Las 900 familias desplazadas en Buenaventura

El llamado de atención sobre lo que ocurre en Buenaventura ha sido reiterativo. En varias oportunidades, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Personería y hasta la Corte Constitucional han advertido sobre la compleja situación humanitaria que vive el puerto más importante de Colombia. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse y esta vez se ve afectada por un nuevo desplazamiento masivo. 

Desde el pasado 4 de noviembre, comenzaron los desplazamientos de diferentes familias en las comunas 3 y 4 de Buenaventura, debido a los enfrentamientos entre las bandas criminales La Empresa y Los Urabeños. 

Según el último reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Buenaventura, 2.791 personas y 853 familias que han tenido que abandonar sus viviendas durante los últimos 10 días por la compleja situación de orden público. El número puede ascender debido a que ya se registraron desplazamientos en la comuna 8 pero todavía no están dentro del registro. 

Las informaciones más superficiales señalan que la razón del desplazamiento es el enfrentamiento entre las dos bandas por el control de territorio. Sin embargo, un líder de la zona que habló con Semana.com y prefiere reservar su identidad por problemas de seguridad, sostiene que lo que se evidencia en Buenaventura es un desalojo forzado. 

“Lo que se ha oído es que la intención de los grupos armados es que la gente se vaya de sus casas para ellos apropiarse de los terrenos y construir megaproyectos. Esta comunidad afrodescendiente, por lo general, no ha legalizado la propiedad y entonces van apareciendo de la nada dueños que legalizan títulos ante la Alcaldía y van acompañados de la fuerza pública y hasta de paramilitares para obtener los predios”, sostuvo.  

Estas presiones de los grupos armados fueron las que provocaron que cientos de familias dejaran sus casas para buscar refugio en un lugar más seguro. 

El problema es que la Alcaldía de Buenaventura no dispone de un albergue para acoger a todas estas personas, lo que conlleva a que los desplazados se refugien en las casas de familiares que viven en el municipio. 

Andrea Ingham, jefe de oficina de Acnur en Buenaventura, explica que estas no son las mejores condiciones para un desplazado. “Las familias que los acogen también luchan día a día por el alimento y esto no es favorable cuando llegan más personas”, sostiene Ingham.

Además, asegura que también hay enfrentamientos en los lugares a los que acuden, lo que es más complicado para quienes están en un barrio al que no pertenecen. Ingham añade que el hecho de que los desplazados estén repartidos por toda la ciudad será un impedimento para cuando las instituciones pretendan atenderlos porque será más difícil llegar a ellos.  

La respuesta a esta situación, según la secretaria de Gobierno de Buenaventura, Ledys Torres, es que no tienen albergue debido a la idiosincrasia del Pacífico. 

“Somos gente de un corazón tan grande y tan noble que, para bien o para mal, lo primero que hacemos es llegar donde nuestra familia”, dice la secretaria de Gobierno. 

Ella explica que el hecho de que no exista una edificación destinada para albergar a los desplazados, no quiere decir que la Alcaldía no haga nada al respecto. Torres señala que si un desplazado quiere albergarse, ellos contratan a diferentes instituciones para permitir que lo hagan. 

Como la Alcaldía tiene poco espacio para atender a todos los desplazados, la institución a la que fueron trasladados fue Pastoral Social. Allí se realizó el censo con diferentes autoridades. Posteriormente, los desplazados se fueron para las casas familiares donde los recibieron.

Desde entonces, ha habido un comité territorial de justicia transicional, realizado el pasado 7 de noviembre. Allí se decidió que habría una jornada de atención integral el 9 de noviembre. Sin embargo, esto no se realizó y se pospuso para este viernes 15 de noviembre. Ese día, tampoco se realizó la jornada y fue reprogramada para este fin de semana. 

La secretaria de Gobierno desmiente las versiones que apuntan a que los desplazados no han recibido atención durante estos 10 días. “No tienen el apoyo que quisiéramos darles, por la cantidad de recurso que necesitamos para resolverlo. Pero hemos hecho lo posible en medio de las dificultades”, sostuvo Torres. 

