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| 12/9/2013 12:00:00 AM

Destitución de Petro: el peor revés para la izquierda

La sanción contra el alcalde Gustavo Petro podría poner fin a los sucesivos gobiernos de izquierda en Bogotá. ¿Por qué?

La sanción que este lunes interpuso la Procuraduría al alcalde Gustavo Petro podría ser el epílogo de tres gobiernos de izquierda sucesivos en la capital. Después de una pálida gestión de este espectro, con Lucho Garzón a la cabeza, una muy cuestionada por las denuncias de corrupción de Samuel Moreno y una muy debilitada políticamente de Gustavo Petro, la izquierda queda herida gravemente.

Primero fue Lucho Garzón quien llegó al Distrito con una propuesta conciliadora con el Polo Democrático Independiente (PDI). Su gestión se destacó porque saltó de los temas urbanos y de cultura ciudadana, de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, a un enfoque más social. De Garzón se recuerda toda la inversión que hizo en educación y su programa bandera para atender las necesidades alimentarias de los más pobres. No obstante, con el paso del tiempo ha salido salpicado por las investigaciones del carrusel de la contratación. Varios concejales cercanos y conocidos están bajo la lupa por su posible injerencia en los procesos de contratación. Y él mismo es investigado por la Contraloría por su posible responsabilidad en el detrimento patrimonial de la ciudad por los contratos de la fase III de TransMilenio.

Después vino la alcaldía de Samuel Moreno Rojas que abrió un nuevo capítulo de la relación entre corrupción y política. Moreno fue avalado por el Polo Democrático Alternativo, que tenía como base el mismo PDI más el Partido Comunista y el Moir. Sin embargo, el alcalde no pudo terminar su período puesto que el mismo procurador que hoy dejó fuera del juego político a Petro, primero lo suspendió (dos veces) y después lo inhabilitó. Esta fue la peor presentación que tuvo la izquierda en un gobierno.

En ese sentido, las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, poco a poco han revelado que existió un tinglado entre contratistas, políticos e incluso organismos de control que configuraron lo que hoy se conoce como el ‘carrusel’ de la contratación, cuyo principal rostro es el del exalcalde Moreno. Hoy el exmandatario local enfrenta un juicio penal por los posibles delitos cometidos durante su administración. En su lugar llegó Clara López Obregón, quien había sido su Secretaria de Gobierno, a terminar su período.

Petro, oriundo de Córdoba y quien había sido tres veces congresista (dos veces representante y, una, senador), ganó las elecciones de 2011 con el 32 por ciento de los votos cuando la derecha se partió entre dos preferencias: la de Gina Parody y Enrique Peñalosa. Esta circunstancia le permitió ganar con 723 mil votos, un porcentaje mínimo.

Esta vez él se lanzó por el movimiento Progresistas que fue creado para impulsar su candidatura. Con él se fueron varios integrantes del Polo Democrático que no estuvieron de acuerdo con respaldar a Moreno. Para ese momento Petro ya había sido candidato a la Presidencia (2010) del Polo, pero a pesar de su desempeño como candidato, las directivas del partido no lo quisieron proclamar como jefe del partido. Esa circunstancia, más el hecho de Petro se había convertido en uno de los más acérrimos críticos de Samuel Moreno, lo había sacado del Polo.

En 2011, con los disidentes y varios respaldos de sindicatos, antiguos líderes políticos del M-19 y una franja de votos de opinión que siempre lo habían acompañado llegó a la alcaldía. Su discurso en contra de la corrupción y a favor del medio ambiente caló en los bogotanos y ganó.

Sin embargo, la debilidad de sus respaldos ya auguraban los problemas que reventaron después. La tercera parte del electorado es la misma que ha mantenido su respaldo reflejado en las encuestas. Petro no logró conquistar el corazón del resto de bogotanos que poco a poco aumentaron sus críticas. La luna de miel duró poco.

A los tres meses de gobierno, el entonces secretario de Gobierno, Antonio Navarro, renunció. Nunca se conocieron públicamente las razones de su salida del gobierno, pero se ha rumorado que las peleas con el alcalde no dieron tregua.

