un comunicado de la entidad sindical.

Al finalizar la semana Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, le dijo a SEMANA que las presiones se habían extendido: “Las Farc están amenazando a todos los funcionarios municipales, desde el alcalde hasta la señora de los tintos. Cualquiera que viva de un sueldito que le da el erario público es un representante del Estado al que hay que sacar”.

Con estas acciones quedó en claro que las Farc han lanzado una nueva estrategia que se convierte, de paso, en el primer pulso real que tendrá que enfrentar el presidente electo Alvaro Uribe Vélez. Se trata de una demostración de fuerza y control territorial con la que los guerrilleros pretenden llegar bien posicionados, ya sea en un hipotético y cada vez más lejano escenario de negociación, o al de la confrontación.

Antes del abrupto final del proceso de paz en la mente de los miembros del secretariado de las Farc estaba la idea de consolidar su plan estratégico de expansión territorial. Quien controla territorio tiene el poder, según su doctrina. Esa es la máxima aplicable en la dinámica de una guerrilla que aún analiza la situación desde la perspectiva de lo rural.

Por eso dedicaron sus esfuerzos a recuperar tierras perdidas a manos de los paramilitares: Urabá, Cauca, Magdalena Medio, y a consolidarse en otras como Huila, Tolima, Arauca. Para el logro de este objetivo fue primordial la zona de distensión.

Desde el despeje trazaron sus corredores estratégicos, los mismos que hoy quieren fortalecer a través de la amenaza y la intimidación. La coyuntura de la elección presidencial sirvió de escenario para adelantar la estrategia: amenazar a los alcaldes, que son las figuras más vulnerables del Estado. La zona para concretar sus amenazas no podría ser otra que aquella donde se les ha reconocido un poder y control desde hace cierto tiempo, el sur. Y precisamente las áreas del país donde la victoria electoral de Uribe fue más contundente.

Es una estrategia para la que no requieren mayor esfuerzo. Si amenazan a un alcalde y no funciona, luego amedrentan a 20 y renuncian cinco, así en forma ascendente logran que, como en un efecto dominó, los mandatarios vayan cediendo a sus pretensiones. “Se trata de la intención de despejar el departamento a punta de fusil”, sentenció Luis Fernando Almario, representante a la Cámara de Caquetá.

Con la expulsión de las autoridades políticas y judiciales las Farc no sólo proyectan esa imagen de fuerza y de poder, sino que logran un objetivo adicional: arrinconar a un Estado que con pocos recursos humanos y financieros tendrá que saltar matones para no dar la impresión de debilidad.

Pero aunque el Estado y las Fuerzas Militares hagan esfuerzos por no permitir que los 135.700 kilómetros cuadrados de Huila, Caquetá y Putumayo queden en manos de la insurgencia, es evidente que las Farc intentan trazar una línea divisoria hacia el sur. Así dan la impresión de fragmentación del país.

La sensación de que crearon un vacío de poder no sólo afecta a quienes viven la situación de cerca en estos territorios sino también al resto de colombianos, que quedan asombrados ante la idea de que se tomaron ese pedazo de Nación. Sin contar con la imagen que ya se forma en el exterior sobre el excesivo mando de las Farc.

Una advertencia que ya había hecho el fallecido ministro de Defensa Rodrigo Lloreda en los días en los que Colombia andaba montado en la euforia del proceso de paz a finales de 1998. En esa oportunidad el funcionario advirtió sobre la fragmentación del sur del país. Su voz no fue escuchada porque en ese momento sólo se hablaba de paz y reconciliación.

Tanto Caquetá como Putumayo son zonas que están en disputa entre los paramilitares y la guerrilla. Allí los enfrentamientos son constantes y a veces silenciosos. Por eso esta estrategia de las Farc también afecta la correlación de fuerzas.

No se trata de una acción aislada pues corresponde a una estrategia diseñada al máximo nivel. El pasado 15 de mayo, justo cuando empezaron a llegar las amenazas a los alcaldes, las Farc emitieron un comunicado oficial en el que “reiteran al pueblo colombiano y al nuevo Presidente, sea quien fuere, su profunda convicción en la urgente necesidad de la solución política al conflicto social y armado que padece la familia colombiana” aunque, eso sí, exigieron como condición la “desmilitarización de los departamentos del Putumayo y el Caquetá”.

En esa ocasión muchos colombianos reaccionaron en contra de la propuesta, calificando a la organización guerrillera de “cínica”. Sin embargo, pasado menos de un mes y a través de las amenazas a alcaldes y demás funcionarios, las Farc le han ido diciendo al Presidente electo quién es el que manda en esos departamentos. Con ello cumplen al pie de la letra una estrategia que no es ni mucho menos nueva, como lo afirma el informe de la Vicepresidencia ‘Panorama actual del Suroriente Colombiano’ publicado en julio de 2001: “En los últimos años las Farc han puesto en práctica una estrategia de dominio de las localidades para sostener sus posiciones en el suroriente del país, mientras en el resto del territorio realizan actividades militares con el objetivo de dispersar las fuerzas del Estado para combatirlas”.