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| 6/23/2012 12:00:00 AM

Después de la tormenta...

La súbita salida del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, abre una nueva etapa en las relaciones del gobierno con la coalición de la Unidad Nacional. ¿Se complicará el trámite de proyectos clave para la próxima legislatura?

La caída del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, es el primero, mas no el último, de los efectos políticos del fiasco de la conciliación de la reforma constitucional que estalló la semana pasada. Si bien es pronto para evaluar algunos impactos, como los de percepción en la opinión pública, el tercer año de la administración Santos arrancó, en la práctica, con esta debacle, al menos en lo relacionado con las relaciones con el Congreso de la República, el funcionamiento de la Unidad Nacional y el afán reformador del gobierno.

La salida de Esguerra representa el fracaso de 18 meses de trabajo del Ejecutivo bajo el modelo de la sombrilla de la coalición de gobierno y el diálogo con las altas cortes. A pesar de contar con amplias mayorías parlamentarias, la Casa de Nariño fue incapaz de controlar el trámite de un texto prioritario para su agenda y lo dejó infestar de 'micos' de última hora que dieron al traste con un esfuerzo del primer nivel de la administración. La renuncia ministerial del viernes pasado constituye el pago del costo político por haber perdido ese manejo. De hecho, en muy contadas ocasiones, un ministro entrega su cabeza ante el fracaso del principal componente de su cartera. Por más críticas que Esguerra reciba por su desempeño en la conciliación, es perentorio reconocer a este jurista un cierre digno de su gestión al asumir su error.

A pesar de lo anterior, la objeción presidencial a la reforma a la Justicia golpea severamente las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. En su alocución el presidente Santos se desmarcó de los congresistas y calificó de "inaceptable" un producto de su propia coalición mayoritaria. En otras palabras, tras dos legislaturas de aprobar prácticamente todo lo que la Casa de Nariño radicó en el Parlamento, le queda muy difícil al gobierno deslindarse de ocho debates controlados por sus amigos de la Unidad Nacional. Si bien Santos y Esguerra tuvieron incontables oportunidades para hundir este controvertido proyecto, nunca enviaron esa orden y, por omisión, avalaron los contenidos que ambas Cámaras aprobaron.

La dificultad está en que la agenda legislativa aún tiene asuntos pendientes. A la complicación tradicional de un tercer año de mandato se le suman iniciativas difíciles como la reforma tributaria. El trámite de estos proyectos de ley será más tortuoso de lo esperado y mucho más costoso por ser la previa a 2014, año electoral. Como si fuera poco, otro de los responsables de la debacle de la semana pasada, el ministro del Interior Federico Renjifo, tendrá a su cargo impulsar este paquete. El desempeño del jefe de la cartera política en sus primeros meses ha dejado vacíos que deberá llenar en el más hostil de los entornos.

Otra consecuencia toca a la Unidad Nacional. Las posturas de la Presidencia, de los líderes de los partidos de la coalición y de los congresistas frente a la reforma constitucional evidencian líneas de fractura. Por ejemplo, cuando el Congreso se reúna para tramitar las objeciones presidenciales, la conformación de la comisión accidental para revisarlas reflejará esas tensiones. ¿Entrarán los parlamentarios que lideraron los debates y escribieron las ponencias? ¿Repetirán aquellos que introdujeron los 'micos'? ¿Los presidentes de ambas Cámaras, Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria, apoyarán el gobierno en el hundimiento o a sus colegas en los beneficios?

Si bien la Mesa de Unidad Nacional no está en riesgo de romperse, la fluidez para promover las iniciativas gubernamentales se verá seguramente reducida. El ritmo de aprobación de ambiciosas reformas, que caracterizaron los dos primeros años de esta experiencia legislativa, también caerá. En conclusión, la administración Santos inauguró oficialmente el segundo tiempo de su cuatrienio en materia del manejo del Congreso.
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