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| 9/23/2014 12:00:00 AM

Golpe de la Procuraduría a los ‘chuzadores’ de exmagistrado

El Ministerio Público destituyó e inhabilitó a los funcionarios que interceptaron el teléfono de Iván Velásquez.

El tema parecía muerto. Con el cúmulo de noticias que se entregan a diario pocos recordaban que el excoordinador del grupo que investigó la parapolítica en la Corte Suprema, magistrado Iván Velásquez, había sido víctima de la persecución de agentes de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

La Procuraduría este martes reveló en fallo de primera instancia los detalles de su investigación contra varios agentes de la Policía y un investigador del CTI que lograron penetrar el teléfono del exmagistrado. De paso confirmó una dura sanción contra estas personas.

La entidad destituyó e inhabilitó por 15 años al intendente Ferney Enrique Galvis Rojas, funcionario investigador del Área Antisecuestro del Gaula–Fusagasugá (Cundinamarca); al investigador del CTI de la Fiscalía General de la Nación Aldo Francisco Pérez Yosa, y a Oswaldo Villamil Torralba, centinela de la guardia del Departamento de Policía de Cundinamarca.

También destituyó e inhabilitó por 12 años a Edwin Nicolás Acuña Chitiva, adscrito al Gaula de la Policía Nacional como analista en la Sala Escarlata Puma en la Dijín. Se trata de una sala de interceptaciones legales desde donde le hicieron seguimiento al magistrado Velásquez.

Esta investigación inició cuando Acuña decidió denunciar ante el director del Gaula que "el agente Villamil Torralba lo abordó para que con la ayuda y participación del intendente Galvis Rojas les colaborara facilitando el control de la línea celular del magistrado Iván Velásquez”.

Acuña entonces no dudó en intervenir y controlar de la línea telefónica de Velásquez, a cambio del pago de dinero por parte del agente Villamil Torralba y el intendente Galvis Rojas.

“El técnico utilizó no sólo su cargo, sino los medios de la institución, para que se diera dicha interceptación con la finalidad de entregarla a tercero sin ninguna justificación, pues nada tenía que ver la vida privada del afectado con la investigación que por secuestro y extorsión se estaba adelantando, lo que conlleva a que su conducta está revestida de ilicitud sustancial (…)”, concluye la decisión.

Posteriormente –dice la Procuraduría-, el intendente Ferney Enrique Galvis Rojas influyó ante un fiscal especializado delegado ante el Gaula de Fusagasugá para que se interceptara la línea telefónica del magistrado auxiliar Iván Velásquez. Así mismo, influyó para que el jefe del Gaula de esa ciudad apoyara esta solicitud ante el coordinador de la sala de interceptaciones.

En consecuencia, el 18 de agosto del 2009 el fiscal especializado de Fusagasugá y el Intendente Galvis Rojas solicitaron esta interceptación.

“Si bien la orden de interceptación y la solicitud ante dicha Sala Puma formalmente cumplía los requisitos establecidos, en realidad todo respondió a que de forma ilegal se conociera los pormenores de la vida e intimad del ya señalado señor magistrado”.

La investigación arrojó que entre los policiales y el miembro del CTI hubo cruce de dinero producto del pago para las interceptaciones y para las gestiones ante los fiscales. Se trató, según el Ministerio Público, de pequeñas sumas que no superaron 900.000 pesos. Un repudiable hecho que ahora, con la determinación de la Procuraduría, recuerda el triste y doloroso episodio de las ‘chuzadas’ durante el pasado gobierno a periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos, entre otros.
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