Ella explica que la fuerza pública ya está en los sectores afectados y que están trabajando para que se queden allí las 24 horas para calmar la situación. 

Más allá del llamado porque haya fuerza pública, la comunidad reclama que la Alcaldía atienda de manera integral a los desplazados y que esto no siga sucediendo. 

“Desde hace rato la Procuraduría ya denunció lo que estaba pasando, pero la Alcaldía hace caso omiso. No tiene planes de choque ni de contingencia para atender a los desplazados. Entonces eso le toca a la Iglesia y a las organizaciones sociales”, relata un líder de la zona de baja mar, que es donde están las comunas 3 y 4 que fueron desalojadas. 

El problema es tan delicado y desde hace tanto tiempo que en un informe del 2012, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría identificaron a Buenaventura como el primer municipio del país con mayor población desplazada entre 1997 y 2011, con 72.792 personas.

Además, entre el primero de enero del 2013 y el 31 de agosto del mismo año, se han desplazado de Buenaventura 4.670 personas, según la Red Nacional de Información. 

Históricamente, la situación ha sido tan delicada que el defensor del Pueblo pidió en noviembre del 2012 que se evaluara declarar una emergencia humanitaria en ese puerto del Pacífico.

Por eso, Ingham indica que lo más importante es ver más allá de la coyuntura y analizar por qué se está repitiendo esta situación y cuál es la estrategia de las autoridades en materia de prevención y atención. 

Un miembro de la comunidad de Buenaventura, que prefiere reservar su identidad, asegura que la única respuesta de la Alcaldía es la presencia militar. Pero, según él, esto no es suficiente debido a que el problema persistirá mientras existan Los Rastrojos, La Empresa y Los Urabeños.

“Uno muchas veces ve a la Administración Municipal muy tranquila con el control frente a todo lo que sucede. Incluso, en el comité territorial el alcalde dijo que atenderá lo de ahora y luego mirará lo que vaya apareciendo. Eso es un pensamiento muy insensible”, aseguró la fuente consultada por Semana.com

Esta visión es reforzada por el auto que emitió la Corte Constitucional días antes del desplazamiento masivo. Desde el 2005, la institución determinó que los afrodescendientes desplazados de Buenaventura deben atenderse con enfoque diferencial. 

Sin embargo, en octubre del 2013, el alto tribunal consideró que esto no se está cumpliendo. “Se observa con preocupación que, a pesar de haber identificado la zona urbana como uno de los puntos focalizados que presentan mayor riesgo, no hay una ruta o protocolo específico para atender el fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano. Asimismo, en el Plan de Contingencia no se registran acciones concretas y adecuadas, dirigidas a enfrentar los problemas que se han venido presentando en materia de registro y toma de declaración”, detalla el auto 234 del 2013.

Ante la delicada situación humanitaria, la secretaria de Gobierno de Buenaventura explica que el problema de esa población es ancestral y social, puesto que más del 80 % de la población está desempleada.

“Nuestro compromiso es con Dios y con la comunidad, por eso trabajamos, para que vuelva la tranquilidad a Buenaventura”, señala Torres. 

Mientras la Alcaldía está en la organización de una jornada de atención integral y en el restablecimiento de la fuerza pública en diferentes sectores de la ciudad, en los barrios donde se presentó el desplazamiento todavía se siente la tensión. Así lo aseguró Ingham, luego de la visita de Acnur y la Defensoría a dichos.

Además, los grupos armados al margen de la ley ya comenzaron a presionar a los medios regionales que han cubierto la noticia, como lo aseguró el líder de Buenaventura consultado por Semana.com

Todo lo anterior demuestra que el problema humanitario no es de ahora y va más allá del desplazamiento de casi 900 familias. Una vez se resuelva ese problema, la Alcaldía deberá articularse con el Ministerio Público para trabajar en un método efectivo de atención y, más importante aún, de prevención para que no siga pasando el mismo mal que aqueja a la población de Buenaventura desde hace tantos años.