Después del diluvio

"Hemos decidido darle a cada familia damnificada, que están censadas y son más de 10 mil, un cheque por un millón y medio de pesos antes del 24 de diciembre. Eso lo vamos a hacer de forma ordenada y dentro de tres o cuatro días comienza la distribución", declaró el presidente Juan Manuel Santos dos días después de la inundación que, el pasado 7 de diciembre, invadió de agua, fango y suciedad más de 12.000 viviendas en Bosa, en Bogotá. Aunque, pasado el invierno, la zona está casi seca, bulle el descontento: además de charcos, malos olores y riesgos de infección, el prometido subsidio presidencial se ha vuelto la manzana de la discordia.

Bosa se inundó porque las lluvias tuvieron una concentración e intensidad sin precedentes y eso provocó que el Canal Cundinamarca, que recibe las aguas residuales que no llegan hasta el río Bogotá, se desbordara. Además, el alcantarillado colapsó y, pese a que la gente bloqueó puertas y ventanas, por los sifones de las casas el agua se filtró a borbotones. Para colmo, los ladrones hicieron de las suyas en las viviendas vacías. "Aquí, en ocho días, mataron a cinco ladrones, los lincharon", cuenta Mary Ayala, una líder del barrio Alameda. La Alcaldía envió 170 policías y 140 soldados para contrarrestar los saqueos durante la emergencia.

Un mes después, los barrios de Bosa están casi secos, aunque aún hay muebles en los andenes, ratas que salen en la noche, aguas estancadas que expiden malos olores y son potenciales focos de enfermedades y algunas alcantarillas que habían sido destapadas se volvieron a obstruir. Pero eso no es lo que trasnocha a los damnificados. Su principal preocupación es el subsidio que prometió el presidente. Muchos se quejan de que no les ha llegado y culpan al Fopae (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias) y a la Secretaría de Integración Social, entidades que hicieron el censo de afectados, pues, al reclamarlo, les dijeron que datos como apellidos y números de identificación no coincidían. SEMANA intentó averiguar cuántos subsidios se han entregado, pero ambas entidades han declinado la invitación para hablar a los medios.

"A algunas personas les salió que tenían esposo cuando son madres cabeza de hogar, ¿por qué tiene que haber esas confusiones si pasaron casa por casa? Nosotros asumimos que esas confusiones las hicieron ellos a propósito para poderse robar los subsidios", dice Amparo Romero, en el conjunto Villas de Vizcaya. Según la administradora del conjunto, a 60 de las 138 familias que viven en él no les han dado el auxilio económico. En Alameda del río, donde el agua subió hasta un metro de altura, en una sola cuadra de 24 casas solo les ha llegado el subsidio a cuatro familias. "A mí la única ayuda que me prestaron fue una lancha para salir de mi casa con mis niños", dice Marta Tovar, quien sostiene que personas que no eran del sector aprovecharon para salir a recibir las ayudas al lado de su casa. En protesta, el 3 de enero, unos 150 damnificados bloquearon el Portal de TransMilenio de las Américas.

En varios barrios la gente se está organizando para demandar al Estado por darles casas de interés social en un terreno en riesgo. "Estas casas resultaron ser el paquete chileno: nos prometieron valorización y vías y terminamos debajo de un caño", dice decepcionada Amparo Romero.

Este lío, que compromete cerca de 15.000 millones de pesos, es la primera 'papa caliente' que recibe la nueva administración distrital. El recién posesionado secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolff, anunció que "se va a verificar el censo". Sin embargo, entretanto, la indignación y la frustración crecen entre los habitantes de Bosa, para los cuales, después del diluvio, no llegó la calma.