Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/12/14 05:00

¡Ordóñez es Terminator!

Las descabezadas del procurador llegaron a un punto crítico. La destitución de Petro convirtió en mártir a un mal alcalde.

Según la Constitución y la ley, el procurador Alejandro Ordóñez puede hacer lo que se le dé la gana. Al procurador se le ha acusado de ser un sectario que quiere acabar con todo lo que huela a izquierda, aborto y gays. Ese cargo tiene algo de injusto. Si bien destituyó a Piedad Córdoba y Samuel Moreno, también descabezó a Andrés Felipe Arias, la estrella del Partido Conservador. La decisión contra Gerardo Hernández tendrá serias implicaciones económicas para el país. Sin embargo, su fallo más injusto es el del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Foto: Guillermo Torres - Semana

La destitución del alcalde Gustavo Petro puso sobre el tapete el tema de la Procuraduría. De tiempo atrás se había presentado una controversia alrededor del poder de ese funcionario. Con el caso del alcalde la indignación explotó. Para sus críticos se había convertido en una especie de Torquemada, es decir, un inquisidor que echaba a la hoguera a todo el que pensara diferente. Otra interpretación, más benévola, es que simplemente se trataba de un cruzado contra la corrupción, lo cual el país necesitaba.

La realidad es más sencilla. El origen del problema es que las facultades que la Constitución de 1991 le otorga al procurador son infinitas. Y como si fuera poco, el Código Disciplinario Único de 2002 las amplía. El procurador puede investigar a todos los funcionarios públicos no solo por actos de corrupción sino por fallas en el desempeño de su gestión.

Esto último incluye, según las normas, acción, omisión, ineficacia en la gestión, improvisación, falta de planeación, sobrecostos, errores en la contratación y lo que algunos juristas llaman ‘dejadez’. Y por cualquiera de estas causales no solo puede amonestar o suspender al funcionario, sino destituirlo de su cargo, “inclusive a los de elección popular”.

En otras palabras, el procurador puede hacer lo que se le dé la gana y no estaría violando la ley. Aunque esas facultades existen desde hace 22 años, las funciones con las que se asociaba ese cargo ante la opinión pública eran perseguir la corrupción y sancionar la participación en política de los funcionarios públicos. 

Ningún procurador se había puesto a evaluar la “eficacia en la gestión” porque este es un campo demasiado discrecional y hasta al mejor gobernante se le pueden encontrar lunares en su gestión. En un país poco institucional como Colombia, con niveles de educación bajos, satisfacer los requisitos de planeación, transparencia, economía y responsabilidad tiene algo de utópico y la tradición era que mientras no hubiera robo de por medio, había que ser realistas en cuanto a la imperfección del sector público.

Alejandro Ordóñez cambió esta tradición. Decidió meterle el diente no solo al robo y a la participación en política sino a la “ineficacia en la gestión”. Y como en esta categoría cabe todo, las cifras de su labor son impresionantes. En su primer periodo, destituyó a 828 alcaldes y 49 gobernadores. Teniendo en cuenta que en Colombia hay 1.200 municipios y 32 departamentos, el revolcón tiene dimensiones desconcertantes. En cuatro años, cada semana la Procuraduría descabezó en promedio a cuatro alcaldes y, cada mes, a un gobernador. Esto para no mencionar los 622 concejales, 22 congresistas, 18 diputados y la infinidad de funcionarios medios que pasaron al asfalto.

Las anteriores cifras son aterradoras. Una masacre burocrática de esa dimensión es la que se espera cuando Fidel Castro saca a Batista, o el ayatolá Jomeini al sha de Irán, o cuando Hugo Chávez llega al poder. Pero no cuando en Colombia el Senado escoge a un procurador para que asuma el control disciplinario en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. En este momento la Procuraduría está investigando al 90 por ciento de los alcaldes y el 100 por ciento de los gobernadores.

La única explicación que puede haber detrás de esto es que o la gestión pública en el país es catastrófica o el procurador Alejandro Ordóñez ha perdido el sentido de las proporciones en relación con su cargo. Lamentablemente las dos cosas son verdad. En cuanto a los excesos de Ordóñez, la destitución de Petro fue la gota que rebosó la copa, pero esta venía llenándose de tiempo atrás. Aunque legales, el procurador ha venido tomando medidas controvertidas y desproporcionadas desde que se posesionó. 

La mayoría de los 800 y pico de alcaldes y los casi 40 gobernadores destituidos pasaron relativamente inadvertidos por no tratarse de funcionarios de perfil alto. Por esto, es difícil establecer el grado de arbitrariedad que pudo haber en esas sanciones. Sin embargo, en el caso de figuras reconocidas, con la lupa de todo el país encima, sí queda claro que a la Procuraduría de Ordóñez se le ha ido la mano.

