Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2003/09/22 00:00

Detenciones cruciales

La orden de captura contra varios miembros de la Policía en el caso de la cocaína perdida presagia que el problema es más grave de lo que se pensaba.

La semana pasada el escándalo por la devolución a los narcotraficantes de varias toneladas de cocaína confiscada en la Costa Atlántica hizo crisis. El miércoles la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, propuso la creación de una 'comisión de la verdad' para aclarar el caso y formular recomendaciones contra la corrupción en la Policía Nacional. Y el jueves la Fiscalía General de la Nación libró orden de captura contra 26 personas, de las cuales 16 son oficiales y agentes de ese cuerpo armado.

La Ministra hizo su propuesta ocho días después del debate que se realizó en el Senado para aclarar las dudas sobre la actuación del director de la Policía, general Teodoro Campo, y los miembros de la institución involucrados en el escándalo de la pérdida de la droga. Contemplaba la conformación de un organismo que operaría durante tres meses y tendría una alta respetabilidad y perfil técnico. La comisión sería conformaba por un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, una personalidad pública con conocimientos del tema de seguridad y de reconocida trayectoria, un general retirado, así como un representante del sector privado. Estarían respaldados por un secretario técnico y un asesor internacional que ayudaría a evaluar mecanismos de fortalecimiento institucional, eficiencia y control de la corrupción. Los resultados de la investigación, así como sus recomendaciones, no serían de obligatorio cumplimiento para el gobierno nacional.

La iniciativa de Ramírez agitó el ambiente y encontró menos defensores de los que esperaba. Una de las voces críticas provino del presidente del Senado, Germán Vargas, quien no dudó en afirmar que los únicos llamados para buscar la verdad y los responsables en el caso de la coca eran las autoridades competentes y que no era necesaria la conformación de ninguna comisión ad hoc.

La Ministra aclaró que el objetivo principal de la comisión no era aclarar el asunto de la droga devuelta sino hacer recomendaciones más profundas y que la propuesta estaba en estudio desde hacía dos meses.

Pero la confusión creada en algunos sectores sobre los alcances del proyecto, que será formalizado esta semana, pasó a segundo plano frente a una contundente determinación anunciada por la Fiscalía el jueves: la expedición de 26 órdenes de captura contra 16 miembros activos de la Policía Nacional, entre ellos varios oficiales, y 10 civiles, por su presunta responsabilidad en el desvío de las toneladas de cocaína en el Atlántico. Los particulares son presuntos paramilitares, narcotraficantes y sicarios que estarían asociados con los uniformados.

La investigación fue adelantada por la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía, que ordenó las capturas bajo los cargos de narcotráfico, homicidio, concierto para delinquir y desaparición forzada. Los acusados al parecer habrían recibido de los narcotraficantes cerca de 500 millones de pesos para averiguar el paradero de las personas que denunciaron el lugar en donde se encontraba la droga. La investigación también concluyó que fuera de las tres personas asesinadas como posibles informantes de la DEA hay más de ocho personas desaparecidas, presuntamente por haber entregado información a las autoridades.

De igual forma la Fiscalía estableció que no fueron dos sino tres las toneladas de cocaína que se habrían devuelto a los narcotraficantes.

Sin duda se trata de una de las determinaciones de orden penal más complejas para la Policía en los últimos tiempos. El caso más reciente, pero que hasta ahora sólo ha tenido implicaciones disciplinarias, fue el del desvío de más de dos millones de dólares del programa antinarcóticos, que se conoció en junio del año pasado, por el cual la Procuraduría está investigando a 70 uniformados.

La determinación judicial contradice hasta cierto punto lo sostenido por el general Campo durante el debate en el Senado. Allí el alto oficial dijo que "no puedo actuar con base en certeza moral. Debo actuar con base en la certeza jurídica, y sólo tenía informes de inteligencia, que son supuestos, no pruebas". La investigación de la Fiscalía va más allá y corrobora la sensación generalizada de que algo muy grave ocurrió en la Policía. Las fuentes oficiales consultadas por SEMANA en ese organismo sostienen que las capturas son tan sólo el primer paso de una investigación en la que habrá más detenidos y de la cual todavía hay mucha más tela por cortar de lo que se imagina el país.

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