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INFORME ESPECIAL

Destinos de cuna

La ausencia de los padres ha agudizado la guerra en Medellín, donde la violencia ha sido el único camino para muchos jóvenes. Cinco historias de vida de niños y adolescentes atrapados en el ciclo de la guerra.

María del Pilar Camargo, periodista de Semana.com
24 de agosto de 2010

Que niños y adolescentes sean las víctimas y los víctimarios del conflicto violento que desata el miedo en Medellín tiene sus porqués. Historias de vida demuestran que muchos menores cometen prácticas delictivas impulsados por la carencia afectiva y la necesidad de un referente de autoridad: un padre o una madre.
 
El fenómeno de los padres ausentes agudiza la violencia juvenil antioqueña, y parece que este síntoma de las familias disfuncionales o el abandono de los padres biológicos no está siendo valorado como se lo merece.
 
Y es que la ausencia de los padres tiene varias presentaciones: son negligentes ante la crianza de los hijos, están sumidos en el encierro de una prisión, fueron asesinados por un grupo ilegal armado,o pertenecen a una banda criminal. Sumado a la falta de la figura paternal o maternal están las circunstancias socioeconómicas precarias en las que habitan los menores de edad.

De acuerdo con Daniel López, sicólogo de la Universidad de Antioquia y especialista en salud mental del niño y adolescente de la Universidad CES, el fenómeno de los padres ausentes se manifiesta en el desplazamiento y el conflicto armado, flagelos donde el niño, en algunas ocasiones, es criado por personas diferentes a los padres biológicos.

"Se habla de trastorno cuando el padre ausente es producto de algún efecto traumático como una muerte accidental, un asesinato, el desplazamiento forzado, el ingreso a una cárcel o cualquier acción que haya generado un trauma para el niño. Si los cuidadores son adecuados no se generará ningún trauma en el menor", agrega López.

La personalidad de los menores que viven estas circunstancias es frágil. Son personas hiperactivas, agresivas, con dificultades en el lenguaje, disposición al aislamiento y propensos a desarrollar el trastorno Oposicionista desafiante, donde se evidencia la carencia de la figura de autoridad y por lo tanto, su acceso inadecuado a la ley.

Según Freddy Edgardo Gómez, juez de menores y coordinador del Centro Especializado para la Adolescencia, CESPA, la mayoría de los adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal provienen de familias recompuestas, donde se presenta la figura del padrastro y el medio hermano; monoparentales, donde sólo está el referente maternal; y disfuncionales, donde el padre es consumidor de droga, alcohólico o asume conductas delictivas.

"Algunos cuidadores no son un referente de autoridad para los menores y por lo tanto, no hay ningún acatamiento de normas por parte del adolescente, quien puede tener un referente afectivo pero no de autoridad. Ellos dicen que se hacen matar por la mamá o la hermana mayor pero no obedecen. En las familias recompuestas el padrastro quiere imponer reglas y el muchacho entra en conflicto porque no acata normas de un desconocido", apunta Gómez.

Lea cinco historiasde vida de menores de edad que viven distintos destinos de cuna, sometidos a vivir con la ausencia de sus padres: Amor entre rejas, Abuela madre, Los niches, La promesa de no volver a delinquir Los 12 hijos de Granada.

Otro problema: el consumo de drogas

Los menores atraviesan más conflictos. El Juez Freddy Edgardo Gómez explica otras características generacionales de los adolescentes que agreden la normatividad penal: el 90% son desescolarizados y el 98% son consumidores de estupefacientes.

"Cerca de un 65% de los jóvenes que infringen la ley son policonsumidores. Consumen ruedas, coca y marihuana", señala Gómez. 
 
En algunos casos, junto a la desintegración familiar, el consumo de drogas aumenta. El segundo Estudio de salud mental del adolescente y consumo de sustancias psicoactivas de Medellín concluyó que once de cada cien alumnos de bachilleratos de colegios públicos y privados, rurales y urbanos, entre los 10 y 19 años, fuman marihuana, y que a partir de los doce años y medio, los estudiantes consumen bazuco y heroína. A las conclusiones se sumó también el uso de hongos y cacao sabanero entre adolescentes.

¿Cómo se judicializa a un menor de edad?
 
En Antioquia la judicialización de los procesos de criminalidad en menores de edad se maneja desde los circuitos judiciales.
 