El caso del alcalde Petro es el más reciente y tiene mucha tela para cortar. Dada la catástrofe de las basuras, sin duda alguna había justificación para una sanción. Además el alcalde fue advertido por múltiples entidades que no debía hacerlo. Pero la calificación de las faltas como “gravísimas” y “dolosas”, cuando no hubo corrupción de por medio, es debatible. Con esa calificación la destitución era obligatoria. 

Si las faltas fueran calificadas solamente como “graves” o “culposas”, se habría podido aplicar una suspensión y una inhabilidad de un año con lo cual quedaba un castigo, pero no una muerte política. En lo que todo el mundo coincide es en que la inhabilidad de 15 años es, como el propio Petro lo ha dicho, “cadena perpetua”.

Cuando se leen las causales de las faltas “graves” o “culposas”, es decir las que no requieren destitución, se puede concluir que todos los errores de Petro encajaban dentro de esa definición. Según el Código Disciplinario, están en esa categoría “el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de funciones, la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley”. El caos de las basuras podría perfectamente ajustarse a esa norma. 

El procurador prefirió hilar más delgado y buscar entre las 63 causales de faltas “gravísimas” y “dolosas” a ver cuál se le acomodaba al alcalde. El eje de su acusación es que pasar la recolección de basuras del sector privado al sector público “vulnera los principios constitucionales de la libre empresa y competencia”. Esa es una apreciación subjetiva y bastante discutible, pero el derecho da para todo. En todo caso, viendo la reacción nacional a la interpretación radical de la Procuraduría, es evidente que hubiera sido más prudente una sanción menos drástica que también hubiera estado ajustada a la ley.

El caso de Petro es el más notorio, pero no el único. Más injusto, tal vez, fue el caso del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. El procurador lo destituyó e inhabilitó por 12 años por denunciar cuando era alcalde, con fotografía en mano, que uno de los candidatos a sucederlo estaba haciendo reuniones de campaña con personas vinculadas con grupos armados. 

En ese caso, la Procuraduría consideró que, aunque la denuncia de Salazar tenía fundamento, haberla hecho entrañaba participación en política. Por esto, le decretó los 12 años de inhabilidad que en la práctica significan su muerte política. Salazar le pidió al Consejo de Estado que revoque el fallo de la Procuraduría porque, según su alegato, denunciar una irregularidad era su obligación como alcalde y no una indebida participación en política.

Al procurador se le ha acusado de ser un sectario conservador que quiere acabar con todo lo que huela a izquierda, aborto y gays. Ese cargo tiene algo de injusto. Ordóñez tiene más fanatismo católico que político. Siendo conservador, le decretó la muerte política a Andrés Felipe Arias, la estrella en ascenso de ese partido y el delfín de Álvaro Uribe. 

Por una supuesta falta de planeación y la firma de un convenio con el IICA (organismo adjunto a la OEA) sin estudios “precisos y completos”, el procurador acabó con la carrera del exministro de Agricultura inhabilitándolo por 16 años. El caso es tan injusto como el de Alonso Salazar, pues todos los gobiernos anteriores habían firmado el mismo convenio con el IICA sin que fuera considerado una falta disciplinaria.

El caso de Samuel Moreno es más original que grave. En medio del escándalo de los Nule y cuando se comenzaba a destapar el carrusel de la contratación, Ordóñez lo sacó del ring, no invocando corrupción sino ineptitud. El cargo era no haber tomado medidas para evitar las irregularidades que se cometieron en la realización de obras del Distrito. 

En otras palabras, no por hacer algo malo, sino por no hacer nada. Con el argumento de que el alcalde tendría que firmar multimillonarios contratos de ahí en adelante, lo suspendió inicialmente por tres meses que terminaron convirtiéndose en el resto de su mandato y lo inhabilitó por un año. Aunque esto suena lógico hoy, dadas las barbaridades que se estaban cometiendo en el Distrito, en realidad se creó una nueva jurisprudencia que consistía en la destitución de facto por razones preventivas. Eso tampoco tenía antecedentes. Muchos le critican ahora la desproporción que hay entre la suspensión con un año de inhabilidad para Moreno y la destitución con 15 años para Petro.

Pero sin duda alguna el mayor error que ha cometido la Procuraduría hasta ahora es la destitución del superintendente financiero Gerardo Hernández. Si hay un campo donde es muy difícil y muy subjetivo evaluar la ineficacia de una gestión es en el sector financiero. Una decisión inoportuna puede generar un pánico financiero. En otras palabras, el alcance de la decisión tiene efectos más económicos que políticos. Por cuenta de la destitución de Hernández, el Estado está abocado a enfrentar ahora múltiples demandas de responsabilidad en la debacle de InterBolsa, que pueden ser costosísimas.

Se podrían mencionar otros casos como el debate por la destitución de Piedad Córdoba o la omisión en algunos casos de parapolíticos. La conclusión, en todo caso, sería que con el rasero con que el procurador está juzgando a los funcionarios públicos prácticamente todos podrían ser suspendidos o destituidos.