Sus diferencias de talantes y de visiones sobre la política y la ciudad los obligaron a separarse cordialmente. Después vino una seguidilla de renuncias de gerentes de TransMilenio, secretarios y otros funcionarios del primer nivel que eran el síntoma de que algo andaba mal. Cerca de dos decenas de funcionarios se han ido. La imagen más favorable de las personas cercanas sobre el alcalde saliente es que es una persona voluntariosa, la más crítica es que tiene ínfulas de tirano.

Tampoco supo tender puentes con el Concejo de Bogotá, que muy pronto le pasó la factura. El intento de acercarse a las bancadas fue torpe. Las mayorías, cuando apenas arranó el Concejo, armaron un bloque opositor, eligieron contralor Distrital y Personero de partidos opositores, lo que en principio es bueno para vigilar una gestión, pero que para un gobernante se puede convertir en una piedra en el zapato.

Al descubierto fueron quedando varios defectos de su gestión: la falta de claridad en su modelo de ciudad, la crisis de ejecución de su equipo de gobierno, una permanente lluvia de críticas de los medios, los problemas de comunicación de sus logros y un estilo personal muy beligerante.

Al final la copa se rebosó con un error grave de administración: el cambio del esquema de basuras, que arrancó el 18 de diciembre pasado y fue un fracaso. Ese día el alcalde había sentenciado: "o somos derrotados o ganamos". La frase demostraba hasta qué punto se estaba jugando su futuro político.

Llegó la fecha y la capacidad de gestión del acalde no estuvo a la altura del desafío. Para ese momento Petro había decidido no prorrogar los contratos con las empresas que prestaban el servicio de aseo. En su lugar, a través de la empresa del Acueducto de Bogotá, quiso montar un esquema de aseo completamente público. En su momento hubo una discusión por el soporte legal que tenía esa decisión, porque para los privados el modelo que entraría a regir era el de libre competencia como ocurre con otros servicios públicos.

Los primeros días, los montones de basura amontonados fueron la evidencia de la incapacidad del Distrito de recoger todas las basuras de la ciudad. No había equipamientos ni personal para atender la emergencia. El alcalde alquiló unos compactadores de basura, pero mientras llegaban, la ciudad enfrentaba una crisis como no se había visto en las últimas décadas. Aunque la crisis se conjuró y el alcalde renegoció los contratos con los actuales empresarios del aseo, sus medidas autoritarias y sin ninguna planeación atizaron el rechazo a su gestión.

Entonces vino la propuesta de revocarlo. El representante Miguel Gómez, de La U, se presentó ante la Registraduría para inscribir un comité de firmas que buscaba revocar al alcalde. Ese caballito de batalla le sirvió para ponerlo en jaque políticamente. Las firmas estuvieron listas en menos de seis meses. Sin embargo, Petro armó una estrategia de defensa dilatoria, con recursos, tutelas y demandas de todo tipo que impidió que se celebrara la consulta popular.

Un año después de que comenzaron las investigaciones por las irregularidades en la contratación del esquema de basuras, el Procurador Alejandro Ordoñez puso fin a su gobierno. Aunque Petro podrá acudir a un recurso de reposición, este lo deberá resolver el propio Ordoñez. Y como lo ha demostrado la experiencia —el Procurador también sancionó al secretario de Gobierno Guillermo Asprilla por no haber renunciado a tiempo a representar unas víctimas ante el Distrito y después ratificó su sanción— lo más seguro es que el fallo quede en firme.

Una vez quede en firme la sanción (que puede ser en unas cuantas semanas o el año entrante), comienzan a correr los términos. El gobierno Nacional deberá elegir a un alcalde provisionalmente, de una terna que enviará Progresistas. Luego el Presidente deberá convocar a unas nuevas elecciones y la Registraduría tendrá dos meses para preparar el certamen.
Para entonces, Petro no tendrá la oportunidad de poner una terna para que el Presidente elija al nuevo alcalde. Eso solo es posible cuando la sanción es antes de 18 meses de terminar el período.

La sanción no solo es la muerte política del alcalde por 15 años (aunque con el recurso de reposición el período puede cambiar) sino un revés para la izquierda que podría no solo impactar a la política local sino tener un efecto desalentador para otras organizaciones de izquierda –que hoy están atomizadas– en vísperas de unas elecciones al Congreso.
Diez años ha estado la izquierda en el poder de Bogotá. Este podría ser el comienzo del fin de una era.
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