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| 7/19/2012 12:00:00 AM

Destituyen a exalcaldesa de Turbo, Antioquia, por el caso de 'niños fantasma'

La exfuncionaria Sandra María Puerta Mesa fue destituida e inhabilitada por 12 años tras hallar irregularidades en el manejo de los recursos para la educación, durante su mandato.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a la exalcaldesa de Turbo, Antioquia, Sandra María Puerta Mesa, por el caso de los 'niños fantasma'.
 
La decisión se tomó tras una audiencia pública, en la que se determinó que la exalcaldesa cometió irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales estaban asignados para financiar la gratuidad de la educación en el municipio antioqueño.
 
Según el comunicado del Ministerio Público, en el 2011, la exfuncionaria suscribió contratos por un total de $2.416.053.300 para la escolarización de 2.975 estudiantes, desde prescolar hasta básica secundaria y media, "desatendiendo un estudio realizado por la Secretaría de Educación de Turbo, donde se indicaba que el municipio ya contaba con la capacidad para atender la demanda de estudiantes del ente territorial", dice la misiva.
 
En el comunicado el ente investigador añade que "se suscribieron tres contratos de prestación de servicio educativo, sin que se cumplieran los requisitos establecidos en la Ley, como lo era que la entidad territorial no tuviera infraestructura que le permitiera brindar el servicio de educación a la población estudiantil que demandaba el municipio de Turbo para el 2011".
 
A su vez, la Procuraduría responsabilizó a Puerta de sobrestimar en 10.595 la cifra de alumnos que serían atendidos en la vigencia del 2011 con recursos del SGP. En ese sentido, el organismo disciplinario explicó que la exfuncionario reportó al Sistema de Matriculas de la Educación Básica y Media (SIMAT) 52.963 estudiantes, "cuando el informe de auditoría indicó que en realidad se trataba de 42.257".
 
Debido a esta irregularidad, el Gobierno nacional giró erróneamente recursos para financiar y garantizar la educación gratuita de más de 10 mil alumnos que pueden considerarse como ‘fantasmas’ o ‘inexistentes’.
 
Por último, el comunicado del Ministerio Público aclara que contra la determinación disciplinaria de primera instancia procede el recurso de apelación.
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