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| 2/1/2012 12:00:00 AM

Destitución e inhabilidad por 20 años a la 'Mata Hari' y al subdirector de fuentes del DAS, William Romero

La Procuraduría emitió la sanción disciplinaria por las interceptaciones ilegales realizadas contra la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a la exdetective del DAS Alba Luz Flórez Gélvez, conocida como la 'Mata Hari', y al subdirector de fuentes del DAS, William Romero, por las interceptaciones ilegales realizadas contra la Corte Suprema de Justicia, hechos denunciados por la revista SEMANA.
 
El principal argumento para sancionar a la ‘Mata Hari’ y Romero fue su participación directa en las ‘chuzadas’ contra magistrados de la Corte Suprema y en la cual había una intención premeditada de hacer los seguimientos.
 
A los dos se les encontraron culpables de cinco cargos: invasión de la intimidad de la esfera privada, violación de la reserva de las investigaciones, mala utilización de sus cargos, incremento injustificado del patrimonio y abuso de autoridad.
 
Por los mismos cargos, el fallo también destituyó por 20 años al conductor de la Corte Suprema, Manuel Stegue Pinzón; al intendente de la policía, José David García Fernández, quien para la época era escolta. Además a Blanca Yanneth Maldonado, señora de los servicios generales. El procurador consideró que ellos participaron activamente al entregar información de las actividades de  los magistrados. Incluso se les acusó de recibir dinero por este 'servicio'.
 
Solo María Lisandrina Torres, la otra empleada de servicios generales, obtuvo rebaja de su sanción la cual le quedó en 10 años. Para el Ministerio Público ella se mostró arrepentida y colaboró en la investigación.
 
No ocurrió lo mismo con los detectives asignados a la Subdireción de Fuentes Humanas del DAS, Alfredo Erith Romero, Martha Alarcón y Hamilton Nonato, quienes fueron destituidos por 12 años. El argumento es que ellos, en diferentes periodos en su calidad de investigadores, fueron determinantes para que se cometiera el ilícito "chuzadas".
 
La procuraduría absolvió al mayor Franklin Hernán Grijalva, quien era el jefe de seguridad de la Corte Suprema y al capitán, Julián Leonardo Laverde, jefe de seguridad del Congreso, ya que ellos no fueron sujetos activos y por el contrario fueron usados para que relacionaran personal de seguridad.
 
El agente de la policía, Carlos José Rocha, quien para la época era escolta del magistrado Sigifredo Espinoza, también fue absuelto. 
 
Otros funcionarios a los que no se les encontró culpa son: Wilson Puerto Cantor, subdirector de fuentes humanas del DAS, quien estuvo en el cargo después de que se presentaran los hechos. Además Carlos Ariel Alzate, coordinador de reclutamiento de fuentes humanas de la misma entidad, a quien se le encontró inocente del haber cambiado un disco duro de un computador con información relevante. 

El fallo
 
Para el procurador delegado para la función pública, Fernando Brito, no hay duda de que se diseñó un plan especial para interceptar teléfonos y que se reclutaron fuentes humanas para dos propósitos: conocer los procesos que se llevaban en los casos deparapolítica y farcpolítica y saber aspectos personales de la vida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
 
En el fallo se lee que aunque se puede recabar información en casos especiales que atenten contra el Estado, "las operaciones de inteligencia deben estar en el marco de la Constitución y la Ley", resaltó el funcionario del Ministerio Público.
 
Para el procurador delegado las ordenes vinieron desde la dirección del DAS; en cabeza de  María del Pilar Hurtado, e incluso en un nivel superior, desde la Presidencia de la República. A pesar de ello no compulsó copias para que se investigue a otros funcionarios ya que consideró que ya se adelantan las indagaciones.
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