Algo que llama la atención de Alejandro Ordóñez es la incoherencia que hay entre la rigidez con que exige que los funcionarios no participen en política y la forma como él se mete en campos que no le corresponden. En medio del debate por el fallo de La Haya en que Colombia perdió 75.000 kilómetros de mar, el procurador se montó en un barco y llegó hasta el meridiano 82. ¿Qué tienen que ver las funciones de la Procuraduría con la defensa de la soberanía nacional?

Y mucho más grave aún es su visita a la Corte Penal Internacional en Holanda. Se desplazó allá para reunirse con la cabeza de esa organización para pedirle que en la eventualidad de que el proceso de paz en Colombia requiriera una dosis de lo que según él sería impunidad, ese organismo estuviera pendiente para evitarlo. 

Esa insólita visita, que dejó feliz a la derecha uribista, es una intromisión indebida en el proceso de paz, en el cual se está buscando un dificilísimo equilibrio entre paz y justicia. Que un funcionario de su rango le ponga un palo en la rueda a la negociación de La Habana pidiendo la intervención de un organismo internacional es tan censurable como los viajes que hacía Piedad Córdoba para hablar mal del gobierno de Álvaro Uribe en escenarios internacionales. Y esa fue una de las razones por las cuales él la sancionó.

El efecto de todo lo anterior no es tan grave como lo que está sucediendo en este momento por cuenta del exceso del fallo contra Gustavo Petro. Ahora resulta que uno de los peores alcaldes que ha tenido Bogotá se ha convertido en una causa célebre a escala internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y el recién nombrado embajador de Estados Unidos en Colombia manifiestan su preocupación por la incidencia de esa decisión en el pluralismo ideológico y en el proceso de paz. 

Human Rights Watch y una serie de ONG internacionales, así como varios parlamentarios del resto del mundo, se solidarizan con esa preocupación. Mientras tanto, Petro llena la Plaza de Bolívar y hace arengas gaitanistas de lucha de clases desde el balcón. De la noche a la mañana su imagen, que estaba por los suelos, sube 20 puntos.

La verdad es que el alcalde tiene artillería para su revancha. Aunque se le ha salido el cobre autoritario y populista, se ha presentado como el mártir de una persecución ideológica por cuenta de su pasado guerrillero. Eso es lo que lo ha convertido en una celebridad entre la izquierda internacional. 

Paradójicamente, es muy probable que su militancia en el M-19 en el pasado no tuviera nada que ver con la decisión de la Procuraduría. Ordóñez no ha dejado títere con cabeza a diestra y siniestra, literalmente. Pero esto no se entiende en otras latitudes. Petro ha sabido explotar al máximo su pasado subversivo para darle legitimidad a su cruzada reivindicadora y crear el caos que se está viviendo en la capital en la actualidad.

¿Qué sigue ahora? Como el recurso de reposición es ante el mismo procurador Ordóñez, es poco probable que reconozca un error, absuelva al alcalde y lo vuelva a poner en su cargo. Si acaso, podría mantener la destitución y bajar la inhabilidad de 15 a diez años, que es el mínimo que contempla la ley para las faltas gravísimas. Por lo tanto, lo más probable es que Petro se va.

Las tutelas y los recursos que ha interpuesto tanto en Colombia como en organismos internacionales tienen pocas probabilidades de prosperar. En Colombia, el alcalde invoca un artículo de la Constitución que le permite al presidente de la República destituirlo, para concluir que el procurador no tiene esa facultad. 

Esa iniciativa no va a prosperar porque aunque se asume que Santos considera excesiva la sanción contra Petro, no hay la menor posibilidad de que se meta en la camisa de once varas para absolverlo o condenarlo. La esperanza del alcalde está centrada en la Corte Constitucional, a donde eventualmente llegarán las tutelas interpuestas por sus abogados.

En el ámbito internacional, el alcalde espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falle a su favor en forma parecida a la decisión que tomó con el candidato a la Alcaldía de Caracas, Leopoldo López, quien fue inhabilitado por la Contraloría de ese país. Posteriormente la CIDH le dio la razón y pidió que revocaran su sanción. 

Aunque esa corte decidiera lo mismo, de nada le serviría a Petro pues el trámite duraría años ya que primero tienen que agotarse todos los recursos internos. Como la Constitución colombiana consagra en forma explícita que el procurador tiene la facultad de destituir funcionarios elegidos por voto popular, no va a ser fácil para cualquier organismo nacional o internacional salvar a Petro.

En términos de excesos se podría decir que entre el procurador y el alcalde ha habido un empate. El primero por la desproporción de la sanción que acabó victimizando a quien trató de castigar. Y el segundo, porque en su respuesta han salido a flote rasgos de su personalidad que crean inquietudes sobre lo que hubiera podido ser un gobierno suyo.

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