El Circuito Judicial de Medellín conoce las conductas delictivas cometidas por adolescentes en municipios como Barbosa, Bello, Copacabana, Girardota, Medellín, Itagüí, Caldas, Sabaneta, La Estrella, Amagá, y Angelópolis. Mientras se define su situación judicial los adolescentes son llevados al CESPA, un centro transitorio con capacidad de 30 cupos que alberga a los jóvenes por un tiempo máximo de 36 horas.

El organismo encargado de los adolescentes que delinquen en los 116 municipios restantes del departamento es el Distrito Judicial de Antioquia. El departamento se divide en 25 circuitos judiciales, cada uno integrado a su vez por varios municipios.

Cuando el menor es capturado la Policía de Infancia y Adolescencia lo traslada a la cabecera del circuito y centro transitorio, respectivos.

Y es que 2.057 hombres y 204 mujeres entraron en 2009 al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, así se desprende del informe estadístico de ese año del Centro de Servicios Judiciales de ese sistema.

Las mujeres ingresan por porte ilegal de arma de fuego; porte, tráfico o fabricación de estupefacientes; y hurto calificado y agravado.

Por su parte, los hombres ingresan por los mismos delitos más homicidio, acto sexual abusivo, atentado contra la libertad sexual, violencia intrafamiliar, lesiones personales dolosas, extorsión y secuestro.
 
Menores en conflicto
 
Un niño o adolescente entra en el conflicto violento por varias causas. En primer lugar, su familia de escasos recursos le exige producir y generar dinero para pertenecer a ese hogar, por tal razón, el joven se desescolariza para trabajar. En segundo lugar está la familia disfuncional, y en tercer lugar, la delincuencia organizada, donde los adolescentes son "carritos" de droga y de armas.

"Algunos jóvenes sancionados manifiestan una carencia de afecto impresionante. Son huérfanos de amor. Algunos pedagogos de centros de internamiento de la ciudad están usando mascotas como táctica para fortalecer los vínculos afectivos de los jóvenes. Se encariñan con un perro, por ejemplo", cuenta el juez Gómez.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2010 se cometieron 884 homicidios, lo cual representa un aumento del 21,8 por ciento, respecto al mismo periodo en el año 2009, cuando se produjeron 726 asesinatos.
 
A la alarmante cifra se suma el incremento del homicidio de niños, niñas y adolescentes con edades entre los 11 y 17 años. Es el grupo poblacional que más incremento de homicidios presentó respecto a 2009. Hace un año se registraron 45 casos, en 2010 se reportaron 83 en el mismo periodo, de enero a mayo.
 
Otra de las conclusiones se refiere a los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, cuyos asesinatos en el 2010 ocupan el 9,9 por ciento de la totalidad de homicidios.
 
"Los grupos armados ilegales están conformados cada vez más por niños, niñas y adolescentes, ya que son más fácilmente influenciables y no generan mayores costos de sostenimiento económico para las agrupaciones", subrayó la Personería de Medellín en entrevista con el periódico El Tiempo. El Organismo denunció que el asesinato de menores de edad aumentó 138% por su ingreso a grupos armados.

Frente a la alta tasa de homicidios de menores de edad el juez Gómez acepta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el CESPA no ofrecen hasta el momento espacios posprocesos que vinculen al adolescente, que cumplió la sanción, a un proyecto productivo.

De los 4 mil 600 jóvenes judicializados, cerca de 400 son sancionados, de los cuales 20 son asesinados como “ajuste de cuentas” una vez egresan del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, más conocido como La Pola, la cárcel de menores de Medellín.

"No se trata de tirarlos a la calle. No queremos que el joven haga su bachillerato aquí y de pronto la universidad en Bellavista. Un adolescente vuelve a su mismo medio si no aprende algo diferente", señala Gómez.
 
El tema es de urgencia e interés nacional. La cifra de homicidios se acerca a las mil víctimas con el negativo cese de la violencia entre combos delincuenciales. Si las confrontaciones armadas presentadas en la Comuna 13, al Occidente de Medellín, continúan y se expanden a otras zonas, la violación al derecho a la vida de los más jóvenes (hijos de los victimarios, por ejemplo) deberá ser un tema prioritario para el gobierno de Juan Manuel Santos.
 
Trabajo periodístico - Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.